A más de un año del derrumbe de un edificio en construcción que provocó la muerte de Hermelinda Báez y su nieta Montserrat Brítez, de 15 años, la causa judicial espera avanzar hacia una eventual elevación a juicio oral. Rolando Aquino, abogado de la querella adhesiva, explicó en el programa La Unión Hace la Fuerza, de Radio La Unión 800 AM, que la acusación contra las cinco personas procesadas fue presentada el 10 de septiembre y que actualmente está pendiente la resolución de un recurso ante la Cámara de Apelación. Una vez resuelto, el expediente podrá avanzar hacia la audiencia preliminar, donde un juez deberá decidir si la causa se eleva a juicio oral.
Una apelación pendiente
Aquino explicó que la acusación incluye a la propietaria del edificio, Ramona Teresa Bogado Benítez; al arquitecto Roberto Faustino Ramírez Faría; al encargado de la obra Roberto Montiel Cabral; al entonces director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; y al intendente de Encarnación, Luis Yd Sánchez. Son las mismas cinco personas que ya habían sido imputadas durante la investigación.
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El abogado señaló que todavía debe resolverse un recurso que se encuentra en la Cámara de Apelación. Después de esa decisión podrá convocarse la audiencia preliminar. Ese será el momento en que el juzgado analizará la acusación y resolverá si la causa debe llegar a juicio oral.
Los pilares bajo la lupa
La investigación tiene como una de sus principales pruebas una pericia elaborada por especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA). El estudio ubicó las principales deficiencias estructurales en los pilares del edificio y encontró que el hormigón utilizado allí tenía una resistencia inferior a la prevista en el proyecto. En las vigas y losas, en cambio, los resultados alcanzaron los parámetros técnicos establecidos.
Aquino aportó ahora un dato sobre cómo se ejecutaron esas partes de la estructura. Según relató, el arquitecto y su personal realizaron manualmente el cargado de las columnas, utilizando baldes, mientras una empresa tercerizada se encargó de llenar las vigas y losas.
La diferencia es relevante para la investigación porque justamente los pilares aparecen señalados por la pericia como el principal punto de falla. Esto no determina por sí mismo quién tiene responsabilidad penal, una cuestión que deberá resolverse dentro del proceso judicial.
El control municipal
La querella también apunta a las responsabilidades vinculadas con la fiscalización de la construcción. Aquino sostiene que tanto el director de Obras como el intendente formaban parte de la cadena de control municipal y tenían atribuciones para intervenir ante irregularidades detectadas durante la ejecución.
La Ley 3966/2010 Orgánica Municipal establece entre las funciones municipales la reglamentación y fiscalización de las construcciones, además del otorgamiento de permisos. Aquino también hizo referencia a las ordenanzas locales que regulan estas atribuciones.
En la investigación anterior de Parámetro, la representante de las familias, Perla Riveros, ya había planteado que debían determinarse las responsabilidades de quienes participaron en el diseño, construcción, fiscalización y autorización de la obra.
A la espera de audiencia
El edificio se derrumbó el 2 de abril de 2025. La caída causó la muerte de Hermelinda Báez y Montserrat Brítez y abrió una investigación que pasó por pericias técnicas, imputaciones y distintos recursos judiciales.
Ahora la causa tiene una acusación presentada y un pedido para avanzar a juicio oral. Pero antes deberá resolverse la apelación pendiente y realizarse la audiencia preliminar. Allí se definirá si los cinco acusados finalmente enfrentarán un juicio por el derrumbe.
