Siguen apareciendo transferencias millonarias de la administración de Norma Zárate a entidades manejadas por funcionarios públicos de su entorno político. Esta vez se trata del Consejo Departamental de Educación de Paraguarí, que recibió G. 1.100 millones para supuestas obras de infraestructura educativa. Sus responsables son Edilberto González González y Mariana Lucila Vera de Machuca, ambos funcionarios públicos y vinculados políticamente a la gobernadora. Vera incluso fue candidata a concejal de Paraguarí por el movimiento político de Zárate. Es la segunda organización con estas características identificada al seguir la ruta de las transferencias de la Gobernación.
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Otros G. 1.100 millones
La transferencia fue autorizada por Zárate mediante la Resolución N.º 024/2026, del 28 de enero de 2026. Según el documento, el dinero debía utilizarse para ampliar una planta alta con salas pedagógicas, sanitarios y galerías con techo termoacústico, además de reparaciones en la planta baja.
Norma Zárate junto a Edilberto González, funcionario público y vicepresidente de la ONG.
El contrato identifica a Edilberto González como vicepresidente y a Mariana Lucila Vera como tesorera del Consejo. Ambos firman junto con Zárate y quedan como responsables de administrar y rendir cuentas sobre los fondos recibidos.
Funcionarios y política
Los dos responsables son funcionarios públicos. González aparece en registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de la Defensa Pública. Sus remuneraciones registradas suman aproximadamente G. 16,2 millones mensuales entre ambas instituciones.
Vera también figura como funcionaria pública. Los registros analizados muestran remuneraciones del MEC y de universidades nacionales por alrededor de G. 12,5 millones mensuales.
Los vínculos con Zárate van más allá del Estado. Fotografías y publicaciones políticas muestran a González junto a la gobernadora. En el caso de Vera, la relación partidaria es más directa: fue candidata a concejal de Paraguarí por el movimiento de Norma Zárate y aparece junto a ella en actividades políticas.
Norma Zárate junto a Mariana Vera, tesorera de la ONG y candidata a concejal por su movimiento.
Así, los G. 1.100 millones fueron puestos bajo administración de una entidad cuyos principales representantes son funcionarios públicos y mantienen vínculos con el equipo político de quien autorizó la transferencia.
Ya son G. 4.250 millones
No es el primer caso. Parámetro ya documentó a la Comisión Intersectorial del IX Departamento, otra organización encabezada por funcionarios públicos afiliados a la ANR y vinculados políticamente a Zárate. En enero recibió G. 1.150 millones para sistemas de agua potable y en marzo otros G. 2.000 millones para el Colegio de Policía.
Con el Consejo Departamental de Educación, ya son G. 4.250 millones canalizados mediante dos entidades manejadas por funcionarios públicos cercanos políticamente a Zárate.
En el caso del Colegio de Policía se pudo seguir el dinero un paso más. La Comisión contrató a Nery Sosa Construcciones sin una licitación abierta de la Gobernación en la DNCP. Zárate sostuvo posteriormente que se compararon tres presupuestos antes de elegir a la empresa, pero esos documentos no fueron entregados a Parámetro para verificar su versión.
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Fuera de DNCP
La Gobernación contempla apenas siete procesos por G. 3.336 millones en su PAC 2026, mientras parte de los recursos destinados a supuestas obras se canaliza mediante transferencias a organizaciones.
En este nuevo caso todavía no está documentado qué empresa recibió los G. 1.100 millones para ejecutar los trabajos, cómo fue seleccionada ni si las obras fueron realizadas. La resolución y el contrato disponibles prueban la transferencia, el destino declarado del dinero y quiénes quedaron encargados de administrarlo, pero no identifican al contratista.
El hallazgo amplía el patrón que Parámetro viene siguiendo en la Gobernación de Paraguarí. Ya no se trata de una sola ONG: son dos entidades manejadas por funcionarios públicos cercanos políticamente a Zárate que recibieron juntas G. 4.250 millones, mediante una vía que deja las contrataciones fuera de los llamados abiertos realizados directamente por la Gobernación en la DNCP.
