El 23 de octubre de 1931, una movilización integrada principalmente por estudiantes llegó hasta el Palacio de Gobierno en medio de una crisis política marcada por el conflicto con Bolivia en el Chaco. La protesta no había comenzado esa mañana: venía precedida por una asamblea estudiantil y por la marcha del día anterior. Frente al Palacio, parte de los manifestantes rompió el dispositivo de seguridad y las fuerzas encargadas de custodiar el edificio abrieron fuego. Hubo muertos y decenas de heridos.
Durante décadas, el episodio quedó resumido en una imagen poderosa: estudiantes que reclamaban la defensa del Chaco fueron ametrallados frente al Palacio por orden del presidente José P. Guggiari. Los documentos permiten sostener una parte de esa memoria, pero no toda. Hubo fuego de fusilería y fue accionada una ametralladora, pero no está demostrado que Guggiari haya ordenado iniciar los disparos. Tampoco existe una cifra de muertos que coincida en todas las fuentes históricas consultadas.
Una protesta que venía escalando
La movilización tuvo antecedentes inmediatos. El 20 de octubre, el Centro Estudiantil discutió la situación chaqueña y convocó una manifestación para el día 22. Entre los reclamos estaban una respuesta más enérgica frente al avance boliviano y el retorno de oficiales paraguayos que se encontraban en el exterior. Los enfrentamientos ocurridos semanas antes en Masamaklay formaban parte del clima que alimentaba la protesta, aunque no explican por sí solos lo que sucedería después.
La marcha del 22 terminó con incidentes luego de que los estudiantes no consiguieran la audiencia esperada con Guggiari. Al día siguiente hubo una nueva movilización, esta vez sin la autorización que había tenido la anterior. Durante su recorrido se registraron ataques contra edificios y, ya frente al Palacio, parte de la multitud lanzó piedras, superó el cordón de seguridad e ingresó a los jardines. La reconstrucción documental obliga así a separar el reclamo estudiantil por el Chaco de la idea de una manifestación completamente pacífica, pero tampoco prueba que existiera un plan colectivo para tomar el poder.
Para entonces, la custodia del Palacio había sido reforzada. Una orden escrita el 23 de octubre por el capitán de corbeta José Bozzano al teniente Norberto Jara Román dispuso tiradores y estableció que debía evitarse abrir fuego por todos los medios posibles. El mismo documento, sin embargo, autorizaba a ordenar disparos contra la multitud si peligraban autoridades, efectivos o personas ajenas al conflicto y no quedaban otros medios para contener la situación. La orden demuestra que el uso de fuego estaba previsto como una posibilidad condicionada; no demuestra que Bozzano ordenara iniciar la descarga que terminó en la matanza.
En algún momento de la confrontación, los fusiles de la guardia comenzaron a disparar y una ametralladora instalada en el Palacio también fue accionada. Una reconstrucción incorporada al expediente del juicio político sostuvo que los proyectiles que alcanzaron a las víctimas provinieron de fusiles y no de la ametralladora. Esa conclusión debe conservar su atribución: la documentación disponible permite afirmar que hubo fuego de ambas armas, pero no convertir aquel peritaje en una certeza independiente sobre cada herida producida esa mañana.
El 20 de octubre, el Centro Estudiantil discutió la situación chaqueña y convocó una manifestación para el día 22. Foto: Gentileza.
Lo que quedó en disputa
También permanece abierta la cantidad exacta de víctimas. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados trabajó con un balance de ocho muertos y 24 heridos. Otras reconstrucciones históricas identifican a diez estudiantes fallecidos —entre ellos Julio César Franco, estudiante de Medicina y futbolista de Cerro Porteño— y agregan a un anciano no identificado. Las fuentes posteriores también manejan universos mayores de heridos. Por eso, ninguna de esas cifras puede presentarse silenciosamente como el balance definitivo sin explicar de qué registro proviene.
La responsabilidad de Guggiari es otro de los puntos que exige precisión. El expediente recoge testimonios según los cuales existían instrucciones de evitar el fuego y versiones que sostienen que el presidente ordenó detenerlo una vez iniciados los disparos. Pero la documentación revisada no permite probar que Guggiari haya dado la orden concreta de abrir fuego. Tampoco permite transformar esa ausencia de prueba en una demostración de que estuvo completamente ajeno a las decisiones y responsabilidades políticas de aquella jornada.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados trabajó con un balance de ocho muertos y 24 heridos. Foto: Gentileza.
Dos días después, el 25 de octubre, Guggiari delegó temporalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo en el vicepresidente Emiliano González Navero. El 26 pidió al Congreso que examinara su responsabilidad. El 27 de enero de 1932, la Cámara de Diputados resolvió que no había lugar a formación de causa contra el presidente; al día siguiente, Guggiari reasumió el Poder Ejecutivo. La decisión fue parlamentaria, no una absolución de la Justicia, y se produjo en un Congreso del que los legisladores colorados habían abandonado sus bancas.
El trasfondo chaqueño tampoco admite una lectura lineal. Los estudiantes reclamaban una reacción más firme ante el avance boliviano y denunciaban lo que entendían como indefensión del territorio. Sin embargo, la documentación histórica muestra que Paraguay ya desarrollaba preparativos militares, algunos mantenidos con discreción. La percepción pública de inacción y la preparación estatal coexistían mientras la tensión con Bolivia aumentaba y el país se acercaba a la guerra que estallaría abiertamente en 1932.
El 23 de octubre quedó así como uno de los episodios más traumáticos de la antesala de la Guerra del Chaco. La evidencia confirma que fuerzas encargadas de custodiar el Palacio dispararon contra una movilización que había superado el dispositivo de seguridad y que hubo muertos y decenas de heridos. Pero casi un siglo después, la documentación obliga a conservar límites decisivos: no está probada una orden directa de Guggiari para iniciar el fuego, no está cerrado quién efectuó el primer disparo y las fuentes no coinciden en el número definitivo de víctimas.
