Una fuerte explosión ocurrida este sábado 4 de julio en una barcaza tanquera amarrada sobre la margen derecha del río Paraguay, frente a la Costanera Sur, dejó cinco personas fallecidas y un herido rescatado con vida, según el reporte de la Prefectura General Naval difundido por medios nacionales. La embarcación estaba vacía de carga y en su interior se realizaban trabajos de mantenimiento.
Todavía no existe una conclusión técnica pública sobre la causa del siniestro, por lo que cualquier atribución de responsabilidad sería prematura. Sin embargo, la investigación no debería limitarse a determinar qué provocó la explosión. También deberá reconstruir quién contrató a los trabajadores, quién autorizó las tareas, quién supervisó las condiciones de seguridad y qué controles debían realizarse antes del inicio de los trabajos.
Controles antes del accidente
La Prefectura General Naval tiene competencias sobre la actividad fluvial, las embarcaciones y el personal que trabaja a bordo. La principal pregunta es cómo funcionaron esos mecanismos antes de la tragedia y no únicamente cuál fue la respuesta una vez ocurrido el accidente.
La investigación deberá establecer cuántas personas estaban autorizadas para trabajar en la barcaza, a qué empresas pertenecían, qué tareas realizaban y quién verificó las condiciones de seguridad antes de iniciar la intervención.
Plantear estos interrogantes no implica responsabilizar anticipadamente a la Prefectura. Significa exigir explicaciones a una institución que tiene funciones de control dentro de una actividad donde cualquier falla puede tener consecuencias fatales. El operativo de rescate resulta indispensable, pero la prevención comienza mucho antes de que lleguen las sirenas.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de la explosión de la barcaza. (Foto gentileza)
La cadena de responsabilidades
Otro aspecto que deberá analizar la Fiscalía es la cadena de contratación. En el sector naval, una reparación puede involucrar al propietario de la embarcación, al armador, a la empresa administradora, al astillero y a distintos contratistas que aportan personal especializado.
La tercerización puede ser una práctica legal y necesaria. El problema aparece cuando esa cadena dificulta identificar quién tomaba las decisiones, quién controlaba la seguridad y quién tenía la autoridad para detener una tarea riesgosa.
Por eso, la investigación deberá reconstruir toda la cadena de mando: quién contrató al personal, quién dirigía los trabajos, quién proporcionó los equipos, quién autorizó el ingreso y quién asumía la responsabilidad efectiva sobre la seguridad.
Una empresa puede tercerizar un servicio. Lo que no puede tercerizar es la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas dentro de una operación de alto riesgo.
Vista aérea de la barcaza siniestrada, asistida por embarcaciones de la Prefectura. (Foto gentileza)
Un sistema fragmentado
También corresponde esclarecer quiénes ejercían funciones de dirección y supervisión dentro de las empresas involucradas, incluidos técnicos y administradores extranjeros cuando corresponda.
La nacionalidad no está en discusión. Lo relevante es que el Estado pueda identificar quién dirige efectivamente una operación, bajo qué vínculo desarrolla esa actividad y qué responsabilidades asume.
Las preguntas son concretas: ¿la Prefectura conoce quién ejerce el mando a bordo?, ¿el Ministerio de Trabajo puede identificar al empleador efectivo?, ¿el IPS tiene registrados a los trabajadores? y ¿Migraciones conoce bajo qué condición desarrolla actividades un extranjero que ocupa funciones técnicas o de dirección?
El problema puede no ser la ausencia total de controles, sino que cada institución supervise solo una parte del proceso sin que ninguna tenga una visión completa.
La Prefectura controla aspectos de la actividad naval. El Ministerio de Trabajo fiscaliza las relaciones laborales y la seguridad ocupacional. El IPS administra el aseguramiento de los trabajadores. Migraciones controla la situación migratoria y la Fiscalía interviene cuando existen hechos con relevancia penal.
Centro de Mando y de Control de Prefectura General Naval en Costanera Norte.
Pero el trabajador entra una sola vez a la barcaza.
El caso, además, tiene un antecedente que obliga a revisar la memoria institucional. En marzo de 2007, una explosión en el Astillero Aguapé dejó cuatro fallecidos y siete heridos mientras se realizaban trabajos de reparación en otra barcaza. En aquel momento también se investigó la posible presencia de gases acumulados.
Ese antecedente no demuestra que ambos accidentes tengan la misma causa, pero sí obliga a preguntar qué cambió en estos 19 años. ¿Se reforzaron las inspecciones? ¿Se modificaron los protocolos? ¿Las recomendaciones derivadas de aquella tragedia fueron aplicadas?
La investigación actual no debería detenerse en el instante de la explosión. También deberá reconstruir todo lo que ocurrió antes: quién contrató, quién ordenó, quién supervisó, quién autorizó y quién inspeccionó.
Porque la explosión ocurrió en segundos. Los controles debían comenzar mucho antes.
