Hace apenas unas semanas, la investigación parecía centrarse en personas que habrían utilizado títulos universitarios presuntamente falsos. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. El MEC confirmó que ya abrió 283 sumarios administrativos, el Ministerio Público distribuyó las denuncias entre 17 fiscales, la Comisión Especial del Senado inició una ronda de comparecencias y la Contraloría General de la República anunció auditorías. La investigación ya no busca únicamente establecer quién presentó un documento irregular, sino también reconstruir cómo funcionó el sistema que permitió habilitar carreras, registrar títulos y validar información durante años.
El crecimiento de los sumarios representa un nuevo punto de inflexión. Por primera vez, el foco deja de recaer exclusivamente sobre quienes obtuvieron títulos cuestionados y comienza a desplazarse hacia las instituciones responsables de controlar el funcionamiento de la educación superior. Las distintas investigaciones avanzan ahora en paralelo y analizan diferentes eslabones de una misma cadena.
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El MEC amplía la investigación
Los nuevos datos difundidos por el Ministerio de Educación muestran la magnitud que alcanzó el caso.
Hasta el momento se reportan:
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283 funcionarios bajo sumario administrativo.
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Cerca de 500 denuncias remitidas al Ministerio Público.
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17 fiscales asignados para investigar las causas.
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Auditorías administrativas en distintas dependencias del MEC.
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Una Comisión Especial del Senado que continúa convocando a instituciones vinculadas al caso.
Semanas atrás, el propio MEC también informó que detectó más de 130.000 acciones realizadas dentro del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUES) por más de 500 usuarios, movimientos que hoy forman parte de las verificaciones administrativas y penales. Ese hallazgo permitió ampliar las investigaciones más allá de los casos individuales y revisar el funcionamiento del sistema de registro.
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La investigación ya mira el sistema
El avance de las auditorías coincide con un cambio de enfoque que comenzó a instalarse en las últimas semanas. Más allá de verificar la autenticidad de determinados títulos, las instituciones empezaron a reconstruir cómo operan los mecanismos de habilitación de carreras, acreditación académica y registro oficial de títulos.
En ese contexto, el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte, advirtió en conversación con Parámetro que detrás de la producción de títulos falsos existiría una articulación pública y privada, una hipótesis que también presentó ante la Comisión Especial del Senado. La institución, además, informó que 99.784 títulos de grado, equivalentes al 60,8% de los analizados entre 2023 y 2025, corresponden a carreras no acreditadas, aunque aclaró expresamente que ese dato no significa automáticamente que esos títulos sean falsos.
Para la ANEAES, el desafío consiste en revisar toda la cadena institucional: desde la habilitación de carreras por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) hasta el registro oficial administrado por el MEC. Esa mirada amplía el caso mucho más allá de los documentos cuestionados y dirige la atención hacia los mecanismos de control que, según las investigaciones en curso, también deberán ser examinados.
Una nueva etapa
Con 283 funcionarios bajo sumario, investigaciones penales, auditorías administrativas y varias instituciones revisando distintos niveles del sistema, el caso de los títulos presuntamente falsos comienza a ingresar en una nueva etapa.
La principal incógnita ya no es únicamente cuántos títulos irregulares pudieron haberse expedido, sino si las investigaciones lograrán determinar cómo funcionó el sistema que permitió su emisión, registro y validación, además de establecer las responsabilidades administrativas, institucionales y penales que puedan surgir durante ese proceso.
