Era la tarde del 15 de octubre de 2009 cuando un grupo armado irrumpió en la estancia Doña Mabel, en Paso Barreto, Concepción. Fidel Zavala intentó ocultarse, pero fue encontrado. Los hombres lo esposaron, lo subieron a su propia Toyota Hilux y abandonaron el establecimiento llevándolo como rehén. Antes de huir dejaron otro vehículo preparado con explosivos, que detonaron cuando llegaron los primeros policías y dejó a dos agentes gravemente heridos.
En las horas siguientes comenzó a conocerse la dimensión de lo ocurrido. Los responsables se identificaron como integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y exigieron inicialmente US$ 5 millones por la libertad del ganadero. Para Fernando Lugo, que llevaba poco más de un año en la Presidencia, empezaba una crisis que durante los siguientes tres meses obligaría al Gobierno a movilizar fuerzas en el norte y enfrentaría al Estado con un dilema difícil de resolver: perseguir a los secuestradores sin provocar una reacción que pudiera costarle la vida al rehén.
La reconstrucción judicial permitiría conocer años después quiénes habían participado de aquella operación. El comando que sacó a Zavala de la estancia estaba integrado por Osvaldo Villalba, Magna Meza, Isax Burgos, Gabriel Zárate, Manuel Cristaldo Mieres, Nimio Cardozo, Alejandro Ramos, Bernardo Bernal y Noel “Matungo” Ovelar. Villalba conducía la camioneta del secuestrado, Meza iba a su lado y Zavala viajaba esposado en el asiento trasero mientras el resto del grupo completaba el vehículo.
El secuestro adquirió rápidamente dimensión nacional. Lugo suspendió un viaje internacional previsto para esos días y el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, confirmó públicamente la participación del EPP. Pero mientras las autoridades comenzaban a buscar a los responsables, la familia Zavala necesitaba establecer contacto con ellos y abrir una negociación. Desde ese momento empezaron a convivir dos estrategias que perseguían el mismo objetivo, aunque por caminos cada vez más difíciles de conciliar.
Una familia negocia, el Estado busca
Con el paso de las semanas, el Gobierno decidió aumentar la presión. En noviembre dispuso el envío de unos 300 efectivos entrenados a Concepción y Filizzola defendió la intervención bajo un argumento que iba más allá de Fidel Zavala: el Estado no podía permitir que una organización armada determinara dónde podían o no ingresar las fuerzas de seguridad.
Para la familia, la prioridad era otra. Diego Zavala pidió públicamente que la Policía no interviniera y Silvina de Zavala reclamó que el Gobierno se mantuviera alejado para no poner en peligro la vida del secuestrado. Cada avance de las fuerzas podía ser interpretado por los captores como una amenaza y la familia temía que la búsqueda terminara cerrando el único camino que tenía para recuperar a Fidel.
Lugo, sin embargo, mantuvo los operativos. El 30 de diciembre, cuando Zavala llevaba 76 días cautivo, el presidente viajó a Concepción acompañado por Filizzola para supervisar personalmente las tareas. Visitó a las fuerzas especiales desplegadas en Hugua Ñandú, recorrió el campamento policial y sobrevoló en helicóptero la zona de búsqueda. Pese al despliegue, el Estado no consiguió determinar dónde se encontraba el rehén con la precisión necesaria para intentar liberarlo.
El expresidente Fernando Lugo y Rafael Filizzola. Foto: Gentileza.
Mientras la búsqueda continuaba, la negociación avanzaba. La exigencia inicial de US$ 5 millones se redujo hasta los US$ 550.000 que finalmente pagó la familia. El EPP agregó otra condición: los Zavala debían distribuir 30 cabezas de ganado entre comunidades carenciadas. La familia cumplió mientras Fidel seguía cautivo.
Años después, la investigación permitió conocer también cómo el EPP recibió el dinero. Imágenes producidas por el propio grupo registraron el operativo para recoger el rescate, arrojado desde una avioneta. Allí fueron identificados nuevamente varios de los hombres que habían participado del secuestro: Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Magna Meza, Nimio Cardozo y Alejandro Ramos. Villalba coordinaba por radio el punto donde debía realizarse la entrega.
