En Ciudad del Este, la intervención municipal sigue y aparecen nuevos elementos que comprometen a la administración de Miguel Prieto y a su aliado y presidente entonces del Consejo Local de Salud (CLS), Walter García, hoy diputado por el movimiento Yo Creo. Entre 2019 y 2022, el CLS administró más de 10.500 millones de guaraníes provenientes de la Municipalidad, destinados a obras en el Hospital Regional y otras áreas de salud. Sin embargo, una parte sustancial terminó en contratos adjudicados sin licitación, sin aprobación del Ministerio de Salud y sin supervisión técnica, lo que abre dudas sobre el cumplimiento real de las obras facturadas. El patrón detectado incluye pagos fraccionados, ausencia de certificaciones de obra, inexistencia de actas de recepción final y una concentración llamativa de adjudicaciones en pocas empresas.
Entre las firmas más beneficiadas figura Servmaq, propiedad de Fredy Guzmán Martínez, quien sería cercano a García y con quien aparece en una fotografía en un evento público. Servmaq concentró más de 1.900 millones de guaraníes en contratos para refacciones, mantenimiento y ampliaciones en el Hospital Regional. Otros contratos relevantes se adjudicaron a M&M Constructora, de Cinthia Noelia Alen, por más de 3.500 millones; KC Constructora, de Malara Inés Mariani, por 340 millones; y Rotemsa Paraguay S.A.I.C., por poco más de 302 millones.
Diputado Walter García y Fredy Guzmán Martínez
Contratos bajo la lupa
El análisis de los documentos internos del CLS y las órdenes de pago de la Municipalidad revela que las adjudicaciones no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley N.º 2051/03 de Contrataciones Públicas. En los expedientes revisados no hay constancia de licitación, dictámenes técnicos ni aprobaciones del Ministerio de Salud para las obras, como exige el Código Sanitario. Las intervenciones se realizaron sin supervisión ni fiscalización formal y, en algunos casos, sin recepciones finales, lo que impide verificar si lo facturado coincide con lo ejecutado.
La concentración de contratos en Servmaq y M&M Constructora refuerza la hipótesis de una administración discrecional de los fondos. Servmaq recibió adjudicaciones para la terminación del pabellón de aislamiento, refacciones de UTI, servicios de mantenimiento y colocación de divisorias, mientras que M&M Constructora fue contratada para la refacción del pabellón de trauma, fachadas y otras áreas críticas del hospital.
Empresas adjudicadas y montos
Obras sin control técnico y el “juez y parte”
En varios casos, las refacciones y construcciones se ejecutaron sin la aprobación final del órgano rector en materia de salud pública, lo que implica que no hubo verificación sobre estándares mínimos de calidad. Además, no se pudo confirmar si las obras cumplen con las dimensiones y especificaciones previstas.
Esta falta de control se agravó por la forma en que estaba estructurada la fiscalización: la persona designada por la Municipalidad para supervisar y recibir las rendiciones de cuentas del CLS también formaba parte de su comisión directiva como síndico titular. Esto significaba que el mismo funcionario debía controlar y, a la vez, aprobar los gastos que él mismo supervisaba, una situación que facilitaba eludir controles internos y consolidaba la figura de “juez y parte” en el manejo de los fondos.
La respuesta de Prieto
Tras la difusión de las irregularidades, Miguel Prieto respondió en redes sociales publicando fotografías junto al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, durante la inauguración de pabellones y camas de UTI en el Hospital Regional. Sin embargo, una imagen no despeja los cuestionamientos de fondo: los procesos de contratación, la ausencia de certificaciones técnicas y la falta de controles formales siguen sin ser aclarados.
Resta saber cómo reaccionará el diputado Walter García, quien presidía el Consejo Local de Salud en el periodo investigado y hoy aparece en el centro de un esquema de adjudicaciones bajo sospecha. Su silencio hasta ahora contrasta con la magnitud de los señalamientos y con el peso político que mantiene como aliado histórico de Prieto.
Puntos críticos observados
- Contrataciones sin proceso legal: No se aplicaron los procedimientos de la Ley N.º 2051/03 de Contrataciones Públicas, y los legajos carecen de dictámenes técnicos y administrativos exigidos.
- Falta de supervisión: Las intervenciones se realizaron sin fiscalización técnica, incumpliendo el artículo 46 de la Ley N.º 1533/00 de Obras Públicas, lo que dejó un vacío en el control de calidad y trazabilidad.
- Pagos discrecionales: Se abonó a contratistas sin mediciones ni certificaciones de avance, en contravención a los artículos 42 y 43 de la Ley N.º 1533/00, lo que permitió desembolsos sin respaldo.
- Sin recepción final: No existe acta de recepción final, como exige el artículo 45 de la Ley N.º 1533/00, impidiendo confirmar si las obras cumplen estándares de calidad y seguridad para establecimientos de salud.
- Falta de correspondencia: No se pudo determinar si el gasto documentado coincide con la ejecución física real de las refacciones y construcciones.
- Elusión del MSPBS: Todas las contrataciones omitieron la participación del Ministerio de Salud, pese a que el artículo 97 de la Ley N.º 836/1980 – Código Sanitario obliga a su aprobación previa para toda obra en hospitales y centros de salud.
- Sin rendición a la Contraloría: El CLS no presentó rendiciones de cuentas por las transferencias recibidas, incumpliendo la Resolución CGR N.º 951/09.
- Juez y parte en los controles: Sebastián Martínez Insfrán, entonces director de Desarrollo Social de la Municipalidad, también figuraba como síndico titular del CLS, lo que lo situó como juez y parte en la rendición de cuentas de las transferencias.
Resolución de Prieto que reconoce al CLS presidido por Walter García
