La Gobernación de Alto Paraguay, en el Chaco paraguayo, utilizó ONG y otras entidades sin fines de lucro para canalizar dinero público destinado a compras, obras y otros gastos. Entre los beneficiarios aparecen comisiones, ligas deportivas, asociaciones, escuelas y comunidades indígenas.
El caso llegó a la Contraloría General de la República (CGR) a partir de denuncias presentadas por los concejales departamentales Juan Ortiz y Jorge Medina. Una de ellas advertía sobre presuntas irregularidades en transferencias, combustibles y alimentación escolar. Posteriormente, Medina solicitó una auditoría a la administración de Arturo Méndez.
Más de G. 1.200 millones en un año
Durante 2023, la Gobernación transfirió G. 1.201 millones a entidades sociales, educativas y organizaciones sin fines de lucro. La CGR encontró que la administración no realizó el debido control y seguimiento de las rendiciones que los beneficiarios debían presentar ante el organismo contralor.
La Gobernación desembolsó G. 10 millones a la Junta Comunal de Toro Pampa para festejos patronales.
Los anexos permiten seguir el destino declarado de parte del dinero. Hay aportes para indumentarias deportivas, trofeos, traslados, materiales de construcción, motores, reparaciones y proyectos comunitarios.
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La Liga Olimpeña de Fútbol aparece en varias transferencias destinadas a indumentaria, trofeos y traslados. También figuran otras organizaciones deportivas y G. 10 millones entregados a una junta comunal de Toro Pampa para festejos patronales, además de recursos para distintas comisiones y proyectos comunitarios.
Tres comisiones para comprar ambulancias
La modalidad también fue utilizada para compras de mayor monto. El 26 de diciembre de 2023, tres entidades recibieron G. 105 millones cada una para adquirir ambulancias.
Los recursos fueron transferidos a la Comisión Kuña Guapa Fuerte Olimpo, la Comisión de Desarrollo Esperanza y la Comisión de Desarrollo Fuerte Olimpo. En total fueron G. 315 millones para la compra de tres ambulancias, pero el dinero no fue ejecutado mediante una contratación directa de la Gobernación.
En lugar de realizar el llamado para adquirir los vehículos, la Gobernación transfirió los recursos a las tres entidades y dejó la compra a cargo de ellas.
Arturo Méndez durante una actividad de la Liga Olimpeña, que agradeció su apoyo con trofeos y medallas.
El modus operandi que puentea la DNCP
El mecanismo permite que compras financiadas con dinero de la Gobernación no pasen por un llamado realizado por la propia institución ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En una contratación convencional, la Gobernación publica el llamado, las empresas presentan ofertas y posteriormente quedan disponibles datos sobre oferentes, precios y adjudicación. Con esta modalidad, la Gobernación transfiere primero el dinero a una ONG, comisión u otra entidad y es esta la que realiza la compra o ejecuta el proyecto, puenteando así el proceso de contratación de la Gobernación ante la DNCP.
El esquema es similar al encontrado en la Gobernación de Paraguarí. En ese caso, recursos públicos para obras fueron entregados a organizaciones sin fines de lucro que luego contrataron a las empresas ejecutoras, sin que la selección de esas firmas pasara por una licitación realizada directamente por la Gobernación.
En Alto Paraguay, los anexos de la CGR muestran que esta vía fue utilizada para financiar desde actividades deportivas y festejos hasta materiales, proyectos, obras y ambulancias.
La CGR encontró controles incompletos
Los cuestionamientos continuaron en 2024. La CGR examinó G. 219,5 millones transferidos a instituciones sin fines de lucro y encontró que faltaban documentos exigidos antes de realizar los desembolsos.
Entre ellos estaban registros actualizados de las autoridades de las entidades, constancias ante Seprelad, certificados de cuentas bancarias y otros respaldos. La Contraloría concluyó que la Gobernación realizó las transferencias sin efectuar previamente todos los controles documentales establecidos.
Sumadas las observaciones de 2023 y 2024, más de G. 1.400 millones quedaron bajo cuestionamientos de la CGR por deficiencias en los controles previos o en el seguimiento de las rendiciones.
El informe técnico fue elaborado sobre una muestra de las operaciones y surgió luego de las denuncias contra la administración departamental. La CGR también dejó constancia de que no recibió toda la documentación que había solicitado a la Gobernación.
Este medio intentó comunicarse con el gobernador Arturo Méndez para conocer su versión sobre las transferencias y las observaciones de la Contraloría, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta. También se buscó la versión de uno de los concejales que promovieron las denuncias, sin obtener respuesta.
