Un accidente laboral grave en Luque abrió una investigación que fue mucho más allá del hecho inicial. El caso se originó en la empresa Arte Culinario, propiedad de Aída Aquino de Farías, madre del candidato a intendente Hugo Farías, donde el joven Octavio Samuel Rodríguez perdió la mano operando una máquina trituradora, en condiciones que, según la Fiscalía, incluían ausencia de contrato, sin inscripción en el IPS y sin capacitación.
Ese mismo expediente derivó en otra línea de análisis. A partir de documentos públicos, informes municipales y declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, la fiscala Sophia Galeano detectó inconsistencias patrimoniales vinculadas al precandidato. El caso fue remitido a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo hipótesis que incluyen posibles hechos de enriquecimiento ilícito (Ley N.º 2523/04) y lavado de dinero. En paralelo, la empresa de su madre figura como proveedora en programas de alimentación escolar, incluyendo el esquema de Hambre Cero.
Hugo Farías junto a su madre, Aída Aquino, propietaria de la empresa investigada por la Fiscalía en Luque
Bienes que no cierran
El informe señala que Hugo Farías declaró como única fuente de ingreso su salario como juez de faltas municipal, cercano a ₲ 6 millones mensuales. Sin embargo, la Fiscalía identifica bienes que no se corresponden con ese nivel de ingresos.
Entre ellos aparecen dos inmuebles en Luque por ₲ 1.800 millones y cinco vehículos por más de ₲ 376 millones. Pero el punto más relevante es una camioneta Toyota Land Cruiser, valuada en aproximadamente ₲ 1.300 millones, que no figura en sus declaraciones juradas.
Nota remitida por la fiscala Sophia Galeano al fiscal general, que expone inconsistencias patrimoniales de Hugo Farias
Al incorporar ese bien, el patrimonio real estimado supera los ₲ 3.476 millones, frente a los ₲ 2.176 millones declarados, lo que constituye un indicio de posible ocultamiento patrimonial.
A esto se suman maquinarias pesadas, como una retroexcavadora y una motoniveladora, utilizadas públicamente pero no registradas, ampliando las dudas sobre la correspondencia entre ingresos y bienes.
Declaración que no presentó
El informe también deja constancia de un punto clave: Hugo Farías no presentó su declaración jurada de egreso tras su renuncia en agosto de 2025, obligación establecida para funcionarios públicos ante la Contraloría.
Este documento es fundamental porque permite establecer el estado final del patrimonio al salir del cargo. Su ausencia impide verificar con precisión la evolución de sus bienes durante su paso por la función pública.
De acuerdo con la normativa vigente, la falta de presentación de la declaración jurada puede derivar en sanciones administrativas y restricciones legales, además de constituir un elemento relevante dentro de investigaciones por inconsistencias patrimoniales.
El circuito familiar
La investigación también alcanza al entorno directo. El informe menciona a Christian Raúl Farías Aquino, hermano del precandidato, quien se desempeñó en la Dirección Nacional de Aduanas mientras era accionista de empresas vinculadas al comercio exterior, como Servigroup Paraguay S.A. y Royalboxcargo S.A.
Según la Fiscalía, esta situación configura una posible incompatibilidad funcional grave y eventual tráfico de influencias, al combinar funciones de control estatal con participación en actividades privadas del mismo rubro.
Además, se detecta un vínculo económico directo: el hermano registra cuentas a cobrar donde la deudora es su propia madre, propietaria de la empresa investigada, lo que evidencia un circuito financiero dentro del grupo familiar.
Contratos, propiedad y el avance del caso
El informe se inscribe en un contexto donde la empresa familiar mantiene relaciones contractuales con el Estado, incluyendo la provisión de alimentación escolar en la Municipalidad de Luque.
A esto se suma otro elemento relevante: registros muestran que una propiedad vinculada a Hugo Farías ha sido alquilada al propio Ministerio Público, institución que hoy interviene en el caso. Este dato introduce un factor adicional en el análisis público sobre la relación entre actores políticos y estructuras estatales.
En ese escenario, el avance de la investigación cobra especial importancia. La causa fue derivada a Delitos Económicos, pero el desarrollo del expediente aún genera interrogantes sobre la velocidad y profundidad con la que se están abordando los indicios detectados en el informe fiscal.
El informe de la fiscala Sophia Galeano no cierra la causa, pero redefine su alcance. Lo que comenzó como un accidente laboral terminó abriendo una investigación patrimonial en curso.
La máquina que causó el hecho inicial dejó una marca visible. Pero el expediente empezó a mostrar otra dimensión: la de un esquema de bienes, relaciones familiares y vínculos con el Estado que ahora deberá ser analizado en profundidad.
