El 16 de octubre de 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, Paraguay promulgó la Ley N.º 2225 y creó la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), después de años de reclamos de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Su misión fue investigar graves violaciones cometidas desde mayo de 1954 hasta octubre de 2003, preservar pruebas, identificar responsables cuando fuera posible y procurar determinar el paradero de los desaparecidos.
Veintitrés años después, una parte de aquella tarea permanece abierta. El 12 de octubre de 2026, cuatro días antes del aniversario de la ley, comenzaron nuevas excavaciones en el Cementerio del Este de Asunción en busca de Agustín Goiburú y otras víctimas de desaparición forzada. La búsqueda conecta el trabajo iniciado por la CVJ con una deuda que sobrevivió a la dictadura, a la transición democrática y a más de dos décadas desde la creación de la Comisión.
De los testimonios a los archivos
La creación de la CVJ tuvo como antecedente inmediato la Mesa Memoria Histórica y Archivos de la Represión, constituida en 2002 con participación de víctimas y organizaciones de derechos humanos. La Comisión comenzó efectivamente sus trabajos en octubre de 2004 y durante sus distintas etapas participaron 140 personas entre empleados, consultores y colaboradores voluntarios, con oficinas y actividades que permitieron recoger información también fuera de Asunción.
Los nueve comisionados que presentaron el Informe Final fueron Mario Melanio Medina Salinas, presidente; Juan Manuel Benítez Florentín, vicepresidente; Yudith Rolón Jacquet, Miguel Ángel Aquino Britos, Heriberto Matías Alegre Ortiz, Carlos Luis Casabianca Rodríguez, Carlos Portillo Esquivel, Mario Sandoval y Víctor Jacinto Flecha. Otros cinco participaron en etapas anteriores, mientras Yudith Rolón ejerció la coordinación general y el sociólogo José Carlos Rodríguez coordinó la investigación.
La reconstrucción combinó 2.059 testimonios directos, ocho audiencias públicas y aproximadamente 14.000 documentos. La CVJ recurrió a archivos de la Defensoría del Pueblo, Policía, Fuerzas Armadas, Cancillería y Poder Judicial, además de materiales del CIPAE y el CEPAG. Una fuente fundamental fueron los Archivos del Terror, descubiertos en 1992, que conservan fichas, informes de inteligencia, registros de detenidos y otros documentos producidos por el propio aparato represivo.
Ese cruce permitió contrastar los relatos de las víctimas con documentos estatales elaborados durante la persecución. La CVJ estimó 20.090 víctimas directas durante la dictadura de Alfredo Stroessner: 19.862 personas detenidas arbitraria o ilegalmente, 18.772 torturadas, 3.470 exiliadas, 336 desaparecidas y 59 ejecutadas extrajudicialmente. Las categorías se superponen y no deben sumarse, mientras que las 20.090 víctimas constituyen una estimación estadística y no un listado nominal equivalente.
La CVJ recurrió a archivos de la Defensoría del Pueblo, Policía, Fuerzas Armadas, Cancillería y Poder Judicial, CIPAE, CEPAG y los Archivos del Terror.
Un informe que sigue abierto
La investigación también abordó la distribución de tierras públicas. Tras examinar 200.705 adjudicaciones que comprendían 12.229.594 hectáreas, identificó 4.241 lotes, correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizaban 7.851.295 hectáreas adjudicadas con graves irregularidades respecto de la legislación agraria. El estudio abarcó el periodo 1954-2003, por lo que esa superficie no puede atribuirse exclusivamente a los años de Stroessner.
La CVJ concluyó su trabajo después del cambio de gobierno de 2008. Fernando Lugo asumió la Presidencia el 15 de agosto y, trece días después, recibió el Informe Final, presentado el 28 de agosto a los tres poderes del Estado. El resultado quedó reunido en ocho tomos bajo el nombre Anive haguã oiko. Lugo pidió perdón en nombre del Estado y la Comisión dejó 177 recomendaciones sobre reparación, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.
El legado de aquella investigación continúa produciendo efectos. En febrero de 2026, los expolicías Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión y Manuel Alcaráz a 20 años por torturas y graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Según la Defensoría del Pueblo, el Informe Final de la CVJ integró los elementos probatorios considerados por el tribunal. El Estado también mantiene indemnizaciones a víctimas y familiares mediante un régimen legal anterior a la propia Comisión.
En febrero de 2026, los expolicías Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión y Manuel Alcaráz a 20 años por torturas y graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Foto: Gentileza.
Pero el vínculo más directo con aquel mandato está nuevamente bajo tierra. Entre las personas buscadas en las excavaciones iniciadas este octubre se encuentra Agustín Goiburú, médico y opositor a Stroessner secuestrado el 9 de febrero de 1977 en Paraná, Argentina, en el contexto de la Operación Cóndor. Casi medio siglo después, sus restos todavía no fueron encontrados.
La CVJ consiguió transformar testimonios, expedientes y archivos dispersos en una reconstrucción oficial de la represión y sus consecuencias. A 23 años de la ley que ordenó investigar aquel pasado y procurar determinar el paradero de los desaparecidos, Paraguay todavía continúa buscando a algunos de ellos.
