El rubro ganadero de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, opera bajo un esquema de discreción fiscal y silencio institucional. Cuatro empresas rurales conforman su estructura: Ganadera Loma Verde S.A., Estancia Tacuara S.A., Ganadera La Gringa S.A. y La Noruega S.A.. De ellas, dos no registran impuestos en la DNIT, una presenta cifras simbólicas y solo La Gringa muestra movimiento real. Pese a la relevancia económica del grupo, la Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (SENACSA) decidió negar el acceso a los datos del sistema SIGOR, donde constan los registros de vacunación, stock y traslado de animales, impidiendo conocer la magnitud de su producción. El argumento oficial: “protección de datos privados”.
El SIGOR (Sistema Informático de Gestión de Oficios y Registros) es la base que centraliza la trazabilidad ganadera en Paraguay. Allí se registran todas las existencias, movimientos y vacunaciones de ganado bovino, información que debería ser pública al tratarse de datos de control sanitario y económico. Al negarla, SENACSA bloquea una pieza clave para entender si las estancias de Domínguez producen y venden sin declarar, o si operan con fines meramente patrimoniales. En ambos casos, la falta de transparencia estatal refuerza el blindaje fiscal de un empresario que maneja millones, pero cuya actividad productiva el Estado se rehúsa a mostrar.

El titular de SENACSA, José Carlos Martin Camperchioli, rechazó el pedido de información.
Empresas con tributo mínimo y sin control
Los registros de Tributación evidencian un patrón sostenido. Ganadera Loma Verde S.A. aparece sin impuestos declarados. Estancia Tacuara S.A. figura sin movimientos: la DNIT no informó datos de esta empresa. La Noruega S.A. declara montos simbólicos, incompatibles con su capital. La única con tributos consistentes es Ganadera La Gringa S.A., que muestra movimiento económico.

