La condena de Hernán Rivas por su título falso de abogado derivó en otra causa contra la antigua conducción de la Universidad Sudamericana. Tras la denuncia de sus actuales responsables, el fiscal Julio César Ortiz González imputó el 14 de octubre al exrector y administrador Alejandrino Gonzalo Pedro Acuña Vázquez por supuesta estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Los antecedentes bajo sospecha
Según la imputación, durante su gestión entre 2009 y 2015, Acuña habría dejado constancia en archivos de la universidad de hechos que no correspondían con la realidad, como la condición de alumno, la aprobación de materias y la rendición de exámenes. Para hacerlo, se habría valido de su control sobre las filiales, las carreras y las personas encargadas de registrar y certificar esa información.
El acta desarrolla el caso de Rivas, quien figuraba como estudiante de Derecho sin haber cursado ni aprobado las asignaturas, según la Fiscalía. Esos antecedentes habrían servido de base para elaborar la documentación relacionada con su título.
La condena como antecedente
El 24 de septiembre, un tribunal condenó a Rivas a ocho años de prisión. Según el informe oficial del Ministerio Público, se comprobó que no cursó ni aprobó la carrera y que utilizó documentos públicos con información falsa para acreditar la condición de abogado y acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La investigación apunta ahora a los registros que sirvieron para confeccionar su certificado de estudios y a la responsabilidad de quien dirigía la universidad. La imputación cita la sentencia y declaraciones sobre ese circuito documental. La participación atribuida a Acuña debe probarse. La condena de Rivas no establece por sí sola la culpabilidad del exrector.
La denuncia por el traspaso
La causa también tiene un componente económico. José María Manzoni Ramírez y Arturo Joaquín Peralta Vierci, identificados en el acta como los nuevos administradores, denunciaron que en el traspaso de 2015 recibieron información falsa sobre la situación académica, documental, administrativa y legal de la universidad.
Ambos sostienen que decidieron adquirirla creyendo que estaba en condiciones y con las habilitaciones correspondientes. El acta recoge declaraciones que mencionan G. 450 millones como inversión y supuesto perjuicio vinculado a la adquisición. Ese monto no se presenta como ingresos por la emisión de títulos.
Los denunciantes afirman que la condena de Rivas les permitió dimensionar las irregularidades y el daño a la institución. Esa es su versión, recogida por la Fiscalía como parte de los fundamentos de la imputación.
Qué pidió la Fiscalía
Ortiz solicitó seis meses para investigar y convocó a Acuña a prestar declaración indagatoria el 27 de octubre, a las 09:00. También pidió presentación periódica, restricciones de salida y una caución real como medidas alternativas a la prisión preventiva.
La causa está identificada con el número 9827/2026 y radicada ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Asunción, a cargo de Alicia Pedrozo Berni. La documentación revisada contiene los pedidos fiscales, pero no una resolución judicial que los conceda.
