La gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, incorporó a su hermano Óscar Zárate Pino, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la estructura de la administración departamental. La propia Gobernación habría gestionado el pedido de comisionamiento y posteriormente firmado la Resolución N.º 634/2025, mediante la cual el funcionario fue incorporado como coordinador de la Secretaría de Acción Social.
El caso suma un nuevo capítulo a las investigaciones sobre el entorno familiar de la gobernadora. En otra investigación, este medio reveló la presencia de al menos 11 familiares en instituciones públicas y un crecimiento patrimonial de Zárate que llevó sus bienes declarados de apenas ₲ 665 millones a más de ₲ 4.500 millones.
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Óscar Zárate Pino figura como funcionario de la EBY con categoría H6, percibiendo un salario base de ₲ 26.002.120 y bonificaciones por ₲ 5.669.678, totalizando al menos ₲ 31.671.798 mensuales. Actualmente cumple funciones dentro de una de las dependencias encargadas de programas sociales de la Gobernación, una institución que además administra recursos millonarios vinculados al programa Hambre Cero en el departamento.
Óscar Zárate, su hermana Norma Zárate y el exsenador Juan Darío Monges durante una actividad política en Paraguarí
Una resolución bajo la lupa
Según los documentos analizados, Óscar Zárate Pino fue trasladado desde la EBY para desempeñarse como coordinador de la Secretaría de Acción Social, una dependencia estratégica dentro de la Gobernación por su relación con programas sociales, asistencia a sectores vulnerables y gestión de recursos públicos.
Más allá del vínculo familiar, el punto central del caso es que el proceso habría sido impulsado desde la propia administración departamental. La solicitud de comisionamiento habría surgido de la Gobernación y la resolución que concretó su incorporación llevaría la firma de la máxima autoridad del departamento.
Esta situación expone a la gobernadora a cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés, considerando que una decisión administrativa terminó beneficiando a un familiar directo y ubicándolo en una dependencia con incidencia en la gestión de programas sociales y recursos públicos.
La discusión sobre el artículo 17
La Ley N.º 7445/2025 establece en su artículo 17 que no podrán ser designados para cargos de confianza parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quienes ejerzan puestos de conducción política en la misma institución.
La norma también dispone que los funcionarios con cargos de conducción política no podrán ejercer influencia para la designación de estos cargos en otras instituciones públicas.
La principal incógnita en este caso es determinar si la función de coordinador de la Secretaría de Acción Social constituye o no un cargo de confianza dentro de la estructura de la Gobernación. Si así fuera, la gobernadora quedaría expuesta a cuestionamientos sobre la eventual aplicación de la normativa vigente, considerando que la solicitud de comisionamiento habría sido realizada por la propia institución que dirige y que la resolución de incorporación lleva su firma.
Precisamente por esa razón, este medio solicitó oficialmente a la Gobernación informar si el cargo ocupado por Óscar Zárate Pino es considerado un cargo de confianza, además de remitir la documentación relacionada con su designación, funciones y dependencia jerárquica. Se espera respuesta de la institución.
Óscar Zárate junto a Andrés Báez, exprecandidato a intendente de Paraguarí derrotado en la última interna colorada
Pedidos sin respuesta
La falta de contestación no se limita a este caso.
Teniendo en cuenta que Óscar Zárate Pino se desempeña en una dependencia vinculada a programas sociales, este medio también solicitó información detallada sobre las ayudas sociales otorgadas por la Gobernación de Paraguarí, incluyendo beneficiarios, montos entregados, criterios de selección, informes de respaldo, distribución de asistencia y documentación relacionada con los programas ejecutados por la Secretaría de Acción Social.
Asimismo, fueron requeridos datos sobre viáticos nacionales e internacionales, transferencias, subsidios y otros desembolsos realizados durante la actual administración departamental.
Hasta el momento no hubo respuesta de la institución a estos requerimientos, situación que aumenta las dudas sobre la transparencia en el manejo de información pública relacionada con programas sociales, transferencias y otros recursos administrados por la Gobernación.
Mientras persisten estas interrogantes, la incorporación de un hermano de la gobernadora a una dependencia estratégica mediante una resolución firmada por la propia autoridad departamental agrega nuevas preguntas sobre control interno, transparencia y manejo de recursos públicos en una administración que además ejecuta millonarios fondos sociales. Solo el programa Hambre Cero representa alrededor de USD 33 millones en recursos a ser administrados en el departamento hasta 2027.
