Las declaraciones juradas de los diputados no solo exhiben fortunas que contrastan con la realidad del país, sino también particularidades difíciles de explicar. Aparecen casos con activos en cero o patrimonios negativos, otros donde se declaran sin deudas, pese a manejar inmuebles, vehículos de lujo o empresas de gran valor. En algunos legisladores, la riqueza se sostiene sobre herencias, cuentas por cobrar o propiedades aún no transferidas, lo que complica la trazabilidad de sus patrimonios.
1. Virina Mauricia Villanueva Vda. de Peña (ANR)
Encabeza la lista con un patrimonio neto de G. 187.889 millones (USD 25 millones) y pasivos por G. 62.536 millones (USD 8,3 millones).
Sus activos incluyen depósitos bancarios por G. 1.156 millones (USD 154 mil), varias cuentas en dólares y fondos bajo su representación a nombre de hijos menores. También declara inmuebles valuados en G. 2.200 millones (USD 293 mil), certificados de depósito en dólares por G. 2.956 millones (USD 394 mil) y actividad agropecuaria con rodeos bovinos por G. 3.467 millones (USD 462 mil). Su pasivo, equivalente a un tercio del patrimonio, está compuesto por préstamos y obligaciones financieras de gran volumen.
2. Jorge Sebastián Barressi Mancia (ANR)
Su patrimonio neto es de G. 56.681 millones (USD 7,6 millones) con pasivos por G. 25.096 millones (USD 3,3 millones).
La mayor parte de sus activos proviene de tierras heredadas en Villa del Rosario, valuadas en G. 8.921 millones (USD 1,18 millones). Declara depósitos por G. 298 millones (USD 40 mil) y efectivo por G. 10 millones (USD 1.300). El punto más sensible de su declaración son las cuentas a cobrar por G. 8.000 millones (USD 1,07 millones), registradas contra su propio hermano. Esta acreencia intrafamiliar concentra una porción significativa de su fortuna y expone dudas sobre su recuperabilidad.
3. Jazmín Narváez Osorio (ANR)
Declara un patrimonio neto de G. 19.637 millones (USD 2,6 millones) y pasivos por G. 402,9 millones (USD 54 mil). Sus bienes principales son inmuebles por G. 17.212 millones (USD 2,29 millones), entre ellos una vivienda y granja en Villa Hayes, más loteamientos en Villeta, muchos recibidos como “adelanto de herencia”.
Registra cuentas a cobrar por G. 252 millones (USD 33 mil) de la venta en cuotas de 14 lotes aún “no perfeccionadas”, lo que implica que recibió pagos parciales pero no completó la transferencia de dominio. Su declaración sorprende por un dato: depósitos bancarios en cero, pese a manejar operaciones inmobiliarias de alto valor.
4. Luis María González Vaesken (ANR)
Presenta un patrimonio neto de G. 18.949 millones (USD 2,5 millones) y pasivos por G. 127,4 millones (USD 17 mil).
Reporta depósitos por G. 605 millones (USD 81 mil) y viviendas por G. 889 millones (USD 118 mil). Sin embargo, la columna más voluminosa es la de “deudores varios” por G. 2.714 millones (USD 362 mil), en parte en mora aunque con documentos ejecutables. Su fortuna depende de la recuperación de estas acreencias, que pueden ser difíciles de hacer efectivas.
5. Yamil Esgaib Mansia (ANR)
Su patrimonio asciende a G. 14.355 millones (USD 1,9 millones) con pasivos por G. 894 millones (USD 119 mil). Declara inmuebles por G. 7.000 millones (USD 933 mil), entre ellos un complejo industrial en Villeta con tinglado de 1.200 m², viviendas y oficinas. Algunos aparecen con “título en trámite”, un punto crítico que debilita la certeza jurídica de su patrimonio.
En su DDJJ figura que es accionista de Yem S.A., la empresa contra la que el Club Guaraní reclama más de G. 4.000 millones en alquileres impagos de un casino. La deuda no está declarada como pasivo en su nombre; lo que sí consta es su participación accionaria en la firma.
6. María Ida Cattebeke de Ortíz (ANR)
Patrimonio neto de G. 9.785 millones (USD 1,3 millones) y pasivos por G. 863,5 millones (USD 115 mil). Declara un importante paquete de inmuebles, viviendas en Encarnación y Benjamín Aceval, además de maquinaria pesada valuada en G. 4.700 millones (USD 627 mil).
Su flota incluye vehículos como una Toyota Hilux y un VW Gol. Sus depósitos apenas alcanzan G. 13,8 millones (USD 1.840), lo que contrasta con el volumen de activos físicos.
