La mañana del 13 de febrero de 2026, Tobías Ariel Suárez salió de su casa en el barrio Tayazuapé de San Lorenzo en medio de una tormenta. Tenía 12 años, vendía empanadas para ayudar a su familia y había vuelto de Argentina años atrás por sus problemas de asma. Lo que parecía un trayecto cotidiano hacia una despensa cercana terminó en tragedia cuando fue absorbido por un ducto de desagüe pluvial en construcción sobre la calle Primero de Mayo, una obra pública que debía estar concluida meses antes, pero que seguía inconclusa, sin protección suficiente y con riesgos evidentes. Su cuerpo apareció seis días después, a cinco kilómetros del punto de desaparición, tras una búsqueda que movilizó a más de 600 personas.
Hoy, a dos meses del hecho, el lugar sigue exponiendo a vecinos y niños a peligros similares. El recorrido por la zona muestra que el dragado permanece abierto, con tierra acumulada a los costados, pozos profundos sin vallado integral y señalizaciones precarias limitadas a redes improvisadas. En términos prácticos, una nueva lluvia fuerte podría volver a convertir la calle en una trampa mortal. La muerte de Tobías no solo expuso una falla trágica: reveló la persistencia de condiciones de riesgo en una obra financiada con dinero público.
Imagen actual de la calle dónde ocurrió la tragedia
Una obra millonaria inconclusa
La Municipalidad de San Lorenzo, con el intendente Felipe Salomón como máxima autoridad y firmante del contrato, adjudicó el proyecto de drenaje pluvial y mejoramiento vial a Constructora Pereira Thalmann S.R.L., representada por el dirigente colorado Enrique Pereira Thalmann, por ₲ 8.321.333.294 (USD 1,2 millones). El contrato fue firmado el 30 de abril de 2025, con entrega prevista para noviembre de ese año. El fiscalizador de obras señalado en el proceso fue el ingeniero Francisco Benítez.
Sin embargo, el 28 de julio recibió una adenda que elevó el monto en 20% adicional (USD 234.000) y extendió el plazo hasta el 18 de diciembre de 2025. Pese a esa prórroga y ampliación presupuestaria, Tobías murió casi dos meses después de la fecha límite, el 13 de febrero de 2026, en un tramo que seguía representando un riesgo letal. Esto abre cuestionamientos sobre fiscalización, cumplimiento contractual y responsabilidades concretas tanto de la empresa como de los organismos municipales encargados del control.
Persisten pozos profundos sin protección integral
Antecedentes y controles bajo cuestionamiento
La empresa adjudicada ya arrastraba antecedentes por obras abandonadas detectadas por la Contraloría General de la República en Luque en 2009, con un daño patrimonial estimado en ₲ 103.720.765. Pese a esos antecedentes, continuó accediendo a licitaciones públicas.
Más allá del proceso penal, el caso reabre un problema estructural: cómo empresas con observaciones previas continúan ejecutando infraestructura crítica sin sanciones visibles o controles reforzados. La excavación donde murió Tobías debía contar con medidas de seguridad y protección adecuadas. Dos meses después, la persistencia de riesgos en el lugar mantiene vigente esa pregunta.
Esta es la zona donde Tobías fue visto por última vez
Según expertos así debía ser protegida la zona
Pericias demoradas y denuncia de desigualdad
Mientras el sitio sigue representando peligro, la causa judicial también enfrenta cuestionamientos. La familia de Tobías y su abogado, Miguel Godoy, denuncian que el laboratorio forense del Ministerio Público aún retiene pericias clave bajo responsabilidad de la doctora Alejandra Torres, pese a que el plazo habitual ronda entre 20 días y un mes. Según relatan, el fiscal Ever García había asegurado que el informe estaría disponible en aproximadamente un mes.
Para la familia, el retraso frena la determinación de culpabilidades. Para su defensa, también refleja una desigualdad más profunda: que la velocidad institucional puede variar según el origen social de la víctima.
La intervención descartada
Días después de la tragedia, la Junta Municipal de San Lorenzo aprobó solicitar la intervención de la Contraloría General de la República para investigar lo ocurrido. Sin embargo, apenas una semana más tarde, el intendente Felipe Salomón remitió una nota para revertir esa medida, y varios concejales acompañaron el retroceso.
La intervención quedó descartada. En medio de una tragedia provocada por una obra municipal inconclusa, la decisión política frenó una instancia de control externo que buscaba auditar responsabilidades sobre lo ocurrido.
