La diputada Virina Villanueva (ANR) presentó un amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para impedir la entrega de información sobre las empresas en las que figura como accionista o beneficiaria. El pedido de información había sido realizado por el periodista Alfredo Guachiré, en el marco de la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública.
Villanueva ya había sido mencionada en una investigación de Parámetro titulada “Los diputados más ricos y su patrimonio en duda”, donde se detalló que declaró un activo total de ₲250.425 millones (USD 33 millones) y reconoció participación en tres compañías: Nipon Automotores S.A., Multimarca Motor JP S.A. y Ganadera Tropical S.A.. El objetivo de la solicitud presentada por Guachiré era verificar si efectivamente la diputada solo figura en esas tres firmas o si existen otras no declaradas. Sin embargo, la presentación del amparo deja esa información bajo reserva y bloquea cualquier intento de contrastar los datos.
Diputada Virina con el presidente Peña
Un amparo contra la transparencia
El Ministerio de Economía y Finanzas informó oficialmente el 20 de octubre de 2025, luego de la publicación del artículo “El Ministerio de Economía oculta información sobre la diputada más rica del país”, que recibió una notificación judicial del Juzgado Civil y Comercial Vigésimo Quinto Turno. En ella se confirma que Virina Mauricia Villanueva Vda. de Peña promovió un juicio de amparo “para impedir la publicación de datos y documentos de la sociedad y sus accionistas”.
El comunicado fue remitido por correo institucional al periodista y señala que, por orden del juzgado, el MEF suspendió la entrega de información hasta que se resuelva el fondo del caso. La medida bloquea temporalmente los registros públicos sobre los vínculos societarios y patrimoniales de la diputada, pese a que la Ley 5282/14 establece que los bienes, ingresos y participaciones de los funcionarios son de carácter público.
Empresas declaradas y contradicciones
En su declaración jurada de bienes y rentas de 2023, Villanueva declaró ser accionista y garante de las empresas Nipon Automotores S.A., Multimarca Motor JP S.A. y Ganadera Tropical S.A., además de figurar como codeudora de préstamos bancarios otorgados a esas compañías. Esto implica que su patrimonio personal respalda directamente las operaciones financieras del grupo.
DDJJ de la diputada Virina
La contradicción surge porque, si esas mismas empresas ya fueron declaradas ante la Contraloría General de la República, no existe motivo legal para que la diputada busque impedir que el Ministerio de Economía confirme o amplíe esa información. El amparo deja abierta la duda de si existen otras sociedades no declaradas o activos empresariales que aún no fueron incluidos en su declaración jurada.
Contratos firmados durante su mandato
A pesar de su condición de funcionaria pública, las empresas vinculadas a Villanueva continuaron contratando con el Estado tras su ingreso a la Cámara de Diputados. Nipon Automotores S.A. firmó un contrato con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) el 6 de diciembre de 2023, y otro con la Municipalidad de San Lázaro el 28 de junio del mismo año. Ambos documentos se encuentran en el portal de Contrataciones Públicas y fueron firmados cuando Villanueva ya ejercía su banca.
La Ley 7089/23 de Prevención de Conflictos de Interés prohíbe a los funcionarios públicos mantener intereses económicos directos o indirectos en empresas que contraten con el Estado. Aunque la diputada no figure como firmante de los contratos, su condición de accionista y garante de una empresa proveedora la ubica en una situación de riesgo ético y jurídico.
El entorno y los documentos
El abogado Óscar Tuma, representante de Villanueva, respondió públicamente a las investigaciones de este medio afirmando que “no existen irregularidades” y que se evaluarán acciones legales contra quienes “difundan insinuaciones falsas o difamatorias”. Sin embargo, los contratos firmados por Nipon Automotores con instituciones públicas están disponibles en los registros de Contrataciones Públicas y confirman los vínculos comerciales señalados.
Es absolutamente falso que la diputada Virina Villanueva haya incrementado su patrimonio a partir de funciones vinculadas a la Municipalidad de San Alfredo.
— Oscar Tuma (@oscartuma) October 20, 2025
De existir crecimiento de su fortuna es consecuencia directa de la gestión empresarial propia y familiar, desarrollada… pic.twitter.com/SjzfT98TOL
Los documentos demuestran que las adjudicaciones fueron concedidas mientras Villanueva ya ocupaba su banca en la Cámara de Diputados. En su declaración ante la Contraloría, la diputada reconoció ser accionista y garante de la misma empresa beneficiada con contratos estatales, lo que refuerza la existencia de un conflicto de interés en curso.
Una diputada millonaria bajo reserva judicial
Con un patrimonio que supera los USD 33 millones, Villanueva lidera el ranking de los diputados más ricos del país, seguida por Jorge Sebastián Barressi, Jazmín Narváez, Luis María González Vaesken y Yamil Esgaib. La diputada por Concepción no solo concentra el mayor caudal económico de la Cámara Baja, sino que ahora busca mantener bajo reserva judicial la información sobre sus empresas y bienes.
El caso de Villanueva se suma a los de Horacio Cartes, Antonio Biersi y Miguel Vázquez (Ueno Bank), quienes también promovieron amparos para bloquear el acceso a información pública sobre sus vínculos empresariales. Este patrón refuerza la percepción de que los mayores patrimonios del país recurren al poder judicial para blindar su transparencia, mientras los ciudadanos quedan sin acceso a los datos que la ley reconoce como públicos.
