¿Cuánto vale el gabinete que dirige Paraguay? Si uno se guía por las declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría, el equipo de gobierno de Santiago Peña no solo administra presupuestos públicos: también administra grandes patrimonios privados. Este informe analiza los datos de los 15 ministros con mayor peso institucional y presupuestario, junto al presidente, para trazar un mapa de las fortunas declaradas oficialmente por quienes toman las decisiones del país.
Los documentos fueron presentados entre agosto de 2023 y marzo de 2025, y reflejan un abanico patrimonial que va desde empresas y bonos financieros, hasta estancias con cientos de cabezas de ganado, terrenos rurales, acciones societarias y cuentas en el extranjero. Todo lo que se publica en esta nota proviene de fuentes oficiales y fue declarado por los propios funcionarios.
El ranking: cuánto tienen y cuánto deben
El primer lugar lo ocupa Francisco Giménez, ministro de Industria, con una fortuna de Gs. 62.357 millones. Posee 17 inmuebles, seis vehículos, joyas, arte, cuentas bancarias locales e internacionales y, sobre todo, acciones en 15 empresas por más de Gs. 32.000 millones. También lidera en deudas: Gs. 16.397 millones en pagarés, créditos y tarjetas.
En segundo lugar aparece Rubén Ramírez Lezcano, canciller. Declaró Gs. 31.798 millones, repartidos en 4 propiedades urbanas y rurales, 3 vehículos, mobiliario y arte por Gs. 2.000 millones. Su deuda ronda los Gs. 850 millones.
El tercer puesto es para Santiago Peña, presidente de la República. Su patrimonio neto asciende a Gs. 23.024 millones, con acciones en Ueno Holding por más de Gs. 6.000 millones, bonos de empresas privadas, inmuebles en Asunción y San Bernardino, una camioneta y cuadros de Koki Ruiz. Declaró una deuda de Gs. 26 millones.
En cuarto lugar está Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, con una fortuna de Gs. 20.927 millones. Sin deudas, su riqueza se apoya en bonos financieros por Gs. 10.737 millones, además de propiedades, vehículos, obras de arte y cuentas en bancos paraguayos y del exterior. También percibe ingresos por jubilación del FMI, intereses mensuales y su salario como ministro.
El quinto lugar lo ocupa Carlos Giménez Díaz, ministro de Agricultura, con Gs. 20.032 millones. Tiene diez fincas en Chore, más de 2.800 animales (entre vacunos, ovinos, caprinos y equinos), un tractor, tres camionetas, y actividad agropecuaria declarada por Gs. 10.497 millones. Su deuda total es de casi Gs. 4.000 millones.
En sexto puesto se ubica Carlos Baruja, ministro de Urbanismo. Declaró Gs. 7.052 millones, con 13 inmuebles, dos camionetas, acciones por Gs. 2.902 millones (incluyendo Olimpo Group y BM Construcciones) y una deuda cercana a Gs. 453 millones.
La lista sigue...
Le siguen Gustavo Villate (MITIC) con Gs. 5.392 millones, María Teresa Barán (Salud) con Gs. 5.200 millones, Luis Ramírez (Educación) con Gs. 5.197 millones y Miguel Rojas Meza (Desarrollo Social) con Gs. 4.542 millones. Más abajo se ubican Rolando de Barros (Ambiente) con Gs. 3.707 millones, Rodrigo Nicora (Justicia) con Gs. 3.438 millones y Enrique Riera (Interior) con Gs. 3.354 millones.
Cierran la lista Óscar González Cañete (Defensa) con Gs. 2.701 millones, Claudia Centurión (Obras Públicas) con Gs. 1.417 millones, y Mónica Recalde (Trabajo) con Gs. 371 millones.
El caso Recalde: el contraste absoluto
Mónica Recalde, ministra de Trabajo, es la única que declaró un patrimonio inferior a Gs. 400 millones y, al mismo tiempo, una deuda mayor que su capital. Tiene una vivienda adquirida a crédito, dos vehículos y algunos muebles y joyas. Pero debe Gs. 489 millones. Mientras sus colegas acumulan tierras, bonos y acciones, ella figura en negativo. Su caso no es aislado: es el único que retrata una economía doméstica ajustada en un gabinete de millonarios.
Un gabinete de millonarios en un país desigual
Las cifras son oficiales, públicas y documentadas. Las decisiones que estos funcionarios toman afectan desde el salario mínimo hasta la política fiscal, pasando por el agro, la salud, la educación y la seguridad.
En un país donde millones no alcanzan el salario mínimo, las máximas autoridades concentran fortunas con acciones, estancias, bonos privados y, en algunos casos, participación en empresas que contratan con el Estado. No es delito tener patrimonio, pero sí es legítimo preguntarse qué mirada social puede construirse desde ese lugar.
Porque mientras la mayoría sigue remando en la superficie, el gabinete parece navegar cómodamente en yate.
Fuentes: declaraciones juradas de la CGR
