En medio de la crisis que atraviesa Salud Pública, marcada por renuncias de especialistas, reclamos salariales y denuncias por falta de medicamentos e insumos, distintas instituciones estatales se preparan para contratar seguros médicos y sanatoriales privados destinados a sus funcionarios. El rastreo del Programa Anual de Contrataciones de 2026 encontró 18 procesos planificados por G. 598.529 millones, equivalentes a unos US$ 101,1 millones.
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La Corte concentra el mayor monto
El proyecto más costoso pertenece a la Corte Suprema de Justicia, que incluyó G. 408.000 millones, cerca de US$ 69 millones, para magistrados, funcionarios y personal contratado. Reúne más de dos tercios del total previsto entre las instituciones identificadas.
Le siguen el Ministerio de Justicia, con unos US$ 11,8 millones, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con US$ 10,9 millones. Solo estas tres instituciones concentran alrededor del 90% de los recursos previstos.
También aparecen organismos con presupuestos superiores al millón de dólares, como Senasa, con US$ 1,6 millones; Mades, con US$ 1,5 millones; Senatur, con US$ 1,2 millones; Sinafocal, con US$ 1,1 millones, y Mitic, con poco más de US$ 1 millón.
La lista se extiende a instituciones sanitarias, culturales y administrativas, además de la Gobernación de Paraguarí.
Las 18 contrataciones previstas
18 instituciones proyectan seguros médicos privados por unos US$ 101 millones. Fuente: DNCP
Son previsiones, no contratos firmados
Los montos corresponden a planificaciones publicadas en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y disponibles a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Esto significa que las cifras todavía pueden cambiar cuando cada institución prepare el pliego, publique el llamado y reciba las ofertas de las empresas interesadas.
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Tampoco significa que los G. 598.529 millones ya hayan sido gastados o que existan contratos adjudicados por ese monto. Se trata de recursos estimados para futuras contrataciones que aparecen dentro de la planificación estatal para 2026.
El PAC funciona, en este caso, como una ventana anticipada sobre las compras que pretenden realizar las instituciones. Permite conocer qué servicio proyectan contratar y cuánto dinero estiman destinar antes de que se produzca una adjudicación.
Médicos se movilizaron en medio de reclamos salariales y la crisis de Salud Pública
El contraste con los hospitales públicos
Las previsiones aparecen en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario. La crisis de Salud Pública se profundizó con renuncias anunciadas por médicos, especialistas, jefes y directores, mientras los gremios reclaman mejores condiciones laborales y denuncian problemas que afectan la atención.
El contraste está en el destino de los recursos públicos. Mientras diferentes organismos proyectan destinar en conjunto más de G. 598.000 millones a seguros médicos y sanatoriales privados para su personal, los hospitales públicos atraviesan reclamos por medicamentos, insumos, infraestructura y condiciones laborales.
Los seguros privados de funcionarios no son la causa de la crisis sanitaria ni los recursos necesariamente podrían trasladarse de manera directa al presupuesto de Salud. Pero las cifras permiten poner bajo discusión las prioridades del gasto público y la existencia de beneficios diferenciados dentro del propio Estado.
La comparación también expone dos circuitos de atención financiados, directa o indirectamente, con recursos públicos. Por un lado, instituciones que presupuestan cobertura privada para sus funcionarios. Por otro, una red pública sometida a una presión creciente y de la que depende una parte importante de la población.
