El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) convocó para este 12 de octubre una movilización con dos reivindicaciones centrales: conseguir reajustes salariales dentro del Presupuesto General de la Nación 2027 y defender la continuidad del seguro médico privado del Poder Judicial.
El gremio sostiene que 5.300 funcionarios con títulos universitarios perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo. El reclamo salarial encontró respaldo institucional en la propia Corte Suprema de Justicia, que presentó ante el Congreso un proyecto que contempla aumentos diferenciados para 8.043 funcionarios. Pero la discusión ocurre mientras el Poder Judicial sostiene un amplio sistema de cobertura médica privada: sus dos contrataciones recientes vinculadas al seguro suman montos contractuales de hasta G. 352.900 millones.
Salarios bajo presión
La cifra de 5.300 funcionarios por debajo del mínimo corresponde a Sifjupar y no pudo ser reconstruida independientemente a partir de una nómina salarial completa. Sin embargo, la existencia de un problema salarial fue reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia durante la defensa de su presupuesto ante el Congreso.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, informó ante la Comisión Bicameral que el proyecto para 2027 contempla reajustes del 20%, 10% y 5% para 8.043 funcionarios, con mayores incrementos para los niveles salariales inferiores. Según sostuvo, los trabajadores judiciales llevan 15 años sin recibir un ajuste salarial.
La propuesta incluye además una reorganización de categorías que alcanzaría a 7.710 trabajadores y una nivelación salarial para otros 3.654, además de actualizaciones específicas para actuarios y secretarios de Juzgados de Paz.
Sifjupar había colocado esos reajustes entre sus principales reivindicaciones y convocó a sus afiliados para acompañar la defensa presupuestaria de la Corte el 12 de octubre. Hasta el cierre de esta investigación, sin embargo, Parámetro no pudo confirmar de manera independiente que la movilización convocada efectivamente se haya realizado.
Junto con el reclamo salarial aparece la segunda demanda del gremio: preservar el seguro médico privado del Poder Judicial.
Funcionarios frente a la sede del Poder Judicial. Imagen de Archivo: Gentileza.
Un seguro de hasta G. 352.900 millones
Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) permiten dimensionar el beneficio.
La contratación principal corresponde al servicio médico y sanatorial integral para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Fue adjudicada a ASISMED S.A. por un monto máximo de G. 336.000 millones y tiene vigencia desde febrero de 2025 hasta febrero de 2027.
No se trata, por tanto, de un gasto anual, sino de un contrato abierto y plurianual.
Pero la DNCP permite conocer también cuánto avanzó su ejecución. Actualmente registra G. 250.502 millones como “total pagado por el contrato”. En otro indicador, la misma ficha consigna G. 212.549 millones en transferencias o cheques al proveedor. Al tratarse de categorías diferentes dentro del registro oficial, ambos valores no deben considerarse equivalentes.
El beneficio tiene además una amplia cobertura familiar. Según información oficial del Poder Judicial, comprende sin costo adicional al titular, cónyuge, hijos solteros hasta el mes en que cumplen 21 años e hijos con discapacidad sin límite de edad. Padres y determinados hijos mayores pueden incorporarse como adherentes mediante el pago de una prima.
A este contrato se suma otra contratación destinada específicamente al personal contratado, adjudicada por hasta G. 16.900 millones.
Así, ambos procesos suman montos contractuales de hasta G. 352.900 millones. La cifra no representa dinero gastado durante un solo año ni significa que todo ese monto haya sido desembolsado: corresponde a la suma de dos contrataciones plurianuales.
Funcionarios frente al Palacio de Justicia. Foto: Gentileza.
Dos caras del mismo presupuesto
El seguro médico tampoco es una incorporación reciente. En 2021, la Corte adjudicó a ASISMED otro contrato por un máximo de G. 249.600 millones para 24 meses. En ese proceso, la DNCP registra finalmente G. 208.904 millones como total pagado por el contrato.
La cobertura privada es, por tanto, un beneficio consolidado dentro de la estructura del Poder Judicial. Y es precisamente su continuidad la que Sifjupar busca preservar al mismo tiempo que reclama mejores remuneraciones.
Una cosa no invalida necesariamente la otra. Que un funcionario disponga de seguro médico privado no significa que su salario sea suficiente, del mismo modo que el reclamo salarial no elimina el costo que representan los beneficios complementarios para las finanzas públicas.
La tensión está en cómo se distribuyen los recursos.
Por un lado, el sindicato sostiene que 5.300 profesionales judiciales cobran por debajo del salario mínimo, mientras la propia Corte plantea reajustes para 8.043 funcionarios y afirma que llevan 15 años sin ajustes salariales. Por otro, el Poder Judicial sostiene una cobertura médica privada cuyo principal contrato alcanza G. 336.000 millones y ya registra G. 250.502 millones como total pagado por la DNCP.
El debate que llegó al Congreso expone así dos componentes de un mismo presupuesto: la necesidad planteada de recomponer los salarios más bajos y el costo de mantener un seguro médico privado que funcionarios y magistrados reciben como parte de sus beneficios laborales.
