En junio de 2020, cuando la pandemia castigaba con fuerza a Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto Vallejos firmaba resoluciones para reconocer a dos comisiones vecinales que, sobre el papel, estaban destinadas a canalizar ayuda social. Se trataba de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares y de la Subcomisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este. Ambas fueron habilitadas el 10 de junio de 2020 y, meses después, recibieron aportes millonarios de la Municipalidad. Lo que debía sostener ollas populares y asistencia a familias vulnerables terminó, según la Fiscalía, en un mecanismo de desvío de fondos con documentos falsos.
El 2 de septiembre de 2025, los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron el acta de imputación. En ella se acusa a Prieto y a más de una decena de personas de haber armado un circuito que provocó un perjuicio patrimonial de G. 311.580.000, provenientes de fondos municipales destinados a entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro. La investigación sostiene que las comisiones eran utilizadas como fachada y que las rendiciones carecían de respaldo real.
Parte del acta de imputación contra Miguel Prieto
Comisiones en familia
El expediente muestra que ambas subcomisiones tenían vínculos cruzados entre sus integrantes. Mirta Elizabeth Battochi (tesorera de Ollas Populares) es madre de Lumma Magdalena Silva Battochi (presidenta de Voluntarios Organizados). Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la primera, es yerno de Mirta y hermano de otros miembros de la segunda. Marcos David Galeano Fernández y Esther Vitalicia Fernández eran madre e hijo; lo mismo que Aníbal Egberto Pérez con Aníbal Adrián y Adriana Paola Pérez Martínez. La Fiscalía interpreta que no se trataba de organizaciones comunitarias independientes, sino de grupos familiares repetidos bajo distintos nombres.
Cruce de parentescos en comisiones investigadas
Los desembolsos y las facturas
El 30 de diciembre de 2020, Prieto autorizó los desembolsos mediante las resoluciones 4.699/20 I.M. y 4.700/20 I.M.. Ese día se transfirieron G. 155 millones a la Subcomisión de Ollas Populares y G. 156,5 millones a Voluntarios Organizados. Los cheques fueron endosados y cobrados por el funcionario municipal Jorge Rivas Aponte, lo que refuerza la sospecha de un circuito cerrado controlado desde la propia Municipalidad.
Las rendiciones incluyeron facturas de la firma FASV Import/Export, de la empresaria María Fátima Sartorio Vanni. En teoría, acreditaban la provisión de 1.700 kilos de carne, 3.000 bidones de aceite, 3.000 paquetes de fideos y 2.500 de arroz. Sin embargo, en un allanamiento del 18 de septiembre de 2024 se constató que FASV era un local gastronómico donde se dictaban cursos, no un proveedor de víveres. La propia dueña declaró que la factura fue expedida “a pedido” del señor Juan Quiroga, presidente de la subcomisión.
La segunda comisión presentó además una factura de Trans Joa, por 25 servicios de flete. La particularidad es que la empresa pertenece a Adriana Paola Pérez Martínez, sindicada suplente de la misma comisión beneficiada. La Fiscalía también detectó que las fotos entregadas como prueba de la distribución de víveres eran imágenes duplicadas de otras rendiciones anteriores.
Constancias de residencia con testigos repetidos en ambas comisiones
Los imputados
La imputación no se limita a Prieto. Entre los acusados están Sebastián Martínez Insfrán (entonces director de Desarrollo Social), Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (director de Administración y Finanzas), Nelson Alexis Segovia (tesorero municipal) y Jorge Rivas Aponte (funcionario que cobró los cheques). A ellos se suman los dirigentes de las comisiones: Juan Esteban Quiroga Cañete, Marcos David Galeano Fernández, Mirta Elizabeth Battochi, Lumma Magdalena Silva Battochi, José Augusto Cárdenas Ugarte, Aníbal Adrián Pérez Martínez y Adriana Paola Pérez Martínez, entre otros.
Calificación jurídica
El Ministerio Público atribuye a Prieto los delitos de lesión de confianza (art. 192), producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso (art. 246) y declaración falsa (art. 243). A sus colaboradores se les imputa por los mismos hechos en distintas combinaciones, según el rol desempeñado. En todos los casos, la acusación se sostiene en el artículo 29 del Código Penal, que tipifica la coautoría. El perjuicio calculado asciende a G. 311.580.000, dinero público que debía llegar a la mesa de los vecinos más golpeados por la crisis sanitaria.
Factura presentada por las comisiones para justificar fondos
Proceso y medidas
La Fiscalía pidió al Juzgado Penal de Garantías que los imputados enfrenten medidas alternativas a la prisión preventiva: firma mensual ante el tribunal, prohibición de salida del país, caución real y la obligación de no cambiar de domicilio sin autorización. Además, solicitó seis meses de investigación para concluir la etapa preparatoria y presentar el requerimiento conclusivo.
El caso de Miguel Prieto es más que un expediente: es el retrato de cómo fondos municipales destinados a ayuda social en pandemia habrían terminado en manos de grupos vinculados entre sí, con facturas cuestionadas y pruebas frágiles. La imputación pone nombre, monto y fecha a cada movimiento, desde las resoluciones de diciembre de 2020 hasta los cheques cobrados ese mismo día. Ahora, será el proceso judicial el que determine responsabilidades, pero la sospecha está planteada: en Ciudad del Este, las ollas populares podrían haber sido el rostro visible de un esquema de desvío.
Imágenes usadas en más de una rendición
