El juez Héctor Capurro decidió apartarse del tribunal que debía juzgar al ex senador cartista Hernán Rivas por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. En su escrito de inhibición alegó razones de “decoro y delicadeza institucional”, en medio de cuestionamientos públicos sobre su propio doctorado emitido en 2013 por la Universidad Sudamericana. Detrás de esa decisión comenzaron a reaparecer respuestas oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), obtenidas años atrás mediante pedidos de acceso a la información pública.
Las consultas realizadas buscaban reconstruir cómo fue habilitado el programa “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales”, si el título era válido, cuántos alumnos cursaron el programa, dónde se desarrollaban las clases, quiénes integraban el tribunal de tesis y cuáles eran los registros académicos existentes. Las respuestas dejaron varios vacíos sensibles. El MEC informó que no pudo acceder al documento que supuestamente habilitaba el doctorado y tampoco encontró registros claros sobre materias, asistencia, sedes ni tribunal de tesis. El CONES, por su parte, señaló además que no posee archivos correspondientes a la tesis doctoral atribuida al magistrado y que debía solicitar a la Universidad
Título de “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales” atribuido al juez Héctor Luis Capurro y registrado en 2013.
Lo que respondió el MEC
La consulta enviada al MEC pedía información concreta sobre la habilitación del doctorado emitido por la Universidad Sudamericana y los registros académicos relacionados al programa. La respuesta terminó siendo más delicada de lo esperado.
El ministerio explicó que la Universidad Sudamericana declaró ante el CONES que el programa funcionaba bajo el Acta Resolutiva N.º 43/2012. Sin embargo, el propio MEC indicó textualmente que “no se pudo acceder” a ese documento, considerado clave para verificar la habilitación del doctorado.
La institución también señaló que actualmente la Universidad Sudamericana no puede registrar títulos de “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales”, debido a que el programa no fue incorporado al Registro Nacional de Carreras. Además, los informes mencionan ausencia de registros claros sobre materias cursadas, asistencia, sedes y tribunal de tesis.
Otra parte llamativa de la respuesta oficial aparece cuando el MEC admite que no posee información sobre el plan curricular, plazo, sedes ni materias cursadas por Capurro para obtener el título registrado en 2013. Incluso, ante varias preguntas, la recomendación oficial fue derivar nuevamente las consultas a la propia universidad.
Solo dos egresados
Otro dato poco conocido aparece en el mismo informe técnico del MEC. Según los registros públicos revisados por la institución, solamente dos títulos fueron registrados en ese mismo acto administrativo mediante la Resolución VES N.º 1326 del 23 de septiembre de 2013.
Los nombres que aparecen son Héctor Luis Capurro Radice y Rodrigo Alejandro Escobar Espínola, ambos en ese entonces jueces
El propio MEC también reconoció que no cuenta con información sobre cuántos alumnos cursaron el programa doctoral ni en qué periodos se desarrollaron las clases. Tampoco informó en qué sede específica se dictaba el doctorado “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales”.
Lo que dijo el CONES
El CONES evitó pronunciarse directamente sobre la validez del título de Capurro, pero sus respuestas también dejaron zonas grises importantes. El organismo recordó que las carreras creadas bajo el régimen transitorio de la Ley 2529/06 debían demostrar su efectiva implementación académica y ajustarse a requisitos específicos para programas de doctorado.
Entre esos requisitos aparecen elementos básicos de cualquier formación doctoral: investigación original, defensa de tesis, plan de estudios y registros académicos verificables. Sin embargo, varias de esas piezas hoy no aparecen claramente reconstruidas en los documentos oficiales revisados.
Años después, la situación se volvió todavía más sensible cuando el propio CONES intervino oficialmente la Universidad Sudamericana en 2015. El informe final de intervención menciona irregularidades académicas y administrativas, vacíos documentales y problemas de control institucional dentro de la universidad.
Ese contexto terminó adquiriendo nuevamente relevancia pública tras la designación de Capurro para integrar el tribunal que debía juzgar a Hernán Rivas por supuestos títulos falsos.
La tesis que no aparece
Uno de los elementos más extraños del caso gira alrededor de la tesis doctoral atribuida a Capurro. En otra solicitud oficial realizada al CONES se pidió acceso a la tesis “Reforma del Juicio Oral y Público”, presentada supuestamente para obtener el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
Pero el CONES indicó que no posee archivos correspondientes a tesis doctorales de la Universidad Sudamericana y sugirió solicitar a la Universidad
El dato abrió todavía más preguntas porque, mientras el MEC remitía consultas al CONES y el CONES derivaba aspectos académicos nuevamente a la universidad o al sistema de registros, la tesis terminó convirtiéndose en una especie de documento fantasma dentro de los archivos públicos consultados hasta ahora.
En los documentos revisados tampoco aparecen referencias claras al tribunal evaluador, mecanismos de defensa pública ni rastros académicos completos vinculados a esa investigación doctoral. El resultado es un escenario donde existen registros del diploma, pero persisten dudas sobre parte de la estructura documental que normalmente sostiene un doctorado.
El juez Héctor Capurro se inhibió del tribunal que debía juzgar al ex senador Hernán Rivas por supuesto título falso.
Un caso que escala
La inhibición de Capurro terminó amplificando todavía más el caso. El magistrado ya no integrará el tribunal que debía juzgar a Hernán Rivas, pero las preguntas abiertas sobre su supuesto título falso continúan vigentes a partir de los propios informes oficiales.
El problema ya no se limita únicamente a un diploma o a un expediente individual. Los documentos revisados muestran vacíos, registros incompletos y dificultades para reconstruir elementos básicos de un programa doctoral emitido por una universidad posteriormente intervenida por el propio CONES.
Y entre todos esos documentos, quizás el dato más incómodo sea justamente el más simple: ni el MEC logró acceder al acta que supuestamente habilitaba el doctorado, ni el CONES posee archivos de la tesis doctoral que debía sostenerlo académicamente.
En ese escenario, los propios documentos oficiales terminan abriendo para que el caso del doctorado de Capurro también amerita una investigación similar a la abierta contra Hernán Rivas por supuesta producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
