El cambio introduce una exigencia concreta: las empresas deberán informar el origen, destino y evolución de sus utilidades, incluyendo reservas acumuladas y montos pendientes de distribución. Se trata de un nivel de detalle que hasta ahora no formaba parte del control fiscal directo.
Alcance de la medida
La Resolución 49/2026 establece que esta información deberá incorporarse en los estados financieros presentados ante la administración tributaria, permitiendo una trazabilidad más clara sobre el uso de las ganancias empresariales.
En términos prácticos, la medida amplía la capacidad del Estado para identificar cómo se estructuran las utilidades dentro de las empresas. Esto incluye distinguir entre dividendos distribuidos, utilidades capitalizadas y reservas retenidas, así como su justificación económica.
Edificio de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DNIT. Imagen: gentileza
Contexto fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó un déficit fiscal acumulado de ₲ 20 billones y un déficit anualizado de ₲ 8,1 billones. A esto se suma un desajuste en los ingresos del Presupuesto General de la Nación 2026, calculados con un tipo de cambio de ₲ 7.881 por dólar, superior al nivel observado.
Esta diferencia impacta en ingresos relevantes, particularmente en aduanas y en los recursos vinculados a las binacionales, generando una brecha entre lo proyectado y lo efectivamente recaudado. Aunque parte de este efecto se compensa con menores costos en el servicio de la deuda, el escenario general sigue siendo de presión sobre las cuentas públicas.
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Posición del sector empresarial
La Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y el Colegio de Contadores del Paraguay cuestionaron la medida y advirtieron sobre sus implicancias.
Desde estos sectores señalan que las reservas empresariales forman parte de la estructura financiera de las empresas y no constituyen excedentes disponibles. Estos recursos se utilizan para reinversión, expansión operativa y cobertura de riesgos, por lo que cualquier intervención sobre ellos puede incidir en la actividad económica.
También advierten que modificaciones en este tipo de instrumentos afectan la previsibilidad del sistema tributario, un factor determinante en las decisiones de inversión y en la planificación financiera de las empresas.
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Evolución del gasto público
El avance de la medida se da en paralelo a una dinámica de gasto público que no muestra señales de ajuste estructural.
La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre, incorporó 778 funcionarios desde 2023, alcanzando un total de 2.523 funcionarios activos. Esta estructura implica aproximadamente 31 funcionarios por diputado, considerando una composición de 80 legisladores.
El presidente de la cámara de diputados, Raúl Latorre. Imagen: gentileza
El costo mensual de esta estructura asciende a ₲ 20.109.662.817, equivalente a unos USD 2,7 millones. A esto se agregan otros gastos recientes, como la adjudicación de un seguro médico por ₲ 16.870 millones y la ejecución de ₲ 634.658.319 en viáticos para 83 viajes internacionales durante 2025. En conjunto, estos datos reflejan una estructura de gasto que se mantiene elevada y con capacidad de expansión.
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Lectura del escenario
La incorporación de nuevas exigencias sobre utilidades y reservas empresariales se produce en un contexto donde el Estado enfrenta un déficit fiscal relevante y una brecha entre ingresos proyectados y reales.
En este escenario, la medida no se limita a un ajuste técnico en la presentación de información financiera. Se inserta en una dinámica más amplia en la que el Estado busca ampliar su capacidad de control y análisis sobre fuentes potenciales de recaudación, mientras mantiene una estructura de gasto en funcionamiento.
El resultado es una tensión entre dos planos: por un lado, la necesidad de ordenar las cuentas públicas; por otro, el impacto que este tipo de medidas puede tener sobre la estructura financiera y las decisiones de inversión del sector privado.
