Paraguay llega a la presentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 con un Estado que maneja considerablemente más recursos que hace seis años. El presupuesto pasó de G. 86,3 billones en 2020 a G. 149,6 billones en 2026, un aumento nominal de alrededor del 73%. Pero detrás de ese crecimiento hay una distribución que no avanzó de manera uniforme: mientras algunas áreas acompañaron la expansión, otras perdieron participación y una parte importante de los recursos está comprometida con salarios, transferencias, deuda y operaciones financieras.
Un presupuesto que creció
La evolución de los últimos años muestra con claridad el salto. El PGN fue de G. 86,3 billones en 2020, subió a G. 92,3 billones en 2021 y a G. 96,8 billones en 2022. En 2023 llegó a G. 105,4 billones, en 2024 alcanzó G. 116,6 billones y en 2025 trepó a G. 133,2 billones. El presupuesto promulgado para 2026 finalmente quedó en G. 149,6 billones.
El crecimiento no significa, sin embargo, que el Estado tenga 73% más capacidad de compra que en 2020. Durante estos años también aumentaron los precios, con picos de inflación de 6,8% en 2021 y 8,1% en 2022, según el Banco Central del Paraguay (BCP). Aun considerando ese efecto, el presupuesto creció por encima de la inflación acumulada.
El PGN fue de G. 86,3 billones en 2020, subió a G. 92,3 billones en 2021, G. 96,8 billones en 2022. En 2023, G. 105,4 billones, en 2024 alcanzó G. 116,6 billones y en 2025, G. 133,2 billones. Foto: Gentileza.
Tampoco todos esos recursos se traducen directamente en más hospitales, escuelas o rutas. El PGN reúne los gastos de toda la estructura estatal. En 2026, 24,1% corresponde a servicios personales, 18,3% a transferencias, 15,2% a inversión financiera y 12,2% al servicio de la deuda. La inversión física representa 8,7%.
El último aumento permite dimensionar mejor esta diferencia. Al preparar el presupuesto 2026, el MEF explicó que la Administración Central sumaba unos G. 5,3 billones respecto al año anterior. De ese incremento, G. 1,8 billones correspondían a salarios de sectores estratégicos, G. 1,3 billones a deuda y G. 1,4 billones a transferencias. En las entidades descentralizadas, otros G. 4,9 billones del aumento estaban relacionados con préstamos, garantías y servicios financieros del BNF y la AFD.
Salud acompañó, Educación no
La comparación con dos servicios esenciales muestra mejor cómo se repartió el crecimiento. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) tenía un presupuesto inicial de unos G. 6 billones en 2020. Para 2026 llegó a aproximadamente G. 10,3 billones, un aumento cercano al 71%.
Salud, por tanto, creció casi al mismo ritmo que el PGN. Sin embargo, la trayectoria estuvo marcada por la pandemia. Su participación alcanzó alrededor del 8,5% del presupuesto nacional en 2022, pero posteriormente volvió a descender hasta ubicarse cerca del 6,9% en 2026.
En Educación ocurrió algo distinto. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) pasó de G. 7,6 billones en 2020 a aproximadamente G. 10,4 billones en 2026, un crecimiento cercano al 36%. En el mismo periodo, el PGN aumentó 73%.
Esto hizo que Educación perdiera peso dentro del presupuesto: pasó de representar alrededor del 8,8% del PGN en 2020 al 6,9% en 2026. No recibió menos dinero en términos nominales, pero sus recursos avanzaron prácticamente a la mitad del ritmo al que creció el presupuesto nacional.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) tenía un presupuesto inicial de unos G. 6 billones en 2020. Para 2026 llegó a aproximadamente G. 10,3 billones. Foto: Gentileza.
¿Quién decide cuánto gastar?
El monto que puede gastar el Estado no se define simplemente sumando los pedidos de cada institución. Ministerios y demás organismos elaboran sus anteproyectos, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los analiza y consolida teniendo en cuenta los ingresos esperados, las posibilidades de financiamiento, las prioridades del Ejecutivo y los límites fiscales.
Uno de esos límites es el déficit. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece como regla un déficit anual de la Administración Central de hasta 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso obliga a relacionar lo que el Estado pretende gastar con lo que espera recaudar y con la deuda que puede asumir.
El Ejecutivo tampoco tiene la última palabra. La Constitución establece que debe presentar el proyecto al Congreso a más tardar el 1 de septiembre. Allí pasa por la Comisión Bicameral de Presupuesto y posteriormente por Diputados y Senadores, que pueden modificar las asignaciones.
La diferencia puede verse en el presupuesto vigente. Para 2026, el Ejecutivo presentó inicialmente G. 149,2 billones. Tras el tratamiento legislativo, la Ley N.º 7609 terminó autorizando G. 149,6 billones.
El Ejecutivo debe presentar el proyecto al congreso el 1 de septiembre. Allí pasa por la Comisión Bicameral de Presupuesto y posteriormente por Diputados y Senadores, que pueden modificar las asignaciones. Foto: Gentileza.
Cómo llega al ciudadano
Aunque se expresa en billones de guaraníes, el presupuesto termina reflejándose en decisiones mucho más cercanas: cuántos medicamentos puede comprar Salud, qué recursos existen para escuelas y docentes, cuánto puede invertirse en rutas, qué fondos se destinan a seguridad o cuánto debe reservarse para pagar deuda y jubilaciones.
Por eso, un aumento del PGN por sí solo dice poco sobre la mejora de los servicios. Importa cuánto crece, pero también qué parte recibe cada sector y cuánto de los nuevos recursos ya está comprometido con obligaciones existentes.
La evolución desde 2020 deja una referencia para leer el próximo presupuesto: mientras el PGN aumentó 73%, Salud creció cerca del 71% y Educación alrededor del 36%. Con esa fotografía como punto de partida, el proyecto para 2027 permitirá observar no solo cuánto más pretende gastar el Estado paraguayo, sino hacia dónde propone dirigir ese crecimiento.
