El accidente ocurrió en un entorno que hasta entonces no estaba bajo el foco público. Un joven de 20 años, Octavio Samuel Rodríguez Contreras, perdió la mano mientras operaba una máquina en una empresa vinculada a la familia del candidato a intendente de Luque, Hugo Farías. Lo que comenzó como un hecho laboral grave terminó abriendo una cadena de preguntas que hoy escalan a nivel fiscal, al punto de dejar de ser un episodio aislado para convertirse en un caso institucional.
En pocas semanas, la situación tomó distintos caminos. La fiscala Sophia Galeano inició la investigación por el accidente laboral, mientras que el fiscal general Emiliano Rolón confirmó que existen dos líneas de análisis: una penal por lesiones y otra por posibles manejos económicos y patrimoniales, ya remitida a la Unidad de Delitos Económicos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo intervino para verificar las condiciones laborales, consolidando un escenario donde se cruzan empresa, Estado y política.
Hugo Farías junto a su madre, Aída Aquino, propietaria de la empresa proveedora de almuerzo escolar en Luque.
Contratos y empresa familiar
El eje económico del caso se concentra en la empresa Instituto de Arte Culinario, propiedad de Aída Dianora Aquino de Farías, madre del candidato. Los registros oficiales muestran que la firma se consolidó como proveedora del Estado en los últimos años, principalmente en el rubro de alimentación.
Solo entre 2023 y 2025, la empresa acumuló adjudicaciones que superan los ₲ 30.000 millones, distribuidos entre distintas instituciones públicas. Entre los contratos más relevantes figuran más de ₲ 15.600 millones con el Ministerio de Educación para provisión de almuerzo escolar, ₲ 3.800 millones con la Municipalidad de Luque y otros contratos con hospitales, municipios y entidades públicas que elevan el volumen total.
Estos montos ubican a la empresa dentro del circuito relevante de proveedores del Estado, con participación directa en programas sensibles como Hambre Cero, donde se manejan recursos públicos destinados a alimentación.
Vehículo de la empresa Arte Culinario, encargada del almuerzo escolar, durante distribución de alimentos en Luque.
Accidente laboral y respuesta institucional
El hecho que detonó el caso involucra a Octavio Samuel Rodríguez Contreras, quien perdió una mano mientras trabajaba en la empresa. La denuncia describe condiciones laborales precarias: ausencia de contrato, falta de seguro social al momento del accidente y escasa o nula capacitación.
Tras el hecho, se intentó un acuerdo inicial de ₲ 5 millones, que luego derivó en propuestas mayores. El Ministerio Público imputó a la madre de Farías, mientras que el Ministerio de Trabajo inició una verificación para determinar si la empresa cumplía con el registro laboral, la afiliación al IPS y las normas de seguridad.
El propio fiscal general Emiliano Rolón fue contundente: este no es solo un accidente. Confirmó que existen dos cúmulos de denuncias y que el componente patrimonial ya fue remitido a Delitos Económicos para su análisis, elevando el caso a un nivel superior dentro del sistema penal.
Clan Farías
Detrás del candidato aparece una estructura familiar con presencia tanto en el ámbito empresarial como en el Estado.
Su madre, Aída Aquino, lidera la empresa proveedora del Estado. Su hermano, Christian Raúl Farías Aquino, se desempeñó en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con un salario cercano a ₲ 9 millones, y fue comisionado a ESSAP hasta diciembre de 2025.
La denuncia también menciona a otros integrantes del entorno familiar, como Osvaldo Farías y Zenia Zárate, además de empresas vinculadas como Royalbox Central Luque, Servigroup Paraguay y Zárate Equipamientos. Este conjunto configura un entramado que combina actividad empresarial, presencia en instituciones públicas y participación política.
Patrimonio bajo análisis
El segundo frente del caso se centra en el patrimonio de Hugo Farías. Según sus declaraciones juradas, registra bienes por más de ₲ 2.100 millones, sin deudas, mientras su principal ingreso durante años fue su salario como juez de faltas municipal, cercano a los ₲ 6 millones mensuales.
Esta diferencia motivó la intervención de la Fiscalía, que ya remitió el caso a la Unidad de Delitos Económicos para un estudio de correspondencia entre ingresos y patrimonio.
A esto se suma otro elemento relevante: la exhibición pública de maquinaria pesada utilizada en barrios de Luque, incluso con referencias a su actividad política. Estas máquinas no figuran en sus declaraciones juradas, lo que abre nuevas interrogantes sobre su origen y propiedad.
Política y presión
El avance del caso se da en un contexto de interna en el cartismo en Luque. Hugo Farías compite dentro de su propio sector contra el también candidato cartista Diego Candia, lo que agrega tensión política al escenario.
En ese marco, el caso generó reacciones directas. El diputado Rodrigo Gamarra y el senador Derlis Maidana, ambos alineados políticamente con el proyecto de Farías, cuestionaron públicamente la actuación de la fiscala Sophia Galeano e indicaron que estarían atentos desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En el terreno político local, también circulan versiones que ubican al sector de Farías dentro de una lógica de poder que durante años tuvo influencia en la ciudad, asociada a la figura de Ramón González Daher, hoy condenado. Sin afirmaciones formales, ese antecedente vuelve a aparecer como parte del contexto en el que se desarrolla la disputa.
El caso Farías ya no gira solo alrededor de una candidatura: un accidente laboral abrió una grieta que hoy conecta contratos públicos, patrimonio, familia y poder político en una misma escena, en una ciudad donde las disputas no empiezan de cero y donde cada historia que se destapa suele dejar ver algo más profundo.