Los últimos seis días
Para enero de 2010, Zavala se acercaba a los tres meses de cautiverio y la tensión entre las dos estrategias seguía sin resolverse. El 11 de enero, Diego Zavala volvió a pedir al Ministerio del Interior y a la Policía que cesaran las operaciones. Filizzola respondió que el Gobierno no abandonaría la búsqueda ni la persecución de los responsables.
Seis días después, el cautiverio terminó. La noche del 17 de enero, después de 94 días, los integrantes del EPP dejaron libre a Zavala. No hubo un asalto policial ni un operativo militar que consiguiera llegar hasta él. Uno de sus captores lo trasladó en motocicleta hasta una zona cercana a su propiedad y le entregó un walkie-talkie. Zavala atravesó el arroyo Trementina y logró comunicarse con empleados de la estancia, quienes fueron finalmente a buscarlo.
Habían pasado poco más de tres meses desde aquella tarde de octubre. La familia había pagado US$ 550.000, distribuido las 30 cabezas de ganado exigidas por los secuestradores y atravesado semanas de negociación mientras el Gobierno mantenía sus operaciones en el norte. Fidel Zavala volvía con vida, pero no porque las fuerzas de seguridad hubieran conseguido encontrarlo y rescatarlo.
Esa misma noche, Lugo habló desde Mburuvicha Róga acompañado por Facundo Zavala, hijo del ganadero. La imagen mostraba también que las diferencias públicas sobre la estrategia no habían significado una ruptura completa entre las partes: durante la crisis existió comunicación entre la familia y el Gobierno.
Osvaldo Villalba junto a otros miembros del E.P.P. Foto: Gentileza.
Después de los 94 días
La liberación terminó con el secuestro, pero no con el problema que había quedado expuesto. Durante 94 días, el EPP había conseguido mantener cautivo a un conocido ganadero, imponer condiciones para liberarlo y evitar los operativos desplegados para localizarlo. El Gobierno había movilizado fuerzas y el propio presidente había supervisado la búsqueda, pero el Estado no había logrado rescatar al rehén ni desarticular al grupo.
La respuesta continuó en los meses siguientes. En abril de 2010, después de nuevos hechos atribuidos al EPP, el gobierno de Lugo impulsó la declaración del estado de excepción en cinco departamentos y desplegó fuerzas militares y policiales en el norte. Tampoco entonces el grupo fue desarticulado y continuaría operando después de aquella administración.
La Justicia tardaría años en completar parte del otro capítulo de la historia. En 2011 fueron condenados Hugo Diosnel Gill, Graciela Samaniego y Nery López Silva a penas de 12, 10 y 4 años por su participación vinculada al secuestro. En 2014 llegó el turno de Noel “Matungo” Ovelar, uno de los nueve integrantes identificados en el comando que se llevó a Zavala y posteriormente uno de sus custodios. Recibió 30 años de prisión más cinco años de medida de seguridad.
En aquel mismo juicio, Néstor Damián Ocampos fue condenado a 12 años como cómplice del secuestro y coautor de asociación criminal. No había integrado el comando que irrumpió en la estancia, pero posteriormente fue detenido con dinero identificado como parte del rescate.
Miembros del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Foto: Gentileza.
Diecisiete años después, el secuestro de Fidel Zavala permite volver a un momento decisivo de la historia reciente paraguaya. Aquellos 94 días mostraron a un EPP capaz de ejecutar un secuestro prolongado y eludir la búsqueda estatal, a una familia obligada a negociar directamente por la vida de uno de sus miembros y a un gobierno que debía decidir hasta dónde presionar sin convertir una operación de seguridad en una sentencia para el rehén.
Fidel Zavala volvió a su casa el 17 de enero de 2010. El problema que había quedado expuesto durante sus 94 días de cautiverio, sin embargo, acompañaría al Estado paraguayo durante muchos años más.
