Cada vez que la pelota rodó en un torneo de la CONMEBOL, el Estado paraguayo pagó la cuenta. Durante 2024, la Policía Nacional movilizó 16.197 agentes para custodiar 34 eventos oficiales de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con combustible, patrulleras, logística y horas extra cubiertas íntegramente por el presupuesto público.
Según documentación obtenida por Parámetro, el costo incremental promedio por agente —entre viáticos, combustible y logística— fue de 570.000 guaraníes, equivalente a unos 80 dólares.
En conjunto, el gasto total ascendió a 1,3 millones de dólares, destinados exclusivamente a la seguridad de eventos privados sin que la CONMEBOL pagara un solo guaraní en compensación.
Alejandro Dominguez, presidente de la CONMEBOL
El operativo más costoso: Luqueño vs. Racing
El operativo policial más grande de 2024 se realizó durante el partido entre Sportivo Luqueño y Racing Club de Avellaneda, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Según la planilla oficial del Departamento de Planificación de Operaciones Policiales (DPOP), 1.316 agentes fueron desplegados para ese encuentro, el número más alto del año.
El costo estimado de esa movilización fue de 107.000 dólares, considerando viáticos, combustible y logística.
Sportivo Luqueño vs Racing Club en Paraguay (2024).
En el otro extremo, el encuentro entre Nacional y Sport Huancayo registró la cobertura más baja, con 187 efectivos y un gasto de 15.200 dólares.
El contraste ilustra la magnitud del gasto estatal: un solo partido internacional puede consumir recursos equivalentes a la dotación mensual de varias comisarías del área metropolitana.
Un modelo que el Estado no controla
Los balances de la CONMEBOL al 31 de diciembre de 2024 reportaron ingresos por 849,8 millones de dólares, utilidades netas de 112 millones y un patrimonio de 273 millones.
En Paraguay, su aporte fiscal representó apenas el 0,3 % de lo facturado —unos 2,6 millones de dólares, según la DNIT—, mientras el Estado asumió los costos de seguridad de todos sus torneos.
En el catastro municipal de Luque, la sede de la Confederación figura desde 2012 como “baldío”, lo que le permitió no pagar impuesto inmobiliario ni patente comercial.
Este esquema podría resultar en una forma de evasión fiscal o facilitarla.
Agentes de la Policía y Grupo Lince en las afueras del Defensores del Chaco. Foto: Policía Nacional
Además, fuentes policiales confirmaron que dos suboficiales —Jorge Daniel Ríos y Oscar Daniel Yahari Romero— estuvieron asignados de manera permanente a la custodia personal del presidente Alejandro Domínguez, con un costo anual estimado de 240 millones de guaraníes, unos 34.000 dólares.
Ninguna institución privada debería disponer de personal policial exclusivo, pero la práctica continuó durante todo el año.
Seguridad pública para ganancias privadas
Mientras el Observatorio Nacional de Seguridad registró en el primer semestre de 2023 un total de 1.678 robos y 2.914 hurtos en todo el país, miles de policías fueron redirigidos en 2024 para custodiar partidos con entradas de hasta 200 dólares y premios millonarios.
El episodio de violencia en Avellaneda, durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, dejó heridos, destrozos y un operativo policial desbordado. Fue el reflejo de un modelo donde los costos y riesgos recayeron sobre los Estados, mientras las ganancias se concentraron en una entidad privada.
Ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero: Foto: Policía Nacional
El contraste fue evidente: seguridad ciudadana versus seguridad empresarial. En Paraguay, los recursos policiales que faltaron en las calles se destinaron a eventos de alto lucro. En los hechos, el país subsidió con su seguridad el negocio más rentable del continente.
Qué hacen otros países
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Alemania: el Tribunal Constitucional Federal confirmó en 2025 que los Estados federados pueden cobrar a la liga (DFL) los operativos de “alto riesgo”. Bremen ya factura millones de euros al año por ese concepto.
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Reino Unido: los clubes pagan los Special Police Services dentro del estadio, pero el Estado aún cubre la seguridad en la vía pública. Los contribuyentes asumen cerca de 70 millones de libras anuales, y existe presión política para trasladar ese gasto a las ligas.
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España: sindicatos policiales reclaman que LaLiga pague los operativos, estimados en 15 millones de euros al año. Cataluña ya aplica tasas a clubes en partidos de alto riesgo para aliviar el presupuesto de Interior.
Paraguay, en cambio, no recuperó nada. No existe una ley que obligue a la CONMEBOL —ni a ningún organizador privado— a cubrir los gastos de seguridad extraordinaria. Todo corrió por cuenta del Estado, incluso la custodia personal de su presidente.
Una lección pendiente
La final de la Copa Sudamericana 2024 dejó un saldo claro: hoteles colmados, consumo masivo y ganancias privadas millonarias, pero los costos de seguridad recayeron otra vez en el Estado paraguayo.
El modelo sigue siendo insostenible: el Estado financia el riesgo, y los privados se quedan con el rédito.
La pregunta final permanece abierta —y más vigente que nunca—:
¿hasta cuándo el Paraguay seguirá pagando con su seguridad los privilegios del fútbol más rico del continente?
