El 20 de marzo de 2026, el presidente Santiago Peña inauguró el Colegio de Policía “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”, en la ciudad de Paraguarí. Una parte de la obra estuvo a cargo de la Policía Nacional, que licitó G. 2.720 millones mediante Contrataciones Públicas y adjudicó los trabajos a una empresa. Sin embargo, otros G. 2.000 millones siguieron un camino diferente. La administración de Norma Zárate transfirió el dinero a la Comisión Intersectorial del IX Departamento, una organización sin fines de lucro, puenteando el procedimiento de una licitación de la Gobernación. Una resolución firmada por la propia gobernadora ya incorporó a Nery Sosa Construcciones para ejecutar los trabajos, sin un concurso abierto en la DNCP.
El modus operandi
Los documentos que ahora aparecieron permiten reconstruir por qué una parte de la obra no dejó el mismo rastro que la contratación realizada por la Policía Nacional. En lugar de publicar un llamado, establecer las condiciones y permitir que diferentes constructoras compitieran, la Gobernación transfirió G. 2.000 millones a una organización sin fines de lucro.
Norma Zárate junto al ministro del Interior, Enrique Riera, durante una reunión.
Lo más relevante aparece en la propia documentación. La Gobernación no transfirió simplemente los recursos para que posteriormente se realizara un proceso competitivo. La resolución firmada por Zárate ya identifica como adjudicada a Nery Sosa Construcciones para la ejecución de los trabajos, sin una licitación pública de la Gobernación que permitiera competir a otras constructoras.
Así, el dinero público salió como transferencia hacia una organización y la empresa ejecutora quedó definida fuera del circuito abierto de Contrataciones Públicas. Para estos G. 2.000 millones no existe en la DNCP un proceso con convocatoria, oferentes, comparación de precios y una adjudicación surgida de una competencia pública.
La empresa elegida sin licitar
La diferencia con la otra parte del Colegio de Policía es clara. La Policía Nacional sí recurrió a Contrataciones Públicas para ejecutar G. 2.720 millones, dejando disponibles el llamado, la empresa adjudicada y los documentos del proceso.
Zárate utilizó otra vía para los recursos de la Gobernación. El dinero fue canalizado mediante la Comisión Intersectorial y Nery Sosa Construcciones quedó ya designada por resolución y convenio, sin pasar por una licitación de la Gobernación.
Una contratación pública permite que diferentes empresas tengan igualdad de oportunidades para competir y deja documentos para conocer quiénes participaron, qué precios ofrecieron y por qué una propuesta resultó ganadora. Al puentear ese procedimiento mediante una transferencia, esa trazabilidad desaparece del portal de la DNCP.
La Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas incluye a los gobiernos departamentales dentro de su ámbito de aplicación y establece límites a la utilización de actos jurídicos destinados a evadir la aplicación de la normativa.
Funcionarios detrás de la organización
La Comisión Intersectorial del IX Departamento, que recibió los G. 2.000 millones, está encabezada por personas que también ocupan cargos públicos y figuran afiliadas a la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Su presidente, Elvio Simón Santander Villarreal, es funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias, donde figura con una remuneración mensual de G. 16.790.852. El tesorero, Rubén Antonio Centurión Medina, es funcionario permanente de la Corte Suprema de Justicia, con una remuneración presupuestada de G. 10.047.191.
Norma Zárate junto a Elvio Santander, de lentes, durante un evento político realizado en junio de este año.
Santander figura en el padrón partidario de Ybytymí y Centurión Medina en Sapucai, ambos en el departamento de Paraguarí. Santander mantiene además cercanía política con Norma Zárate y ambos aparecen juntos en actividades político-partidarias, un vínculo relevante teniendo en cuenta que la organización que preside recibió los recursos de la administración departamental.
La Comisión recibió además otras transferencias millonarias durante la administración de Zárate, cuyos montos, proyectos y empresas ejecutoras serán desarrollados en otra entrega.
Todavía faltan millones
La documentación permite esclarecer solamente una parte de la inversión del Colegio de Policía. El complejo fue presentado con una inversión de aproximadamente G. 7.300 millones, mientras la contratación realizada por la Policía Nacional alcanzó G. 2.720 millones y ahora aparecen otros G. 2.000 millones canalizados por la Gobernación mediante la Comisión Intersectorial.
Todavía queda por reconstruir documentalmente cómo se ejecutaron aproximadamente G. 2.580 millones para completar el monto informado, quiénes realizaron esos trabajos y mediante qué mecanismos fueron seleccionados.
El caso también encaja con una investigación anterior sobre el presupuesto departamental. La Gobernación administra un presupuesto inicialmente aprobado de G. 133.547 millones, pero su PAC 2026 contempla apenas siete procesos por G. 3.336 millones, mientras parte de los recursos para obras y programas se canaliza mediante transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
El Colegio de Policía permite ahora observar ese puente con documentos concretos. La Policía licitó su parte; la Gobernación transfirió G. 2.000 millones a una organización dirigida por funcionarios públicos y la resolución de Zárate ya incorporó a una empresa para ejecutar los trabajos sin una competencia abierta en la DNCP.
La Gobernación tampoco había entregado estos contratos y convenios cuando fueron solicitados mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Parámetro volvió a contactar a Norma Zárate y le preguntó específicamente por qué transfirió los G. 2.000 millones a la Comisión Intersectorial en lugar de licitar la obra y cuál fue el criterio para seleccionar a Nery Sosa Construcciones sin un llamado abierto.
La gobernadora respondió que contestaría al terminar una reunión. Hasta el cierre de esta edición no remitió respuestas ni realizó comentarios sobre las preguntas planteadas.
