La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación tras una denuncia que podría exponer uno de los mayores fraudes en el sistema de compras públicas: una empresa que ganó licitaciones millonarias sin tener la planta que declaró. La firma Compañía de Petróleo y Asfalto S.A. (COMPASA), proveedora del producto EZ Street, figura como adjudicada en al menos tres llamados oficiales, entre ellos con la Municipalidad de San Lorenzo, Petropar y la ESSAP. En todos los casos presentó un Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), documento que le otorgó una ventaja del 40 % en el precio frente a competidores bajo el régimen de margen de preferencia previsto en la ley para productos de origen nacional.
La denuncia sostiene que ese certificado se expidió con información falsa. Según los registros oficiales, la dirección industrial declarada —Transchaco km 33, Villa Hayes— no cuenta con una planta de mezcla asfáltica, sino con una terminal de almacenamiento y despacho de hidrocarburos. Las imágenes satelitales muestran tanques y depósitos, pero ninguna infraestructura de producción, y la única licencia ambiental vigente, emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), no autoriza fabricación, sino almacenamiento temporal y distribución de derivados del petróleo. Aun así, el MIC certificó que la empresa “elabora y procesa” mezcla asfáltica nacional.
Protesta realizada ante la DNCP - 1
Certificado sin sustento
La denuncia se centra en los documentos utilizados por COMPASA para obtener el certificado. En la respuesta oficial del MIC a un pedido de información pública, la institución informó que el expediente del CPEN contiene apenas formularios de declaración, una licencia ambiental genérica, la patente municipal y un registro industrial. Ninguno de esos papeles acredita una planta industrial operativa ni la maquinaria indispensable para la producción de mezcla asfáltica.
A pesar de ello, el MIC emitió los certificados N.º 180917, 196518 y 199743, correspondientes a los llamados de la ESSAP (₲ 270 millones, diciembre 2024), la Municipalidad de San Lorenzo (₲ 500 millones, abril 2025) y Petropar (₲ 1.500 millones, septiembre 2025). Cada uno de esos documentos permitió aplicar el margen de preferencia, lo que hizo que la empresa obtuviera una ventaja determinante en la evaluación económica de las ofertas.
El punto crítico está en la licencia ambiental: el permiso adjuntado al expediente del MIC corresponde a un proyecto denominado “Terminal portuaria seco multipropósito para el almacenamiento y despacho de asfalto y sus derivados”, una descripción que no tiene relación con la fabricación de mezcla asfáltica ni con los procesos industriales que esa actividad requiere. Técnicamente, se trata de una actividad logística, no productiva.
Protesta realizada ante la DNCP - 2
La investigación de la DNCP
La DNCP resolvió abrir la investigación administrativa mediante la Resolución 2972/25, y posteriormente emitió la Resolución 3022/25, que ordenó la apertura de una protesta y la suspensión de la licitación de Petropar, adjudicada a COMPASA. El documento designa a la abogada Mikal Noemí Pessoa como responsable de sustanciar el proceso, dejando en pausa una adjudicación de ₲ 1.500 millones bajo la Ley 7021/22.
En Paraguay, el margen de preferencia permite que una empresa local pueda ganar una licitación aun ofreciendo un precio superior, siempre que su producto sea de fabricación nacional. El problema surge cuando ese beneficio —pensado para fortalecer la industria— se convierte en un atajo para el fraude. Generalmente, lo que se realiza para falsear la condición de origen es que el producto se importa o reempaqueta en el país para presentarlo como “hecho en Paraguay”. Ese mecanismo distorsiona la competencia y vulnera el principio de igualdad de condiciones.
Parte de un informe ambiental consultado en el MADES
Fuentes del sector señalan que este mecanismo no sería un hecho aislado. Varias empresas recurren al CPEN del MIC para simular fabricación local y acceder a licitaciones con precios más altos, mientras el Estado paga sobreprecios amparados en el beneficio del margen de preferencia. En un supuesto similar, la DNCP investiga otros proveedores que habrían usado el mismo esquema.
Otra protesta
Días después, una nueva protesta fue presentada por la empresa Ortellado Toniolo S.A., también contra la adjudicación de Petropar a COMPASA, lo que dio origen a la Resolución DNCP N.º 3022/25.
En esta resolución, la DNCP ordenó la suspensión total del procedimiento de contratación, en cumplimiento del artículo 129 de la Ley 7021/22, hasta tanto se determine la validez de la adjudicación.
La medida mantiene en pausa el contrato de ₲ 1.500 millones, mientras avanza la investigación paralela por presuntas irregularidades en los certificados de producto nacional y la documentación presentada ante el Ministerio de Industria y Comercio.
Ministro de Industria y Comercio, Ing. Gustavo Giménez
El margen que define un negocio
El margen de preferencia fue concebido para impulsar la producción nacional. En teoría, si dos empresas ofertan un mismo producto, la que demuestre fabricación paraguaya puede ser adjudicada aunque su precio sea hasta un 40 % más alto. Pero cuando ese respaldo se basa en documentos de contenido dudoso o licencias inadecuadas, el beneficio se transforma en un incentivo al fraude.
En los tres llamados donde COMPASA fue adjudicada, ese margen pudo representar cientos de millones de guaraníes de diferencia, sumando contratos que hoy están bajo revisión.
La investigación sigue abierta en la DNCP, y lo que hasta ahora muestran las respuestas del MIC y del MADES podría indicar que la empresa no tenía autorización ambiental ni capacidad industrial para producir asfalto en la dirección declarada. Los resultados oficiales aún no se conocen, pero el caso ya plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los controles estatales.
EZ Street, marca usada por la empresa en su oferta
¿Cómo pudo el MIC certificar una fabricación supuestamente inexistente? ¿Realiza el Ministerio de Industria y Comercio alguna verificación in situ antes de otorgar los certificados que permiten el margen de preferencia?
Mientras tanto, COMPASA figura entre los contratistas más activos del sector público: Municipalidad de Caacupé (₲ 10.499 millones), Encarnación (₲ 14.000 millones) e Industria Nacional del Cemento (₲ 7.200 millones) están entre sus principales contratos.
La DNCP deberá determinar si esas adjudicaciones también siguen el mismo patrón que hoy se investiga.
