La investigación sobre Hugo Farías suma un punto clave. En el informe remitido al fiscal general Emiliano Rolón, la fiscala Sophia Galeano advierte que no presentó su declaración jurada de egreso tras dejar el cargo de juez de Faltas de la Municipalidad de Luque en agosto de 2025. Además, al verificar el portal público de la Contraloría General de la República (CGR), tampoco se visualiza ese documento.
Farías, hoy precandidato a intendente por el movimiento Honor Colorado (cartismo), deja así un vacío en el control patrimonial en el momento más relevante: su salida del Estado. El caso ya fue derivado a la Unidad de Delitos Económicos, donde se analizan posibles hechos como enriquecimiento ilícito.
Documento fiscal señala que Farías no presentó su DDJJ de egreso y detecta inconsistencias entre ingresos y patrimonio declarado.
Una obligación legal que no aparece
La Ley N.º 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, establece en su artículo 3 que todo funcionario debe presentar su declaración jurada al ingresar, durante el ejercicio y al egresar del cargo. Además, la normativa fija un plazo: la declaración de egreso debe presentarse dentro de los 15 días posteriores al cese en funciones.
En este caso, la Fiscalía advierte la omisión y el documento no aparece en el registro público. Esto impide cerrar el ciclo de control patrimonial, ya que sin declaración de egreso no se puede determinar con qué bienes el funcionario dejó la función pública.
La normativa también prevé consecuencias. El incumplimiento dentro de ese plazo puede derivar en sanciones administrativas, multas (de hasta 300 jornales mínimos), cesantía e incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos, conforme a lo previsto en la ley y su aplicación por la CGR .
Es decir, si la Contraloría interviene y aplica sanciones, la situación administrativa de Farías podría verse comprometida, incluso en un escenario en el que resulte electo.
Extracto de la Ley 5033: no presentar DDJJ puede implicar multa, cesantía e inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos públicos.
Un patrón bajo análisis fiscal
La falta de la declaración final se suma a otras observaciones ya detectadas por la Fiscalía. Durante más de una década en funciones públicas, solo figuran dos declaraciones juradas (2018 y 2022).
A partir de esos registros, el informe advierte diferencias entre ingresos y bienes: ingresos cercanos a ₲ 6 millones mensuales frente a un patrimonio declarado de ₲ 2.176 millones, además de activos que no figuran en las declaraciones.
En ese contexto, la declaración de egreso se vuelve clave: es el documento que permitiría confirmar si ese crecimiento patrimonial es consistente o no.
Un caso que se amplía
El análisis patrimonial no surge de forma aislada. El caso se origina en un accidente laboral en la empresa Arte Culinario, propiedad de Aída Aquino de Farías, madre del precandidato, quien fue imputada. La firma además es proveedora del Estado en programas como Hambre Cero.
El informe también incluye a su hermano, Christian Raúl Farías Aquino, exfuncionario de Aduanas vinculado a empresas del sector, en un análisis que abarca posibles hechos como tráfico de influencias y lavado de dinero.
El foco ahora está en la Contraloría
La omisión de la declaración jurada de egreso ya fue advertida por la Fiscalía. A partir de ese punto, corresponde la intervención de la Contraloría General de la República, que debe verificar la situación y determinar las acciones administrativas que correspondan.
El dato es concreto: un precandidato a intendente no presentó el documento que cierra su patrimonio como funcionario.
La causa ya está en Delitos Económicos. La omisión está señalada en el informe fiscal.
El punto ahora es si los mecanismos de control van a actuar con la misma claridad con la que se expuso el caso.
