La Comisión Intersectorial del IX Departamento vuelve a aparecer entre las millonarias transferencias de la Gobernación de Paraguarí. Antes de recibir G. 2.000 millones para ejecutar parte de las obras del Colegio de Policía, la administración de Norma Zárate ya le había entregado otros G. 1.150 millones para sistemas de agua potable. Los documentos permiten establecer que, solo en 2026, la misma organización recibió al menos G. 3.150 millones del gobierno departamental. La Comisión está encabezada por dos funcionarios públicos afiliados a la ANR y vinculados al equipo político de la gobernadora.
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Otros G. 1.150 millones
La primera transferencia está documentada en la Resolución N.º 012/2026, firmada por Zárate el 20 de enero de 2026. El documento concede G. 1.150 millones a la Comisión Intersectorial para la construcción de sistemas de agua potable en distintos distritos del departamento.
El desembolso también quedó registrado. La orden de pago N.º 1744 corresponde a los G. 1.150 millones y contiene la recepción firmada por Elvio Simón Santander Villarreal, presidente de la organización.
Norma Zárate junto a Elvio Santander, de lentes, durante un evento político realizado en junio de este año.
Dos meses después llegó otra transferencia. El 24 de marzo, la Resolución N.º 118/2026 autorizó otros G. 2.000 millones para obras del Colegio de Policía “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”. La misma Comisión volvió a quedar como receptora de los recursos.
Así, entre enero y marzo, la organización acumuló G. 3.150 millones provenientes de la administración Zárate.
Funcionarios y política
La Comisión es presidida por Elvio Simón Santander Villarreal, funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias, donde figura como supervisor educacional. El tesorero es Rubén Antonio Centurión Medina, funcionario de la Corte Suprema de Justicia y jefe de departamento.
Los registros oficiales muestran remuneraciones presupuestadas de G. 16.790.852 mensuales para Santander y G. 10.047.191 para Centurión. Ambos figuran además como afiliados a la ANR.
Santander forma parte del entorno político de Zárate y aparece junto a la gobernadora en actividades partidarias, incluso en un encuentro político donde se solicitaban votos. Son estos mismos dirigentes quienes aparecen como presidente y tesorero en los contratos de la Comisión que recibe los recursos de la Gobernación.
El mecanismo se repite
El caso del Colegio de Policía permitió mostrar cómo funciona esta vía. En lugar de licitar directamente una parte de la obra, la Gobernación transfirió G. 2.000 millones a la Comisión, que quedó encargada de contratar a la empresa ejecutora.
Zárate defendió el procedimiento y sostuvo que las transferencias mediante el Objeto de Gasto 874 están permitidas. También afirmó que, para el Colegio de Policía, la Comisión solicitó y cotejó tres presupuestos formales y que Nery Sosa Construcciones presentó las mejores condiciones técnicas, de plazo y costo. Sin embargo, la respuesta enviada por la gobernadora no incluyó esas ofertas y, pese a que posteriormente fueron solicitadas para verificar su versión, hasta el cierre no fueron entregadas.
El punto central sigue siendo el mecanismo. Al transferir los recursos a una organización sin fines de lucro, la contratación de las empresas que finalmente ejecutan las obras queda fuera de un llamado abierto realizado por la Gobernación en la DNCP. La Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas incluye a los gobiernos departamentales y prohíbe utilizar actos jurídicos, cualquiera sea su denominación, para evadir su aplicación.
Los nuevos documentos muestran ahora que el Colegio de Policía no fue el único proyecto financiado por esta vía. Antes, la misma Comisión ya había recibido G. 1.150 millones para sistemas de agua potable.
Fuera de las licitaciones
El mecanismo adquiere relevancia al mirar cómo la Gobernación administra sus contrataciones. Su PAC 2026 contempla apenas siete procesos por G. 3.336 millones, mientras parte de los recursos destinados a obras y programas se canaliza mediante transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
Parámetro ya había documentado esta diferencia y posteriormente reconstruyó el caso del Colegio de Policía. Ahora aparece una segunda transferencia a la misma Comisión, esta vez por G. 1.150 millones para agua potable.
Las resoluciones permiten seguir la ruta: G. 1.150 millones en enero y G. 2.000 millones en marzo, un total de G. 3.150 millones en apenas dos meses para una organización encabezada por funcionarios públicos vinculados políticamente a la gobernadora.
