Un nuevo amparo judicial detuvo la entrega de información pública en Paraguay. La medida, promovida en defensa de los intereses de Antonio J. Vierci, impidió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregue datos sobre sociedades y vínculos empresariales solicitados por el periodista Alfredo Guachiré, director de Parámetro, en el marco de la investigación “Los dueños del país”.
El 7 de octubre de 2025, el juez Marcelo Tomás Rocholl ordenó al MEF abstenerse de entregar la información. Lo insólito: Guachiré no había pedido datos de Laser Import S.A., pero esa empresa fue la que apareció formalmente promoviendo el amparo.
Según el Informe DGPEJBF N.º 1233/2025, la acción fue presentada por la abogada Patricia Yela González Giménez en representación de Laser Import S.A., con patrocinio de Milva Kropf y Cynthia Mendoza.
Tres abogadas actuando en conjunto para impedir el acceso a información que ni siquiera mencionaba a la firma que representan.
La pregunta es inevitable: ¿a quiénes defienden realmente estas abogadas?
Y, a la vez, ¿cuánto cuesta movilizar a tres profesionales para un solo amparo?
El nivel de recursos invertidos para frenar una solicitud ciudadana deja entrever qué intereses se protegen y de quiénes.
Informe del MEF donde se menciona el amparo de Laser Import
Privacidad selectiva
La Ley 5282/14 establece que la regla es la máxima publicidad. Pero en manos del juez Rocholl, la norma se invierte: se usa la privacidad como escudo del poder.
El amparo, presentado en nombre de Laser Import S.A., se basa en la idea de que revelar información sobre sociedades podría vulnerar la intimidad de sus accionistas.
Según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Laser Import S.A. figura entre las 500 mayores contribuyentes del país. En 2023 ocupó el puesto 149, con ₲ 10.799.000.000 en aportes fiscales.
Ranking DNIT – Ejercicio 2023
Empresa: Laser Import S.A.
Posición: 149 de 500
Aporte tributario: ₲ 10.799.000.000
Fuente: DNIT – “Listado de los 500 mayores contribuyentes 2023”
El dato es público y relevante. Una empresa que tributa a ese nivel tiene incidencia directa en la economía nacional.
Por eso el acceso a la información solicitada por Alfredo Guachiré resulta esencial: para conocer si las firmas vinculadas al grupo mantienen relaciones contractuales con el Estado o con bancos que operan con fondos públicos.
Negar ese acceso no es proteger la privacidad: es blindar los intereses del poder.
El juez del silencio
Rocholl se repite cuando la transparencia incomoda. En menos de una semana otorgó amparos a Horacio Cartes, Miguel Vázquez (Ueno Bank) y Antonio J. Vierci.
El patrón es idéntico: se invoca la intimidad para frenar la rendición de cuentas.
El resultado: pedidos archivados con la frase “existe un amparo vigente”, y una ley de transparencia que se convierte en excepción judicial.
En este caso, además, el expediente exhibe un detalle llamativo: tres abogadas privadas actuando con recursos significativos para impedir que el Estado entregue información que no las involucraba directamente.
Una estrategia costosa y coordinada, que más que proteger una empresa, parece destinada a proteger una red.
El Juez Marcelo Rocholl
Familia, sociedades y la paradoja mediática
Buena parte de las empresas vinculadas a Antonio J. Vierci figuran a nombre de su esposa, Ana María Yakisich, y de sus hijos.
Una de ellas, Belén Vierci, fue presentada por Forbes Paraguay como una empresaria exitosa, símbolo de una nueva generación emprendedora.
Sin embargo, no se conoce si las firmas que administra mantienen vínculos contractuales con el Estado.
Esa información —que debería ser pública— hoy está bloqueada por un amparo judicial.
La empresaria exitosa Belén Vierci
El Grupo Vierci controla un conglomerado mediático que incluye Telefuturo, La Tele, Última Hora, Diario Extra, Radio Monumental 1080 AM, Estación 40, Urbana FM y D10.
Desde esos medios, durante años, se impulsaron campañas a favor de la transparencia y el acceso a la información pública.
Hoy, el mismo grupo invoca la reserva judicial para ocultar sus vínculos económicos y societarios.
Predican la apertura desde los micrófonos, pero actúan para mantener las puertas cerradas.
“Los dueños del país” nació para exponer esas zonas donde la legalidad se usa como escudo del privilegio.
El caso de Vierci demuestra que el problema no es la falta de leyes: es quién puede pagar tres abogados para no cumplirlas.
