Acceder a una atención médica oportuna y de calidad es un derecho para cualquier trabajador. Sin embargo, mientras la mayoría de los paraguayos depende exclusivamente del IPS, de la salud pública o de sus propios recursos para acceder a consultas, estudios y tratamientos, distintas instituciones estatales financian además seguros médicos privados para sus funcionarios. Un relevamiento realizado por nuestro medio identificó contratos adjudicados y licitaciones en curso por más de G. 89.435 millones, equivalentes a aproximadamente USD 11,18 millones, solo en procesos correspondientes a 2026.
Más de USD 4,8 millones ya fueron adjudicados
La mayor parte de los procesos adjudicados identificados corresponde a organismos públicos de distintas dimensiones, desde entes descentralizados y dependencias de la Presidencia de la República hasta universidades, municipios y entidades culturales. En conjunto, estos contratos suman G. 38.533 millones, equivalentes a aproximadamente USD 4,82 millones.
Las adjudicaciones benefician a empresas privadas de medicina prepaga encargadas de brindar cobertura médica exclusiva a funcionarios y, en algunos casos, a sus grupos familiares.
Contratos adjudicados en 2026
Otros USD 6,3 millones siguen en proceso
Además de los contratos ya adjudicados, varias instituciones mantienen licitaciones en curso para contratar seguros médicos privados para sus funcionarios. Los llamados identificados alcanzan G. 50.902 millones, equivalentes a aproximadamente USD 6,36 millones.
El mayor proceso corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), seguido por convocatorias impulsadas por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), la Agencia de Gobierno Electrónico (AGPE) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Licitaciones en convocatoria
Un beneficio financiado con recursos públicos
El relevamiento permitió identificar a empresas como Reyva S.A., Protección Médica S.A., Santa Clara Medicina Prepaga, Asismed S.A., Sanavid S.A., Unimed Alto Paraná y otras prestadoras privadas como beneficiarias de contratos financiados por organismos públicos.
Los seguros médicos constituyen un beneficio laboral presente en diversas instituciones estatales. Sin embargo, los más de USD 11 millones identificados en apenas seis meses muestran la existencia de un esquema de cobertura médica financiado con recursos públicos al que solo accede una parte de la población: los funcionarios de organismos que cuentan con este tipo de contratos.
Mientras tanto, la mayoría de los paraguayos continúa dependiendo exclusivamente del IPS, de la red pública de salud o de sus propios ingresos para acceder a servicios médicos. La diferencia evidencia una brecha en el acceso a coberturas privadas financiadas por el Estado.
No son los únicos contratos
El monto identificado en este relevamiento no representa la totalidad del gasto estatal en seguros médicos privados. Otras instituciones públicas también mantienen contratos millonarios de cobertura médica para funcionarios.
Entre ellas figuran el Ministerio de Justicia, con una adjudicación cercana a G. 70.000 millones (unos USD 8,75 millones), y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con otro contrato que ronda los G. 69.000 millones (aproximadamente USD 8,62 millones).
Si bien estos procesos no fueron incorporados al cálculo principal de esta nota por corresponder a contratos de gran magnitud adjudicados en otros ejercicios o de carácter plurianual, permiten dimensionar el tamaño de un mercado que mueve decenas de millones de dólares financiados con recursos públicos.
La discusión de fondo
Más allá de los montos, los datos exponen una realidad poco visible dentro del gasto estatal: la coexistencia de seguros médicos privados financiados por organismos públicos mientras la mayor parte de la población depende del IPS o del sistema nacional de salud.
La pregunta que surge es si una parte de estos recursos podría destinarse a fortalecer la capacidad de atención de los sistemas utilizados por la mayoría de los paraguayos o si corresponde mantener esquemas diferenciados de cobertura para determinados sectores de funcionarios públicos. Esa discusión permanece abierta, pero los números muestran que se trata de un mercado que moviliza millones de dólares cada año.
