El viaje de Santiago Peña a Caracas del 19 de septiembre volvió a colocar en agenda una deuda que Paraguay arrastra desde hace casi dos décadas. Antes de la reunión con Delcy Rodríguez, el canciller Rubén Ramírez Lezcano confirmó que el reclamo de PDVSA formaba parte de los temas a tratar. El encuentro terminó con un comunicado sobre normalización de las relaciones, economía y cooperación, pero sin anunciar un acuerdo sobre la deuda de Petropar.
Tanques de almacenamiento de Petropar en la planta de Villa Elisa.
Detrás de la cifra que hoy se resume en “unos US$ 300 millones” existe un dato más incómodo. La Contraloría General de la República dejó asentado que Petropar mantenía 13 facturas impagas de 2008 y 2009 correspondientes a combustibles que ya habían sido comercializados. El capital registrado era de US$ 265.885.774,16.
La pregunta, entonces, sigue siendo la misma: si el combustible llegó a Paraguay y fue vendido, ¿cómo quedó una deuda de semejante tamaño?
Un acuerdo que parecía conveniente
Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez durante un encuentro bilateral.
El origen está en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, firmado en 2004 durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez y aprobado por el Congreso paraguayo mediante la Ley 2616/2005. El esquema permitía financiar parte de las compras de hidrocarburos hasta por 15 años, con hasta dos años de gracia y una tasa anual del 2%.
Entre 2008 y 2009, PDVSA facturó a Petropar US$ 365,2 millones en 13 operaciones. Una auditoría posterior registró pagos iniciales por US$ 95,7 millones y un saldo de US$ 269,5 millones. La deuda fue refinanciada y Petropar realizó luego una amortización de unos US$ 20 millones de capital, hasta quedar en los US$ 265,9 millones que siguen siendo el núcleo de la obligación.
La Contraloría también cuestionó condiciones incorporadas posteriormente a la relación comercial que se apartaban de lo previsto en el acuerdo aprobado por ley. Esa diferencia terminaría siendo uno de los puntos centrales de la disputa sobre los intereses.
Se vendía combustible, pero faltaba caja
Camión cisterna de Petropar utilizado para el transporte de combustibles.
Que el combustible haya sido comercializado no significa que pueda afirmarse que US$ 266 millones “desaparecieron”. La documentación pública disponible no permite seguir dólar por dólar el destino de los ingresos producidos por aquellas ventas.
Sí permite reconstruir parte del contexto financiero de Petropar. La Contraloría describió durante aquellos años una empresa con problemas de liquidez y obligaciones importantes con proveedores. Incluso en ejercicios posteriores siguió observando que la estatal mantenía la deuda con PDVSA pese a que el combustible correspondiente ya había sido comercializado.
Ese cuadro ayuda a explicar una parte del problema. Vender combustible no significaba necesariamente disponer en ese momento de todo el efectivo para cancelar al proveedor. Pero tampoco responde por completo qué ocurrió con los recursos generados por aquellos cargamentos.
Complejo Refinador de Amuay, Venezuela. PDVSA fue la contraparte de Petropar en las operaciones de combustible que terminaron originando la deuda.
Los US$ 299 millones son una cifra de 2019
Este punto necesita una precisión. Los US$ 299 millones que aparecen reiteradamente cuando se habla del caso no constituyen un cálculo actualizado de la deuda a 2026.
La cifra corresponde al cierre del ejercicio 2019. La auditoría de los estados financieros de Petropar registró entonces US$ 265.885.774,16 de capital y US$ 33.117.550,31 de intereses moratorios provisionados al 2% anual. El total contable al 31 de diciembre de aquel año fue de US$ 299.003.324,47.
Hoy las autoridades paraguayas continúan hablando públicamente de una obligación cercana a US$ 300 millones. Pero esa referencia no debe confundirse con el cálculo contable de 2019 ni con la pretensión final de PDVSA, precisamente porque el monto de los intereses continúa en discusión. Antes del viaje a Caracas, Cancillería volvió a reconocer esa diferencia entre las partes.
Sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París.
El arbitraje sigue sin un cierre público
PDVSA llevó el caso en 2016 ante un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. El procedimiento quedó suspendido en marzo de 2019 y, en enero de 2026, el tribunal pidió a ambas partes sus posiciones sobre la eventual reanudación. El memorando oficial paraguayo emitido este año señalaba que, a la fecha de su elaboración, la suspensión todavía no había sido levantada y no existía una decisión sobre el fondo.
En abril, el presidente de Petropar, William Wilka, informó que se preveían audiencias entre agosto y octubre de 2026. Al 24 de septiembre, El Parámetro no encontró una comunicación oficial de Petropar ni otra constancia pública que permita confirmar que esas audiencias ya se realizaron. El periodo anunciado por la propia estatal, además, todavía no terminó.
La visita de Peña a Caracas devuelve ahora una dimensión política a un conflicto comercial y jurídico que nunca desapareció. La deuda estaba entre los asuntos anticipados antes del encuentro, pero la información oficial difundida después de la reunión no anunció una negociación cerrada ni un nuevo monto acordado.
Acceso a la planta de Petropar en Villa Elisa.
Casi veinte años después, lo comprobado sigue siendo sencillo de resumir: PDVSA entregó combustible, Petropar lo comercializó y quedó un capital pendiente de casi US$ 266 millones. Lo que continúa abierto es cuánto debe agregarse por intereses y por qué vía terminará resolviéndose.
El combustible hace mucho salió de los tanques. La factura todavía sigue sobre la mesa.
Fuentes consultadas: Contraloría General de la República; Ley 2616/2005 y Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas; auditoría de estados financieros de Petropar 2019; Ministerio de Economía y Finanzas, Offering Memorandum 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores; Agencia IP; Petropar.
