La imputación presentada por el Ministerio Público no apunta a una única decisión ni a un solo período de gestión. La investigación reconstruye cómo un contrato adjudicado en 2020 para el reacondicionamiento de quirófanos modulares del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) fue modificado en distintas etapas mediante sucesivas adendas, primero durante la presidencia de Vicente Mario Bataglia Araujo y luego bajo la administración de Jorge Magno Brítez Acosta. Para la Fiscalía, esa cadena de decisiones terminó generando un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones.
Ambos expresidentes fueron imputados por el presunto hecho punible de lesión de confianza. Aunque no firmaron las mismas modificaciones contractuales, la hipótesis fiscal sostiene que cada uno intervino en momentos distintos de un mismo proceso que fue flexibilizando las condiciones originales de la licitación y habilitando pagos que, según la investigación, no estaban plenamente justificados.
Bataglia firmó las primeras modificaciones
La investigación ubica el inicio de la maniobra durante la administración de Vicente Mario Bataglia. Según la imputación, el 29 de julio de 2022 el entonces presidente del IPS firmó, junto con el entonces gerente de Logística y Abastecimiento Hugo Enrique Aranda, la Adenda N.º 3 del contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 143/2019, adjudicada a la firma Neighpart S.A. para el reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares del Hospital Central.
De acuerdo con el Ministerio Público, esa adenda modificó los plazos de ejecución, la forma de pago y las condiciones económicas originalmente previstas. Uno de los cambios más relevantes fue la habilitación del pago del 10 % del monto contractual, equivalente a G. 5.300 millones, beneficio que la Fiscalía considera contrario a las condiciones iniciales de la contratación y a la normativa de contrataciones públicas.
La investigación sostiene que las modificaciones no terminaron allí. El 14 de abril de 2023, Bataglia y Aranda firmaron la Adenda N.º 4, mediante la cual se incorporaron nuevos insumos al contrato y se volvieron a modificar las condiciones de ejecución sin alterar el monto total adjudicado. Para la Fiscalía, esa decisión permitió ampliar beneficios a la contratista pese a que persistían observaciones técnicas e incluso no se encontraba liberada la zona donde debían ejecutarse parte de los trabajos.
Vicente Mario Bataglia, expresidente del IPS. Foto: Gentileza.
Brítez continuó con nuevas adendas
Cuando Jorge Magno Brítez Acosta asumió la presidencia del IPS, el contrato seguía en ejecución. Según la imputación, durante su administración fueron suscriptas nuevas modificaciones que mantuvieron el mismo esquema iniciado en la gestión anterior.
El expediente señala que el 20 de agosto de 2024, Brítez firmó la Adenda N.º 5 junto con el director de Administración y Finanzas, Jaime Joel Caballero; el director de Logística y Abastecimiento, Marcelo Rubén Bordón Leiva; y la directora Jurídica, Verónica Alexandra Blanco Bogado. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2024, las mismas autoridades suscribieron una nueva modificación contractual, identificada como Adenda N.º 6.
Para el Ministerio Público, estas decisiones fueron adoptadas cuando ya existían informes de la Auditoría Interna del IPS y observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que advertían irregularidades durante la ejecución del contrato. Pese a ello, las adendas volvieron a modificar plazos y cronogramas, permitiendo que la relación contractual continuara bajo condiciones distintas a las originalmente pactadas.
Jorge Magno Brítez Acosta, expresidente del IPS. Foto: Gentileza.
La cadena que describe la Fiscalía
Más que cuestionar una sola firma, la imputación describe una secuencia de decisiones administrativas adoptadas durante dos administraciones distintas. La tesis fiscal sostiene que las modificaciones contractuales fueron acumulándose con el tiempo y que cada nueva adenda profundizó cambios que terminaron favoreciendo a la empresa adjudicada.
El expediente también hace referencia a informes de auditoría que detectaron deficiencias en la planificación, observaciones sobre la ejecución de la obra, falta de respaldo documental para determinados pagos y recomendaciones que, según la Fiscalía, no fueron atendidas antes de aprobar nuevas modificaciones contractuales. Ese conjunto de antecedentes es el que sustenta la estimación de un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 61.000 millones para el IPS.
Los demás imputados
Además de los dos expresidentes, el Ministerio Público imputó a Hugo Enrique Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero, Marcelo Rubén Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. La Fiscalía sostiene que, desde sus respectivas funciones técnicas, jurídicas, administrativas y de control, participaron en la elaboración, análisis, aprobación o suscripción de las distintas adendas y de los actos administrativos que hicieron posible las modificaciones del contrato investigado.
La imputación fue presentada por el fiscal Julio César Ortiz González, quien solicitó al Juzgado medidas cautelares para los nueve procesados y un plazo de seis meses para completar la investigación. Será durante esa etapa cuando el Ministerio Público deberá reunir las pruebas necesarias para sostener, o no, la acusación de que las decisiones adoptadas bajo ambas administraciones provocaron uno de los mayores perjuicios económicos investigados recientemente dentro del Instituto de Previsión Social.
