Todo comenzó con un hecho condenable. Después de la eliminación de Paraguay ante Francia, la senadora Celeste Amarilla publicó expresiones racistas contra Kylian Mbappé. El Gobierno paraguayo aclaró que esos dichos no representaban al país. Pero en las redes la responsabilidad individual pronto dejó de ser suficiente: Paraguay entero pasó a ocupar el lugar del acusado.
La influencer francesa Sally, con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, afirmó que Paraguay había aplicado una “limpieza étnica” contra afrodescendientes e indígenas, erradicado deliberadamente a su población negra y permitido legalmente el racismo hasta 2022. Ya no cuestionaba a una senadora: acusaba a toda una nación.
Parámetro contrastó siete de sus afirmaciones con leyes, documentos oficiales, informes internacionales y las fuentes exhibidas en el video. Seis resultaron falsas y una engañosa. Días después, Sally eliminó la publicación sin explicaciones. Para entonces, el contenido ya había enfrentado a quienes atacaban a Paraguay con quienes salían a defenderlo.
El conflicto como producto
Ahí aparece el negocio. Un hecho concreto se transforma en acusación colectiva; un país se siente atacado; sus ciudadanos responden y la otra audiencia vuelve a reaccionar. Cada indignación produce comentarios, reproducciones y nuevos videos. El creador obtiene alcance, la plataforma retiene al usuario y la publicidad compra más tiempo frente a la pantalla.
No puedo confirmar que Sally haya recibido dinero ni que existiera una organización central detrás del contenido. Tampoco hace falta para comprender el mecanismo. Las campañas digitales pueden surgir cuando influencers, cuentas anónimas y operadores descubren que una narrativa conflictiva entrega visibilidad, seguidores, influencia o ingresos.
Repudiar las expresiones de Celeste Amarilla o José Luis Chilavert no obliga a definir a todo Paraguay por ellas. La crítica asigna responsabilidades; la generalización moviliza bandos. Para las plataformas, dos públicos enfrentados resultan más rentables que una explicación equilibrada.
La economía del adversario
Meta reconoce ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que casi todos sus ingresos provienen de la publicidad en Facebook e Instagram. Un estudio publicado en PNAS, basado en 2,7 millones de mensajes políticos, encontró que las publicaciones sobre el grupo contrario se compartían aproximadamente el doble. Cada término dirigido al adversario elevaba 67% la probabilidad de difusión.
El enfrentamiento no es solamente una falla del sistema: es uno de los contenidos que mejor rendimiento le entrega. La plataforma no necesita decidir qué país tiene razón. Le basta detectar que una acusación produce respuestas y que la pelea mantiene conectadas a las dos audiencias.
Así se construyen campañas que pueden no tener una conducción única, pero terminan funcionando como si la tuvieran. Una publicación instala la acusación, otras cuentas la repiten, los usuarios reaccionan y el algoritmo identifica el tema como relevante. La confrontación se multiplica porque cada participante obtiene algo: dinero, visibilidad, influencia política o reconocimiento dentro de su comunidad.
Messi y Argentina, el mismo mecanismo
Lo sucedido con Lionel Messi y Argentina mostró una escala mayor. Después del partido contra Egipto se multiplicaron videos fuera de contexto, imágenes creadas con inteligencia artificial y acusaciones sin pruebas sobre supuestos favores de la FIFA. También circuló una presunta oferta de pagos para atacar a la selección, pero Chequeado no encontró evidencias de que la agencia mencionada existiera.
No puede confirmarse una campaña paga centralizada. Sí puede observarse una campaña de hecho: numerosas publicaciones presentaron a Messi como protegido y a Argentina como país tramposo o racista. Una polémica deportiva terminó mezclada con acusaciones históricas, rivalidades nacionales, conflictos políticos y contenidos manipulados.
La FIFA informó que durante el torneo bloqueó más de siete millones de publicaciones potencialmente dañinas, catorce veces más que en Qatar 2022. El volumen demuestra que Paraguay no fue un episodio aislado. El Mundial se convirtió en un enorme mercado emocional donde atacar a una figura o enfrentar a dos países podía generar millones de interacciones.
Limitar el negocio, no la palabra
Regular este poder no significa permitir que un gobierno decida la verdad. La libertad de expresión protege el derecho a cuestionar a Paraguay, Messi o cualquier presidente. Lo que debe limitarse es la capacidad de privilegiar secretamente mensajes, ocultar quién financia propaganda, explotar datos personales o modificar el debate público sin auditorías ni responsabilidad.
La Unión Europea ya exige transparencia en los sistemas de recomendación, repositorios de anuncios y acceso regulatorio a datos y algoritmos. UNESCO recomienda supervisión independiente y evaluaciones especiales ante elecciones, crisis y conflictos. El control debe dirigirse al funcionamiento de las plataformas, no a silenciar opiniones.
Paraguay avanzó con su Ley de Protección de Datos Personales, pero todavía debe discutir cómo controlar la amplificación de contenidos, identificar campañas financiadas, permitir auditorías independientes y detectar operaciones coordinadas sin crear un aparato estatal de censura.
El caso paraguayo dejó la advertencia más cercana. Una publicación racista individual terminó convertida en un proceso digital contra todo un país. Mañana la misma estructura puede dirigirse contra un candidato, una minoría o una nación vecina. Mientras enfrentar públicos sea rentable, siempre habrá alguien dispuesto a fabricar el próximo enemigo.
Fuentes consultadas:
- Parámetro: verificaciones sobre el caso Paraguay.
- El País, Le Monde y The Guardian: cobertura del caso y reacciones.
- Meta Platforms (SEC): informe financiero 2026.
- PNAS: estudio sobre polarización y redes sociales.
- Chequeado: verificación de narrativas sobre Messi y Argentina.
- FIFA: informe de moderación durante el Mundial.
- Comisión Europea: Digital Services Act (DSA).
- UNESCO: directrices para la gobernanza de plataformas digitales.
- Congreso Nacional: Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales.
