El cartismo atraviesa una disputa que ya tiene expresiones públicas. La novedad es que los cuestionamientos a la gestión de Santiago Peña llegan desde dirigentes centrales de Honor Colorado. El caso Ueno y la crisis sanitaria permiten una primera lectura: dentro del oficialismo se discuten los límites de la autonomía presidencial y la distribución de las responsabilidades por el desgaste del Gobierno.
El 7 de septiembre, Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios presentaron un pedido de informes al Banco Central sobre operaciones de Ueno. El cuestionario, reproducido por ABC y Última Hora, pregunta por transacciones con empresas vinculadas, controles prudenciales y el tratamiento contable posterior a la absorción de Visión. Son preguntas que requieren respuestas documentadas; su presentación no prueba que se hayan cometido irregularidades.
Gustavo Leite explicitó la intención política de diferenciar al partido de la gestión presidencial. En declaraciones a Monumental, recogidas por Última Hora el 8 de septiembre, sostuvo que Honor Colorado no debía respaldar eventuales irregularidades y buscó desvincular a Cartes del banco. La señal tiene un alcance concreto: un sector del movimiento empieza a discutir hasta dónde llega su obligación de defender a Peña.
Ueno respondió el 8 de septiembre, en un comunicado publicado en su propia página, que cumple las exigencias legales y regulatorias y que colaborará con las autoridades. Esa respuesta debe formar parte del debate. Examinar operaciones entre empresas vinculadas es legítimo; convertir las sospechas en un diagnóstico de quiebra, sin una comprobación técnica, sería otro asunto.
La discusión económica tiene además una dimensión fiscal verificable. Según el informe del Ministerio de Economía correspondiente a julio, los ingresos acumulados crecieron 1,2% y el gasto 9,7% frente al mismo período de 2025. El déficit acumulado alcanzó 1,2% del PIB. La recaudación y los compromisos del Estado avanzan a velocidades distintas, lo que vuelve más conflictiva cada decisión sobre recursos.
La salud convirtió esa dificultad en un problema político inmediato. El propio Senado informó que Núñez y Chase intervinieron como mediadores con los médicos. El 11 de septiembre, Cartes pidió públicamente a Peña que priorizara la atención sanitaria. Dos días después, el Ejecutivo reemplazó a María Teresa Barán por Isaías Fretes y puso a Derlis León al frente del IPS, según confirmó el Ministerio de Salud.
La secuencia permite interpretar los cambios como una respuesta a la presión acumulada. No demuestra que Cartes haya ordenado los nombramientos. Sí muestra que la dirigencia partidaria tiene capacidad para disputar públicamente las prioridades del Ejecutivo y presentarse como interlocutora de sectores enfrentados con el Gobierno.
Una primera hipótesis es que se intenta disciplinar a Peña sin romper con él: exigir correcciones, recuperar influencia sobre decisiones sensibles y conservar unido al oficialismo. Una segunda es electoral: evitar que los problemas del Gobierno arrastren a los candidatos municipales y condicionen la sucesión de 2028. Ambas encajan con las críticas públicas y con los llamados simultáneos a la unidad.
Hay una tercera hipótesis, que exige mayor evidencia: una disputa por influencia sobre el mercado financiero y los recursos públicos. Las preguntas sobre Ueno hacen pertinente examinar esa posibilidad. Pero atribuir la ofensiva a una orden de bancos competidores o a un pacto empresarial oculto excede lo comprobado. El interés económico merece investigación; no puede darse por demostrado solo porque el conflicto resulte políticamente conveniente.
La posición de Pedro Alliana impide dibujar dos bandos completamente separados. El vicepresidente acompañó a Peña en un comunicado de unidad el 11 de septiembre y asumió su pertenencia al Gobierno, mientras Leite lo reconocía como el presidenciable de Honor Colorado. Alliana necesita preservar su relación con Cartes y, al mismo tiempo, evitar que el deterioro del Ejecutivo comprometa su propio futuro. Esa es una tensión política, no una ruptura consumada.
La prueba estará en las decisiones que sigan: qué información entregue el BCP, qué haga el Congreso con ella y cómo se traduzcan las promesas sanitarias en presupuesto y atención. Si la presión termina en un acuerdo entre dirigentes y las respuestas quedan pendientes, habrá servido para renegociar poder. Si produce controles verificables y correcciones, tendrá consecuencias institucionales. Para la ciudadanía, el criterio debería ser ese: que los ahorros y la salud dejen de depender de la conveniencia de una interna.
