La judicialización de la salud dejó de ser una excepción en Paraguay para convertirse lentamente en parte del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario. Documentos oficiales del Ministerio de Salud muestran que el MSPBS acumuló 4.111 acciones de amparo entre 2022 y marzo de 2026, principalmente vinculadas al acceso a medicamentos, tratamientos e insumos de alto costo. La cifra revela algo más profundo que una simple estadística judicial: expone a un Estado que cada vez responde menos desde la planificación sanitaria y más desde órdenes judiciales urgentes.
El escenario incluso podría ser mucho más grave. Actualmente no existen datos públicos consolidados sobre la situación del IPS, pero las propias declaraciones del nuevo presidente de la previsional, Isaías Fretes, dejaron una señal alarmante. El titular del IPS anunció recientemente la eliminación de 817 medicamentos e insumos del vademécum, asegurando que muchos se compraban “al santo botón” y terminaban sin utilización real. La frase no solo golpeó políticamente: abrió una ventana sobre un sistema sanitario atrapado entre amparos, farmacéuticas, compras excepcionales y posibles circuitos de sobrefacturación o sobrecompra que durante años funcionaron bajo escaso control.
La ministra de Salud y el nuevo presidente del IPS durante una reunión institucional
La salud vía tribunales
Un memorándum interno de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud revela la evolución de los amparos promovidos contra la institución:
Gráfico muestra el crecimiento de amparos contra el Ministerio de Salud entre 2022 y 2026.
El crecimiento es sostenido y explosivo. En apenas cuatro años, los amparos prácticamente se triplicaron. Solo en 2025 se registró la cifra más alta de toda la serie: 1.607 acciones judiciales contra el Ministerio de Salud.
Los datos además coinciden con publicaciones recientes de la propia Defensoría del Pueblo, institución que comenzó a asumir un rol cada vez más activo dentro de esta crisis sanitaria. La Defensoría ya no solo recibe denuncias o acompaña reclamos ciudadanos: actualmente incluso publica instructivos y requisitos para acceder a medicamentos mediante amparos judiciales.
En los hechos, el amparo dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en parte estructural del acceso a la salud pública paraguaya.
Detrás de cada expediente existen pacientes reales que necesitan medicamentos, tratamientos o terapias urgentes. Pero alrededor de esa necesidad legítima también empezó a consolidarse otro circuito mucho más complejo: abogados especializados, farmacéuticas, compras rápidas y presión judicial permanente sobre el sistema sanitario.
Depósito de medicamentos e insumos en el depósito del Ministerio de Salud
La consecuencia es brutal: hospitales sin medicamentos básicos conviven con compras millonarias urgentes impulsadas mediante órdenes judiciales. Mientras tanto, el sistema sanitario parece moverse permanentemente bajo lógica de emergencia.
El negocio de la emergencia
La dimensión económica del fenómeno empieza a aparecer lentamente. En enero de 2026, el propio director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Gustavo Irala, reconoció públicamente que la institución acumulaba una deuda de “US$ 130 millones con farmacéuticas” derivada de amparos judiciales.
Según explicó el funcionario, gran parte de estos pedidos corresponde a medicamentos que ni siquiera forman parte del listado básico del Ministerio y muchos son fármacos oncológicos y neurológicos sin registro sanitario local.
Ahí aparece uno de los puntos más delicados del sistema: muchas de estas adquisiciones terminan realizándose mediante procedimientos excepcionales o mecanismos especiales que escapan parcialmente de los controles normales establecidos en la Ley N.º 7021/2022 de Contrataciones Públicas.
En la práctica, esto termina generando una especie de presupuesto paralelo dentro del sistema sanitario. Los medicamentos ordenados judicialmente deben conseguirse con urgencia y muchas veces fuera de los tiempos normales de licitación, competencia abierta y fiscalización pública.
Ese escenario amplía enormemente la presión presupuestaria y también crea un mercado extremadamente rentable alrededor de tratamientos de alto costo. Mientras el sistema sanitario colapsa financieramente, las farmacéuticas continúan cobrando mediante órdenes judiciales que el Estado prácticamente está obligado a cumplir.
La crisis sanitaria paraguaya empieza así a mostrar otra cara: la de un sistema donde la enfermedad también mueve enormes intereses económicos.
Vista aérea del Hospital Central del IPS, una de las principales instituciones del sistema de salud pública
Un sistema desbordado
El propio Ministerio reconoce además que los amparos dificultan cualquier capacidad real de planificación presupuestaria. Gustavo Irala admitió que muchos medicamentos aparecen rápidamente en recetarios locales apenas consiguen aprobaciones aceleradas en el exterior, incluso antes de contar con registro sanitario en Paraguay.
Pero la crisis también parece exponer un problema mucho más profundo relacionado al propio modelo sanitario actual. En Paraguay se consolidó cada vez más la idea de que toda consulta médica necesariamente debe terminar con una receta y un medicamento en la mano, incluso en situaciones donde muchas veces no existe una necesidad real de medicalización inmediata.
La lógica del consumo permanente de fármacos creció junto con un sistema sanitario cada vez más dependiente de medicamentos, laboratorios y tratamientos costosos. El problema ya no parece limitarse únicamente a la falta de acceso: también empieza a aparecer una cultura sanitaria donde muchas veces se prioriza la respuesta farmacológica antes que la prevención, el seguimiento integral o incluso la evaluación racional de tratamientos.
El caso del IPS, con la eliminación de 817 medicamentos e insumos del vademécum, deja una señal particularmente fuerte sobre posibles excesos, sobrecompras y circuitos internos que durante años funcionaron sin suficiente control.
Las preguntas empiezan a ser inevitables: ¿cuánto dinero mueve realmente la judicialización sanitaria? ¿Quién controla el circuito de compras excepcionales que se genera alrededor de los amparos?
La judicialización de la salud ya dejó de ser un fenómeno aislado. Se convirtió en uno de los principales síntomas de una estructura sanitaria desbordada, donde miles de paraguayos necesitan recurrir a jueces para acceder a medicamentos que el propio sistema público ya no logra garantizar de forma regular.
Memorándum oficial del MSPBS revela más de 4.100 amparos judiciales contra Salud desde 2022.
