La atención médica de los empleados públicos no tiene por qué traducirse siempre en un contrato con una empresa privada. Dentro del Estado existen sectores incorporados al Instituto de Previsión Social (IPS). El Ministerio Público y el magisterio son dos ejemplos que merecen destacarse: sus aportes sostienen un sistema compartido con trabajadores del sector privado.
Lo valioso es esa participación en el seguro social. No significa que el IPS funcione como debería ni que sus asegurados reciban atención gratuita. Significa que hay un camino institucional sobre el cual construir una cobertura pública más fuerte.
Sede del Ministerio Público, Chile y O'Leary
Quiénes están incluidos
La Ley 3515/2008 incorpora obligatoriamente al seguro de salud del IPS a los funcionarios y contratados del Ministerio Público, además de sus exfuncionarios jubilados. El personal activo aporta el 3% de su remuneración y la Fiscalía el 6,5%; los jubilados, el 9,5% de sus haberes. Es cobertura sanitaria: no debe confundirse con el régimen de jubilación.
El Magisterio Nacional también tiene afiliación sanitaria obligatoria. La Ley 7633/2026 establece un aporte del 5,5% de la remuneración imponible o del haber jubilatorio. Para los sectores de docentes universitarios e institutos de educación superior contemplados en esa norma, la incorporación es voluntaria.
Docentes participan de una capacitación organizada por el Ministerio de Educación y Ciencias. Foto: MEC
Entre los entes y empresas estatales aparecen otros casos. La ANDE tiene personal asegurado y convenios de atención con el IPS. La INC ha informado sobre jornadas médicas del IPS dirigidas a sus trabajadores, y el plan institucional 2025 de la ESSAP contempla orientar a su personal sobre el uso de ese seguro.
El propio IPS identifica, además, a la DINATRAN entre los organismos con personal cubierto y a los obreros municipales entre las categorías incluidas. Esto último no equivale a afirmar que todos los funcionarios de las municipalidades tengan IPS.
La nómina no es exhaustiva. Tampoco permite asegurar que cada entidad carezca de coberturas adicionales o que todo su personal tenga idéntico régimen. La afiliación debe distinguirse de la atención efectivamente habilitada y del cumplimiento de los aportes.
Casa Central del Banco Nacional de Fomento en Asunción
El contraste millonario
Del otro lado hay contratos concretos. Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Banco Nacional de Fomento adjudicó a Asismed un seguro médico sanatorial por G. 22.800 millones. El contrato, firmado el 14 de septiembre de 2026, tiene una duración de doce meses. Es el monto adjudicado, no una constancia de que toda esa suma ya fue pagada.
La dimensión del fenómeno supera ese caso. Un relevamiento publicado por Parámetro el 1 de septiembre identificó 18 procesos planificados para seguros privados por G. 598.529 millones. La Corte Suprema concentraba G. 408.000 millones; también figuraban Justicia y el MOPC. Son previsiones de contratación, no gasto ejecutado.
La diferencia no responde únicamente a decisiones administrativas: existen exclusiones legales del IPS y regímenes especiales. Por eso, una reforma no puede reducirse a ordenar el traslado inmediato de todos los funcionarios.
Fortalecer lo común
Que haya empleados públicos incorporados al IPS merece una valoración positiva. Sus aportes alimentan la seguridad social y demuestran que la cobertura estatal no necesita organizarse exclusivamente alrededor de prestadoras privadas.
Defender ese camino exige también reclamar medicamentos, turnos oportunos, transparencia y aportes al día. Ampliarlo requiere calcular costos y capacidad de atención, garantizar financiamiento y realizar los cambios legales necesarios. No se trata de incorporar más asegurados a un sistema sin prepararlo.
El debate no debería enfrentar a funcionarios con otros trabajadores ni quitar protección a quienes la tienen. Debería preguntar por qué el Estado no convierte el fortalecimiento de sus servicios de salud en una prioridad común.
Si docentes y trabajadores de la Fiscalía pueden integrar el seguro social, esa experiencia merece ser fortalecida. La respuesta a las deficiencias de la atención pública no debería ser naturalizar que el dinero estatal financie coberturas diferenciadas, sino lograr que una atención digna deje de depender de la institución en la que cada persona trabaja.
