El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) notificó al director de Parámetro, Alfredo Guachiré, que no podrá acceder a los registros societarios vinculados a Miguel Vázquez, propietario de Ueno Bank, ni a su padre Víctor Hugo Vázquez. La razón: ambos promovieron un amparo constitucional para impedir la entrega de información pública amparada en la Ley 5282/14 de Libre Acceso a la Información Pública.
El informe oficial, fechado el 3 de octubre de 2025, confirma que el MEF recibió una orden judicial que le prohíbe divulgar los datos solicitados. Si bien el expediente aún no fue asignado, fuentes judiciales consultadas por Parámetro señalan que el juez civil Marcelo Rocholl, quien anteriormente falló a favor de Horacio Cartes en un caso similar, podría volver a intervenir.
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El pedido de información forma parte de la investigación “Los dueños del país”, que busca identificar qué sociedades están vinculadas a los principales grupos económicos del Paraguay. En este caso, el interés público es evidente: Ueno Bank figura entre los bancos que administran fondos estatales mediante Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).
Fondos públicos en bancos privados
Según datos del MEF, el Estado paraguayo mantiene G. 3,45 billones (USD 460 millones) depositados en bancos locales a través de CDA y depósitos a la vista.
Entre las entidades receptoras figuran:
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BNF: G. 1,78 billones (USD 237 millones)
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Continental: G. 550 mil millones (USD 73 millones)
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BASA Banco: G. 500 mil millones (USD 67 millones)
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Ueno Bank: G. 250 mil millones (USD 33 millones)
Tanto Ueno Bank como BASA Banco administran más de USD 100 millones de dinero público, con tasas que superan el 12 %. Esa magnitud vuelve imposible considerar la información como privada: los bancos que custodian fondos estatales tienen el deber de transparentar sus estructuras y beneficiarios.
El discurso del imperio
En sus apariciones públicas, Miguel Vázquez suele jactarse del “imperio económico” que construyó a partir de la firma familiar Credicentro, hasta transformarla en Ueno Bank, una de las instituciones financieras más rentables del país. Su relato de innovación y banca digital contrasta con la decisión de recurrir a los tribunales para ocultar las sociedades que integran su grupo.
Miguel Vázquez y su pareja Laura Vargas
Mientras promueve la inclusión financiera, bloquea un pedido legítimo de información sobre los beneficiarios de los fondos públicos administrados por su banco. En los hechos, su amparo protege una red empresarial sostenida con recursos del Estado.
El patrón de los amparos
El amparo del Grupo Vázquez se suma a los ya presentados por Antonio J. Vierci y Horacio Cartes, ambos con el mismo objetivo: bloquear solicitudes periodísticas de información pública. Tres de los hombres más poderosos del país recurren a la justicia para convertir la transparencia en amenaza.
Aunque el nuevo caso aún no fue resuelto, la coincidencia de estrategias y argumentos confirma una tendencia: el poder económico utiliza el amparo judicial como herramienta de blindaje, intentando vaciar de contenido una ley creada para garantizar el control ciudadano.
La batalla por el derecho a saber
Transparentar la economía paraguaya es esencial para entender cómo circula el dinero público y quiénes se benefician de él. Sin información abierta, no hay control ni justicia fiscal: solo poder concentrado y relatos oficiales.
En 2024 Miguel Vázquez estaba a favor de la transparencia
El amparo de Miguel Vázquez no solo intenta frenar a un periodista, sino también desactivar una ley pública. Si prospera, sentará un precedente en el que la privacidad de los poderosos se impone sobre el interés colectivo. La transparencia, una vez más, será optativa.
En un país donde los bancos administran dinero estatal y los jueces suelen proteger la reserva de sus dueños, el silencio se vuelve política de Estado. El caso de Ueno Bank confirma lo que la investigación Los dueños del país viene documentando: cuando el dinero manda, la transparencia estorba.