7. Carlos Alberto Núñez Salinas (ANR)
Reporta un patrimonio de G. 7.504 millones (USD 1 millón) y pasivos por G. 450 millones (USD 60 mil). Destaca el efectivo declarado: G. 1.680 millones (USD 224 mil) guardados fuera del sistema financiero. Entre sus vehículos figuran una Toyota Land Cruiser valuada en G. 740 millones (USD 99 mil) y un Mercedes-Benz C300. En inmuebles, apenas declara G. 70 millones (USD 9 mil).
En paralelo, Núñez estuvo procesado en causas por contrabando y documentos falsos en 2014 y 2018. Aunque obtuvo beneficios judiciales, los expedientes confirmaron su implicación en maniobras aduaneras, sin que estas contingencias aparezcan en sus declaraciones patrimoniales.
8. Pastor Vera Bejarano (PLRA)
Con un patrimonio de G. 7.240 millones (USD 965 mil) y pasivos por G. 589,9 millones (USD 79 mil), concentra su riqueza en 200 hectáreas heredadas en San Pedro, valuadas en G. 5.600 millones (USD 747 mil). Además, posee rodeos bovinos y equinos por G. 1.015 millones (USD 135 mil) y un vehículo de G. 200 millones (USD 26 mil). Sus deudas corresponden a créditos con el Banco de Fomento y el Fondo de Jubilaciones del Congreso.
9. María Rocío Abed de Zacarías (ANR)
Declara un patrimonio neto de G. 6.390 millones (USD 852 mil) y pasivos por G. 1.160 millones (USD 155 mil). Su portafolio incluye departamentos en Lambaré y Ciudad del Este, propiedades en Recoleta y La Encarnación, muchos en condominio con familiares y su esposo, el exsenador Justo Zacarías.
Uno de los inmuebles fue construido con fondos del cónyuge, lo que introduce opacidad en la delimitación del patrimonio propio. Entre sus bienes figuran además un Mercedes-Benz GLC 200 valuado en G. 630 millones (USD 84 mil) y depósitos por G. 13,5 millones (USD 1.800).
10. Miguel Ángel Del Puerto Silva (ANR)
Cierra el top con un patrimonio neto de G. 6.230 millones (USD 830 mil) y pasivos por G. 300 millones (USD 40 mil).
Declara depósitos por G. 570 millones (USD 76 mil), propiedades en Caaguazú por G. 2.860 millones (USD 381 mil), y una flota de vehículos que incluye Toyota Land Cruiser y Mercedes-Benz GLC 220. También posee bonos y acciones privadas por G. 1.200 millones (USD 160 mil).
Los diputados más “pobres”
En el otro extremo aparecen quienes reportan patrimonio negativo. Arturo René Urbieta figura con –G. 158 millones (–USD 21 mil), Dalia Marlene Estigarribia con –G. 53,5 millones (–USD 7 mil) y Hugo Joel Meza con –G. 26 millones (–USD 3,5 mil).
En estos casos, las deudas superan ampliamente a los activos declarados, situando a legisladores en condición de endeudamiento personal mientras definen, desde sus bancas, decisiones clave para el país. Esa fragilidad económica expone una vulnerabilidad ética evidente: quedar más expuestos a conflictos de intereses o a la presión de grupos de poder que buscan influir en leyes a su favor.
Inconsistencias graves: Mazacotte y Galeano
El diputado José Domingo Adorno Mazacotte declaró en 2023 activos en cero y un pasivo de G. 5 millones (USD 667) por un contrato de alquiler. En el resumen, la cifra figura como pasivo negativo, lo que deriva en un patrimonio neto inconsistente de –G. 5 millones. La irregularidad plantea dudas sobre el cuidado y la seriedad con que el legislador presentó su declaración jurada.
La diputada Leidy Paola Galeano Chávez, perteneciente a Cruzada Nacional, incurrió en otra anomalía: en 2024 presentó únicamente una Declaración de Intereses, obligatoria por la Ley 7089/23, pero omitió la Declaración Patrimonial de Bienes y Rentas exigida por la Ley 5033/13. El documento solo registra parentescos, cargos y participación en empresas, sin activos, pasivos ni patrimonio neto. En la práctica, equivale a no haber cumplido con la obligación de transparentar su patrimonio.
El marco legal y las sanciones
La Ley 5033/2013 obliga a todos los funcionarios a presentar sus declaraciones de bienes y rentas al asumir, a actualizarlas cada cinco años y a rendirlas al dejar el cargo. La omisión o falsedad puede derivar en sumarios administrativos, multas equivalentes a la dieta y, en caso de dolo, en la remisión al Ministerio Público por presunta falsedad ideológica.
La Ley 7089/23 su
mó la exigencia de una declaración de intereses, que identifica vínculos familiares, profesionales o empresariales, pero en ningún caso sustituye la declaración patrimonial.
En este marco, las presentaciones incompletas, con errores o inconsistencias no son meros descuidos: constituyen infracciones a la normativa vigente y minan la transparencia del sistema de control patrimonial, abriendo grietas en la confianza ciudadana hacia sus representantes.
