El precandidato a intendente de Luque por la ANR, Hugo Farías, no incluyó a Paraguay Rent a Car dentro de su Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) presentada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pese a figurar públicamente como propietario de la empresa de alquiler de vehículos ubicada en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi.
La diferencia aparece entre los propios documentos electorales presentados por Farías y los perfiles públicos vinculados a su campaña. En la DIEV entregada al TSJE declaró solamente vínculos con FARI S.A. y Paraguay Servi Trade. Sin embargo, en la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) consignó como lugar de trabajo a Paraguay Rent a Car. Paralelamente, en perfiles públicos aparece directamente como propietario de la firma.
Hugo Farías figura como propietario de Paraguay Rent a Car en su perfil de facebook, pero no declaró en TSJE
La empresa que no aparece
La situación adquiere relevancia porque la Ley 7524/2025 endureció las obligaciones de transparencia para candidatos y movimientos políticos. La normativa ya no obliga solamente a declarar acciones formales o cargos societarios clásicos, sino también cualquier tipo de participación económica vinculada a empresas o sociedades.
El artículo 64 de la ley, dentro de la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV), establece que deben informarse: “las sociedades de las que de cualquier modo o por cualquier procedimiento, participen a cualquier título”.
Es decir, el concepto incorporado por la ley es amplio y no se limita únicamente a accionistas registrados o representantes legales formales.
La DIEV presentada por Hugo Farías ante el TSJE declara solo dos empresas vinculadas.
En ese contexto, la ausencia de Paraguay Rent a Car dentro de la DIEV empieza a abrir interrogantes sobre la correspondencia entre lo declarado oficialmente ante el TSJE y la actividad empresarial vinculada públicamente al precandidato luqueño.
La propia Ley 7524 también fortaleció las facultades de control del TSJE. En el apartado de “Disposiciones comunes”, la normativa establece que la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político debe verificar: “autenticidad, veracidad, completitud y correspondencia” de las declaraciones presentadas por candidatos y organizaciones políticas.
La ley además señala que el TSJE podrá realizar: “cruces de información con organismos públicos competentes”.
Entre ellos aparecen expresamente la DNIT y la SEPRELAD, organismos que pueden aportar datos tributarios, societarios y financieros para verificar inconsistencias o diferencias entre declaraciones oficiales y actividades económicas reales.
En un caso como este, donde existe una diferencia entre lo declarado ante el TSJE y una actividad empresarial expuesta públicamente, la ley habilita al organismo electoral a solicitar aclaraciones, verificar registros societarios y analizar si existió o no una omisión dentro de la DIEV presentada por el candidato.
La declaración electoral de Farías identifica a Paraguay Rent a Car como su lugar de trabajo, pero no declara ser propietario ante el TSJE.
Interna caliente en Luque
La situación explota además en medio de una interna colorada cada vez más tensa en Luque. Tanto Hugo Farías como Diego Candia pertenecen al movimiento Honor Colorado, lo que convirtió la disputa en una pelea interna dentro del propio cartismo luqueño.
En paralelo, Diego Romero, referente de Colorado Añetete, decidió bajar su precandidatura y apoyar a Candia bajo el argumento de consolidar una candidatura competitiva y de unidad en Luque.
En ese escenario, el acercamiento de Hugo Farías al ex arquero José Luis Chilavert, hoy ligado a sectores opositores, comenzó a generar tensión dentro del cartismo luqueño. Referentes de Honor Colorado interpretaron el gesto como una señal de traición política y un eventual apoyo a Chilavert en caso de perder la interna colorada.
Todo esto ocurre mientras la campaña municipal empieza a endurecerse y los cuestionamientos patrimoniales y empresariales comienzan a mezclarse con la disputa interna colorada.
La investigación patrimonial
La omisión empresarial aparece además en medio de otra investigación ya abierta por el Ministerio Público. La fiscala Sophia Galeano Gavilán remitió un informe al fiscal general Emiliano Rolón Fernández señalando inconsistencias patrimoniales vinculadas a Farías y a su entorno familiar.
El informe también deja constancia de otro punto sensible: Farías no presentó su declaración jurada de egreso ante la Contraloría General de la República tras dejar su cargo como juez de faltas municipal en 2025. Ese documento es clave porque permite verificar el estado final del patrimonio de un funcionario al salir de la función pública.
El caso se originó tras un accidente laboral ocurrido en la empresa Arte Culinario, propiedad de su madre, Áida Aquino de Farías, quien posteriormente fue imputada por el Ministerio Público. Según la investigación, un joven perdió la mano operando una trituradora sin contrato laboral, IPS ni capacitación.
La empresa familiar además integra el consorcio adjudicado dentro del programa Hambre Cero en Luque y Fernando de la Mora, en contratos que rondan los USD 53 millones.
A partir de ahí, la investigación comenzó a expandirse hacia declaraciones juradas, bienes, vehículos y estructuras económicas vinculadas al grupo familiar. El informe fiscal menciona inmuebles, maquinarias y vehículos que no se corresponderían con los ingresos oficialmente declarados por Farías durante sus años como juez de faltas municipal.
También aparece mencionado su hermano, Christian Raúl Farías Aquino, quien según el informe estuvo vinculado a empresas relacionadas al comercio exterior mientras se desempeñaba en Aduanas. La fiscala incluso menciona una posible “incompatibilidad funcional grave” y eventual tráfico de influencias al combinar funciones de control estatal con participación empresarial en el mismo rubro.
El informe remitido a Emiliano Rolón incluso sostiene que existirían indicios suficientes para profundizar el análisis patrimonial y financiero del grupo familiar. Por eso, además del debate electoral y político, la situación empieza también a colocar presión sobre el propio Ministerio Público y sobre el TSJE, organismos que ahora cuentan con elementos públicos para avanzar en verificaciones y controles sobre las declaraciones presentadas por el precandidato luqueño.
