Filadelfia, capital del departamento de Boquerón, es uno de los principales motores productivos del Chaco paraguayo. Su economía gira en torno a la ganadería, la producción láctea y las cooperativas menonitas que impulsaron el desarrollo de la región. Con poco más de 20.000 habitantes, la ciudad proyecta una imagen de crecimiento y tranquilidad. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2023 esa realidad cambió con la desaparición de Juan Ramón Vera Franco, de 26 años, conocido como "Jota".
Lo que inicialmente fue una denuncia por desaparición terminó convirtiéndose en una compleja investigación por homicidio. Durante diez meses, la familia buscó respuestas sin conocer el paradero del joven. Mientras tanto, el Ministerio Público reconstruía sus últimos movimientos y seguía una pista que terminaría sacudiendo no solo a Filadelfia, sino a todo el Chaco.
El último encuentro
Según la investigación encabezada por la fiscala Laura Ávalos, Jota fue visto por última vez el 9 de diciembre de 2023 junto a Albino Ramón González Brítez, alias "Albi". Ambos compraron cerveza en una bodega y posteriormente abandonaron Filadelfia a bordo del vehículo del ahora acusado.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que ambos, además de ser primos, mantenían una relación sentimental rechazada por sus familias. Según explicó Ávalos, la relación comenzó a deteriorarse cuando Albino inició un noviazgo con una mujer, aunque seguía manifestando celos hacia Jota e incluso le prohibía relacionarse con otras personas. Para la Fiscalía, aquel encuentro habría sido una despedida.
La búsqueda se extendió durante casi diez meses. El 22 de septiembre de 2024, una comitiva fiscal y policial encontró los restos de Jota enterrados en una fosa en la zona de Picada 13. La autopsia confirmó que había fallecido tras recibir un disparo en la cabeza.
Juan Ramón Vera Franco, alias "Jota" (+) y Albino Ramón González Brítez
El escándalo político
La investigación dejó de ser únicamente un expediente por homicidio cuando la Fiscalía identificó al principal sospechoso.
Albino Ramón González Brítez era hermano del intendente del distrito de Boquerón, César Ignacio González Brítez, electo por la Alianza Boquerón Para Todos. Ese vínculo familiar llevó el caso mucho más allá del ámbito policial y lo instaló en la agenda pública.
Pero ese no era el único nexo con la administración municipal. Hasta diciembre de 2023, Albino González Brítez se desempeñaba como director de Acción Social de la Municipalidad de Boquerón, cargo por el que percibía una remuneración mensual de G. 5.500.000.
La repercusión aumentó aún más cuando publicaciones periodísticas revelaron que otros integrantes de la familia González Brítez también ocupaban cargos dentro de la administración comunal.
Además de Albino González Brítez, la Fiscalía acusó a Hugo de los Santos González Brítez, Bernardo Ramón Gavilán Bejarano y Mario Andrés Carballo Rojas, por distintos grados de participación en el homicidio y en el ocultamiento del cuerpo.
César Ignacio González Brítez, intendente de Boquerón
Una causa que sigue esperando juicio
Tras permanecer prófugo durante varios meses, Albino fue localizado en Bolivia, detenido y posteriormente extraditado a Paraguay para enfrentar el proceso penal.
Con la investigación concluida, el Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitó la elevación de la causa a juicio oral. La audiencia preliminar se desarrolló en junio de este año.
Según el abogado querellante Luis Villasanti, la defensa promovió varios incidentes procesales durante esa diligencia. La mayoría fue rechazada por el juzgado. Posteriormente, los abogados interpusieron un recurso de apelación contra la resolución que elevó la causa a juicio.
Actualmente, el expediente se encuentra pendiente de una decisión del Tribunal de Apelación. Hasta que ese recurso sea resuelto, el juicio oral no podrá comenzar.
Juan Ramón Vera Franco, alias "Jota" (+)
Una familia que aún espera justicia
Mientras el expediente continúa su recorrido judicial, el duelo de la familia sigue abierto.
Lourdes Vera, hermana de Jota, recordó que durante diez meses desconocieron dónde estaba el cuerpo de su hermano y que ese tiempo marcó para siempre a toda la familia.
"Como familia estamos en la lucha de superar todo porque no fue fácil. Durante diez meses escondieron el cadáver y luego se encontró de la peor forma para una familia que le amaba mucho."
Según relató, sus padres continúan atravesando las consecuencias emocionales del crimen y su padre incluso necesita medicación.
"Mis padres están mal psicológica y emocionalmente. A esta altura mi papá ya está medicado por todos los efectos secundarios del trayecto."
Para Lourdes, la preocupación no termina únicamente en la espera del juicio. También teme que el peso político de la familia del principal acusado pueda influir en el proceso.
"Como bien se sabe, la familia González Brítez, los familiares del asesino de mi hermano, son gente con poder político y dinero. Y sabemos que en Paraguay cuando uno no tiene dinero es muy difícil conseguir la justicia anhelada."
Casi tres años después de la desaparición de Jota, la investigación ya terminó. Sin embargo, la familia sigue esperando que el expediente supere la última instancia pendiente para que, finalmente, el caso llegue a juicio oral y la Justicia determine las responsabilidades por uno de los crímenes que más repercusión tuvo en el Chaco paraguayo.
