La causa contra el ex senador cartista Hernán David Rivas por supuesto título falso terminó abriendo otro frente inesperado dentro del propio sistema judicial paraguayo. El juez Héctor Luis Capurro Radice, uno de los magistrados designados para integrar el tribunal del caso, también aparece vinculado a un doctorado rodeado de dudas documentales, inconsistencias académicas y registros que el propio Estado no logró reconstruir completamente. El punto de conexión vuelve a ser la Universidad Sudamericana, la misma institución cuya estructura académica terminaría años después bajo intervención oficial del CONES.
La historia no comenzó ahora. Ya entre 2020 y 2021 existían sospechas y pedidos de informes sobre el título de “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales” de Capurro. La reconstrucción documental de esos expedientes deja un escenario incómodo: el MEC reconoció que el título fue registrado oficialmente en 2013, pero admitió después que no pudo acceder al documento que supuestamente habilitaba ese programa doctoral. Tampoco aparecen registros claros sobre materias cursadas, sede de clases, asistencia, tutores o tribunal de tesis. Todo esto mientras el magistrado deberá juzgar justamente uno de los casos más emblemáticos sobre presuntos títulos falsos en Paraguay.
La Corte Suprema de Justicia designó recientemente a los magistrados Héctor Capurro Radice, María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo para integrar el tribunal que juzgará al ex senador cartista Hernán Rivas por supuesto título falso. El juicio oral fue fijado para junio de 2026.
Título de “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales” atribuido al juez Héctor Luis Capurro en 2013.
El doctorado que no aparece claro
El diploma al que se tuvo acceso señala que Héctor Luis Capurro obtuvo el título de “Doctor en Derecho y Ciencias Sociales” en agosto de 2013 en la Universidad Sudamericana. Meses después, el título fue registrado oficialmente por el MEC.
Sin embargo, años más tarde, cuando comenzaron las consultas formales sobre ese doctorado, el propio Ministerio de Educación dejó varias señales de alerta. En su respuesta técnica señaló que dentro de los registros oficiales figuraban habilitados otros programas doctorales vinculados al Derecho, pero no aparecía claramente incorporado un “Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales” con la misma denominación que figura en el diploma del magistrado.
El dato más sensible aparece después. El MEC afirmó que la Universidad Sudamericana declaró la existencia de ese doctorado mediante un Acta Resolutiva, aunque reconoció que no pudo acceder al documento.
Ahí aparece el gran elefante rosado del caso: el propio Estado terminó registrando un doctorado cuyo respaldo documental años después no pudo ser reconstruido completamente.
El ex senador cartista Hernán Rivas será juzgado por supuesto título falso en un tribunal integrado por Héctor Capurro.
Los vacíos académicos
Los informes oficiales muestran además que no existen rastros claros sobre aspectos básicos del supuesto doctorado de Capurro.
Las consultas realizadas buscaban determinar:
- materias cursadas,
- asistencia,
- sede donde se desarrollaban las clases,
- tutores,
- integrantes del tribunal de tesis,
- y cantidad de alumnos del programa.
Pero los informes técnicos del MEC terminaron dejando más dudas que respuestas.
Otro dato llamativo es que solamente dos personas aparecen registrando títulos dentro de ese mismo acto administrativo: Héctor Luis Capurro Radice y Rodrigo Alejandro Escobar Espínola, este último también magistrado y ex miembro del Tribunal de Cuentas.
La situación deja una pregunta difícil de esquivar: ¿cómo terminó registrándose oficialmente un doctorado del que hoy no aparecen rastros académicos básicos dentro de los propios organismos estatales?
La universidad intervenida
El contexto institucional de la Universidad Sudamericana vuelve todavía más sensible el caso.
Poco tiempo después de emitirse el doctorado de Capurro, el CONES intervino oficialmente la institución. El informe final de intervención menciona irregularidades académicas, inconsistencias documentales y problemas administrativos detectados en distintas sedes.
En varias verificaciones técnicas aparecen referencias a ausencia de registros completos, problemas de control académico y falta de documentación vinculada a investigaciones y trabajos universitarios.
Ese escenario es el que hoy vuelve a escena más de una década después, justo cuando uno de los magistrados vinculados a esa universidad deberá integrar el tribunal que analizará el caso Hernán Rivas.
El caso vuelve en 2026
Durante años, toda esta documentación permaneció prácticamente fuera del debate público. El caso Hernán Rivas terminó reactivando expedientes, informes y respuestas oficiales que ya existían mucho antes del escándalo político.
En el currículum publicado en la página oficial del Poder Judicial, Capurro menciona expresamente el doctorado otorgado por la Universidad Sudamericana. Al mismo tiempo, los informes del MEC y del CONES muestran que existen vacíos relevantes sobre ese programa académico y sobre la documentación que debía respaldarlo.
Por eso, más allá del impacto político del caso Rivas, la situación abre una discusión mucho más profunda: cuántos títulos emitidos durante esos años realmente contaban con respaldo académico y administrativo verificable, y cuánto de todo eso permaneció invisible hasta que uno de esos nombres terminó sentado dentro del tribunal que ahora deberá juzgar un presunto título falso.
Documento 1: informe del MEC sobre el doctorado de Héctor Capurro y vacíos detectados en el programa académico.
Documento 2: informe del CONES sobre la intervención de la Universidad Sudamericana en 2015.