Fuente: DNIT
Las cuatro sociedades mantienen estructura legal activa, sedes en Asunción y representación común. En conjunto, mueven un capital estimado superior a G. 30.000 millones, según los valores de acciones declaradas ante el Ministerio de Economía. No se trata de empresas marginales, sino de firmas con capacidad patrimonial relevante, pero con escasa o nula contribución fiscal.
Informe del MEF: figura como accionista EDWS S.A., suspendida por la DNIT desde 2021.
Permisos ambientales y nuevos proyectos
Dos de las empresas ganaderas del grupo Domínguez cuentan con resoluciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) que les permiten operar y ampliar sus actividades rurales. La Ganadera Loma Verde S.A. obtuvo en agosto de 2023 la Resolución DGGCRN A.A. N.º 2380/2023, que aprueba su Plan de Gestión Ambiental y Producción Pecuaria en el departamento de Presidente Hayes, con componentes de uso de suelo y producción de carbón vegetal.
Un año después, en agosto de 2025, la Ganadera La Gringa S.A. recibió la Resolución DGGCRN A.A. N.º 3988/2025, que autoriza un Plan de Manejo Forestal y Producción Agropecuaria en Yby Yaú, Concepción.
Según los registros tributarios, La Gringa S.A. pagó impuestos por G. 15.738.032 en 2023 y G. 84.600.777 en 2024, siendo la única empresa del grupo con actividad fiscal comprobable, mientras que Loma Verde continúa sin registrar impuestos.
El caso "Toro Lindo" y las sombras en el Chaco
En septiembre de 2024, el diario ABC Color publicó que la Policía Nacional recuperó 80 vacunos denunciados como robados pertenecientes al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, en la zona de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. Según la publicación, los animales provenían de la Estancia Torolindo, presentada en el operativo como propiedad del dirigente.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no informó que la empresa Torolindo tenga vínculo con Alejandro Domínguez, ni tampoco figura permiso ambiental con ese nombre en el MADES.
Además, la única empresa ganadera del grupo que registra pagos de impuestos y cuenta con autorización ambiental —Ganadera La Gringa S.A.— se encuentra en Yby Yaú, Concepción, en el norte del país, lejos de Fuerte Olimpo.
Vaquitas del presidente de la CONMEBOL en la misteriosa estancia Toro Lindo
Por esa razón, puede descartarse que los animales recuperados correspondan a La Gringa S.A., quedando sin aclarar si la mencionada “Torolindo” pertenece a alguna de las otras empresas —Loma Verde, Tacuara o La Noruega— o si se trata de una estancia sin respaldo legal.
El episodio abre nuevas dudas sobre la existencia real de “Torolindo” y sobre cómo operan los establecimientos rurales del presidente de la CONMEBOL.
Estructura cerrada y accionista suspendida
Los documentos societarios muestran que Alejandro Domínguez figura como accionista directo en las cuatro sociedades, con participaciones que oscilan entre 8 y 17 % del capital total. El resto pertenece a su entorno familiar. Todas las empresas comparten además una accionista institucional: EDWS S.A., con participaciones que van del 10 al 17 %.
Esta compañía —también vinculada al grupo— se encuentra suspendida temporalmente desde diciembre de 2021 y no registra impuestos activos, lo que implica que una sociedad inactiva fiscalmente participa como accionista de empresas operativas.
La coexistencia de estructuras sin tributos dentro de un conglomerado ganadero plantea un esquema financiero difícil de auditar, donde los movimientos entre compañías pueden ocurrir sin dejar rastro fiscal directo.
El patrón fiscal de Alejandro Domínguez
El comportamiento de las empresas rurales repite la misma lógica que ya revelaron investigaciones previas. En “Once empresas de Alejandro Domínguez no tributan un solo guaraní al fisco”, se demostró que más de la mitad de sus compañías no registran impuestos, incluso con actividades visibles y propiedades activas.
El artículo “Empresa de Domínguez, que no tributa, adquirió terrenos por USD 5 millones en zona premium” mostró cómo sus sociedades inmobiliarias expandieron patrimonio sin declarar movimientos fiscales, mientras que “La sede de la CONMEBOL figura como baldía y no paga ni un guaraní de impuesto en Luque” expuso que su principal símbolo institucional lleva años exento del impuesto inmobiliario.
Domínguez y su esposa, pieza clave en el entramado empresarial
Estos casos forman parte de un mismo entramado: negocios que crecen, pero no tributan; propiedades que se multiplican, pero no figuran en el fisco; y un Estado que mira hacia otro lado.
El patrón fiscal de Domínguez se repite en todos los rubros, y el caso ganadero confirma que el silencio institucional es el mejor aliado del poder económico.
La negativa de SENACSA
El pedido de acceso a los registros fue realizado a través del Portal Unificado de Transparencia y respondido por SENACSA con una resolución firmada por el Dr. José Carlos Martin Camperchioli, presidente de la institución. En su dictamen, la asesoría jurídica del organismo sostuvo que los datos del SIGOR “afectan el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental privado”.
Sin embargo, esa interpretación contradice la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública, que establece que toda información bajo control del Estado es pública, salvo clasificación expresa. El SIGOR no contiene información personal, sino datos administrativos y sanitarios, por lo que no puede considerarse confidencial.

José Carlos Martin Camperchioli, presidente de SENACSA
Al negar esos registros, SENACSA vulnera el principio constitucional de publicidad y protege a un grupo económico al que debería fiscalizar. La transparencia no es una opción, sino una obligación.
Rumbo incierto del modelo
El caso de las empresas ganaderas de Alejandro Domínguez refleja un modelo de poder económico amparado por el silencio institucional. Cuatro sociedades con capital millonario, dos sin impuestos, una testimonial y otra apenas activa.
La DNIT no registra sus tributos y SENACSA esconde sus datos productivos.
En Paraguay, la trazabilidad y el control son exigencias para el productor pequeño, pero un privilegio que el Estado decide conceder al poderoso.
Las vacas pueden existir o no; lo que está claro es que la transparencia sigue ausente y los impuestos, también.

Pedido realizado por el periodista Alfredo Guachiré