Mientras miles de paraguayos dependen de conseguir un turno en un hospital público, recurren al IPS o pagan una consulta de su bolsillo, varias instituciones del Estado ofrecen a sus funcionarios una puerta diferente: cobertura médica privada financiada con recursos públicos. La última en sumarse es la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que prepara la contratación de un seguro médico sanatorial para funcionarios y familiares por G. 1.668 millones. El nuevo llamado se incorpora a una lista que durante 2026 ya mueve más de G. 170.000 millones, alrededor de USD 21 millones, en seguros médicos dentro de las instituciones relevadas.
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La AFD se suma
La convocatoria fue publicada el 19 de agosto en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), bajo el ID 487322. El monto estimado es de G. 1.668 millones y el servicio tendrá una vigencia de 12 meses.
El seguro no será solamente para el funcionario. El pliego contempla la cobertura del grupo familiar y establece distintas composiciones. Una de ellas incluye al titular, cónyuge e hijos solteros de hasta 21 años. Otra permite incorporar al padre y la madre.
La AFD exige además atención descentralizada e inmediata durante la vigencia del contrato. El beneficio del seguro médico privado también aparece entre las condiciones ofrecidas por la institución en convocatorias para incorporar personal.
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La cuenta supera USD 21 millones
El caso de la AFD es apenas el último de una lista mucho mayor. El relevamiento de procedimientos realizados durante 2026 identifica 17 instituciones públicas con contrataciones o llamados relacionados con seguros médicos y sanatoriales.
AFD licita G. 1.668 millones para contratar seguro médico sanatorial para sus funcionarios y familiares.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tiene el monto más alto identificado, con G. 55.200 millones. Le siguen el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con G. 39.600 millones, y el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 22.800 millones.
Solo esas tres instituciones suman más de G. 117.000 millones.
Más abajo aparecen la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), con G. 14.976 millones, y la Defensoría Pública, con G. 13.626 millones. La lista continúa con el Gabinete Civil, MIC, ANTSV, AGPE, SEN, Conacyt, AFD, ANEAES y otras entidades.
En conjunto, los procedimientos relevados alcanzan G. 170.159.370.974, equivalentes a unos USD 21,2 millones tomando G. 8.000 por dólar como referencia.
Dos puertas para enfermarse
El cuestionamiento no está en que un trabajador tenga acceso a atención médica. La diferencia está en quién termina pagando esa cobertura y qué alternativas tiene el ciudadano que sostiene al Estado con sus impuestos.
Para buena parte de la población, enfermarse implica acudir a un hospital público, buscar un turno, esperar estudios o comprar medicamentos cuando no están disponibles. Los asegurados del IPS cuentan con su propia red, aunque las esperas y los reclamos por atención forman parte habitual del sistema.
Dentro de varias instituciones públicas ocurre algo distinto. Sus presupuestos permiten contratar sanatorios y servicios privados para atender a funcionarios y, dependiendo del contrato, también a sus familiares.
No todas las contrataciones tienen las mismas prestaciones ni cantidad de beneficiarios. También existen diferencias entre montos estimados, llamados en curso y contratos adjudicados. Por eso, el total relevado representa los recursos previstos o comprometidos en estos procedimientos y no necesariamente dinero ya desembolsado en su totalidad.
Un beneficio que crece
Miradas por separado, algunas licitaciones pueden parecer un gasto menor dentro del presupuesto de cada institución. Juntas muestran otra dimensión: más de G. 170.000 millones destinados o previstos para seguros médicos privados durante 2026.
Ahora la AFD agrega otros G. 1.668 millones y extiende la cobertura a familiares de sus funcionarios.
El contraste queda a la vista. Mientras una parte de la administración pública cuenta con presupuesto institucional para acceder a la medicina privada, millones de personas siguen dependiendo del IPS, de hospitales públicos o de cuánto puedan pagar de su propio bolsillo cuando necesitan atención médica.
