El 18 de agosto de 1998, Raúl Cubas Grau llevaba apenas tres días en el Palacio de López cuando tomó la decisión que marcaría su breve gobierno. Mediante el Decreto Nº 117, conmutó la condena de diez años de prisión militar impuesta a Lino Oviedo y ordenó su liberación. No era una decisión inesperada: sacar al exgeneral de prisión había sido una de las principales promesas de la campaña que llevó a Cubas a la Presidencia. Pero hacerlo apenas asumió convirtió aquella promesa electoral en un conflicto de Estado. Durante los meses siguientes, Ejecutivo, Congreso y Corte Suprema protagonizarían una disputa cada vez más abierta alrededor de Oviedo.
Todo comenzó en 1996
Para entender aquella mañana hay que retroceder dos años. Los días 22 y 23 de abril de 1996, Oviedo, entonces comandante del Ejército, quedó enfrentado al presidente Juan Carlos Wasmosy durante una grave crisis militar. El expediente posteriormente abierto investigó supuestos delitos contra el orden y seguridad de las Fuerzas Armadas e insubordinación.
Lino Oviedo es recibido por simpatizantes tras quedar en libertad en 1998.
La pelea no terminó allí. Oviedo dejó las Fuerzas Armadas, entró de lleno en política y en 1997 derrotó a Luis María Argaña en las internas coloradas. Quedó así como candidato presidencial de la ANR, acompañado por Cubas.
Pero el 9 de marzo de 1998, un Tribunal Militar Extraordinario condenó a Oviedo a diez años de prisión. La Corte Suprema confirmó la sentencia el 17 de abril y su candidatura quedó fuera de carrera.
Cubas ocupó entonces su lugar y Argaña, precisamente el adversario interno derrotado por Oviedo, completó la chapa. La campaña convirtió la situación del exgeneral en bandera: “Cubas al poder, Oviedo en libertad”. El 10 de mayo, Cubas y Argaña ganaron con el 53,75% de los votos, una victoria contundente.
Tres días después
Cubas asumió el 15 de agosto. El 18 firmó el Decreto Nº 117 y conmutó la pena de Oviedo y del coronel José Manuel Bóveda. Oviedo recuperó inmediatamente su libertad.
El Congreso reaccionó y cuestionó la constitucionalidad de la medida. Según recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los legisladores repudiaron el decreto por considerar que violaba normas constitucionales, afectaba la independencia judicial y constituía un abuso de poder. El Legislativo llevó el caso ante la Corte Suprema.
El conflicto incluso tomó otro giro: un nuevo Tribunal Militar Extraordinario declaró posteriormente la nulidad de las actuaciones que habían llevado a la condena y sostuvo que esa decisión beneficiaba a Oviedo y Bóveda.
Lino Oviedo, rodeado de militares en el Palacio de Justicia durante la crisis política de los años 90.
La disputa ya no giraba solamente alrededor de un dirigente colorado. La pregunta era quién tenía la última palabra: el presidente, los tribunales militares, el Congreso o la Corte Suprema.
Un choque entre poderes
El 2 de diciembre de 1998, la Corte declaró inconstitucional el Decreto Nº 117 mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 415 y ordenó ejecutar la sentencia que había condenado a Oviedo.
Cubas no dispuso inmediatamente su regreso a prisión. Dos días después emitió otro decreto y remitió los antecedentes al Ministerio de Defensa, argumentando que cumplir la resolución era imposible porque el nuevo tribunal militar había sobreseído a Oviedo.
La tensión siguió creciendo. En febrero de 1999, el presidente de la Corte, Wildo Rienzi, reclamó nuevamente la reclusión. Cubas respondió que el presidente de la República “no se subordina al Presidente de la Corte Suprema de Justicia”.
El propio Congreso llegó a responsabilizar al Ejecutivo por lo que calificó como un “quiebre institucional”.
La CIDH dedicó un apartado de su informe sobre Paraguay a este enfrentamiento. Su preocupación ya no estaba centrada únicamente en la libertad de Oviedo, sino en el deterioro de la relación entre los poderes del Estado y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
De Oviedo a marzo
Siete meses después de aquella liberación, Paraguay entró en una crisis todavía mayor. El 23 de marzo de 1999 fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña, principal adversario político de Oviedo dentro del Partido Colorado.
El crimen aceleró el juicio político contra Cubas y llevó a miles de personas hasta las plazas frente al Congreso. Durante las jornadas que pasarían a la historia como el Marzo Paraguayo, siete jóvenes murieron y cientos de personas resultaron heridas, según documentó la CIDH.
Cubas renunció el 28 de marzo, poco más de siete meses después de asumir, y salió hacia Brasil. Oviedo abandonó Paraguay rumbo a Argentina.
La liberación del 18 de agosto no explica por sí sola todo lo que ocurrió después. Pero fue una pieza central de una disputa política e institucional que atravesó prácticamente todo el gobierno de Cubas y que terminó mezclándose con una de las mayores crisis de la transición democrática paraguaya.
