La administración de Rodrigo Nicora prepara uno de los mayores contratos de alimentos del Estado. La compra podrá comprometer G. 137.360 millones, unos US$ 23 millones, y abastecerá al sistema penitenciario hasta 2028. El proceso llegó dos veces a Contrataciones Públicas por las condiciones para competir.
Un pliego bajo disputa
Grimex SA protestó contra el llamado 478407 al considerar que varias exigencias restringían la participación. Contrataciones le dio parcialmente la razón. Justicia tuvo que ampliar el periodo para demostrar experiencia y flexibilizar los documentos exigidos.
Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, muestra dos platos de comida durante una visita a una cocina penitenciaria
La DNCP también ordenó aclarar que los ocho vehículos requeridos corresponden a cada empresa y no a cada grupo de productos. Grimex consideró insuficientes los cambios y pidió revisar nuevamente la decisión.
Contrataciones abrió la reconsideración el 11 de septiembre. Mientras vuelve a analizar el pliego, Justicia continúa con una compra cuyos requisitos siguen en discusión.
Alimentos para 31 cárceles
El pliego contempla 57 productos que serán distribuidos en 31 establecimientos penitenciarios. Según el Ministerio, el contrato debe garantizar comida para unas 19.000 personas privadas de libertad.
Justicia argumenta que esa dimensión requiere entregas cada quince días. Por eso exige a cada competidor ocho vehículos, 18 trabajadores inscriptos en el IPS y un depósito de 500 metros cuadrados.
Las condiciones también se aplican a quien pretenda ofertar solo algunos productos. El pliego no ajusta la capacidad exigida al volumen que asumirá cada proveedor y puede dejar el negocio al alcance de pocas empresas.
La alerta surgió antes de la protesta. Técnicos de Contrataciones señalaron durante la revisión previa que algunos criterios eran subjetivos y que la experiencia solicitada podía limitar la participación.
El portal registra 53 consultas de interesados y ninguna respuesta publicada. Varias firmas cuestionaron los vehículos, los empleados, el depósito y la experiencia requerida. Grimex fue la que llevó el reclamo al expediente.
Un negocio que creció
La licitación de 2025 tenía un monto máximo de G. 59.892 millones. El nuevo proceso supera el doble de esa cifra. Incluye más productos y un periodo mayor, pero el salto muestra la dimensión que alcanzó el negocio.
Cerca de la mitad del dinero se concentra en carne vacuna, carne porcina, pollo y proteína de soja. Los valores estimados de las carnes aumentaron frente al proceso anterior, lo que obliga a revisar cómo fueron calculados y si responden al mercado.
Para defender el pliego, Justicia aseguró que al menos diez empresas podían cumplirlo. Citó a Casa Modiga, Granos y Aceites, Beltrom, El Castillo, M&F y Marcio Feris. Varias ya habían obtenido contratos en la compra anterior.
La respuesta oficial refuerza el cuestionamiento. El Ministerio defiende sus exigencias señalando a un grupo de firmas que cuenta con toda la estructura requerida y que, en varios casos, ya hizo negocios con la institución.
El resultado es un llamado construido alrededor de proveedores conocidos y filtros que pocas empresas pueden superar. La competencia real dependerá de cuántas logren acreditar toda esa estructura.