Una denuncia por corrupción, una investigación fiscal o incluso una imputación no dejarán necesariamente sin cobertura a las autoridades de Itaipú. La Binacional prepara la “Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil de Directores y Administradores (D&O) - Margen Derecha”, correspondiente a la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 0967-26, una póliza que cubrirá gastos de defensa de directores, consejeros, gerentes y determinados funcionarios cuando enfrenten reclamos o investigaciones vinculadas a sus funciones. La minuta es explícita en un punto especialmente sensible: una denuncia, imputación o acusación, así como una alegación de fraude, corrupción, enriquecimiento indebido o un acto contra la Administración Pública, no bastarán para cortar la cobertura de la defensa. Itaipú presupuestó US$ 500.000 para contratar el seguro durante 24 meses.
Cubiertos antes de la imputación
La protección puede comenzar incluso antes de que exista una imputación formal. La póliza contempla gastos generados durante investigaciones preliminares y otras actuaciones comprendidas en el seguro.
Para ponerlo en términos simples, funciona así: si Justo Zacarías Irún, Carlos Fernández Valdovinos u otro director o consejero alcanzado por la póliza enfrentara una investigación fiscal relacionada con sus funciones, el seguro podría cubrir los gastos de su defensa mientras no exista una decisión firme que determine una conducta excluida.
Justo Zacarías Irún junto al vicepresidente Pedro Alliana durante un evento de Itaipú.
No se trata solamente del abogado. La cobertura incluye honorarios de abogados, peritos y consultores, además de tasas, costas, gastos de investigación y otras erogaciones necesarias para defenderse ante autoridades judiciales, administrativas, fiscales, regulatorias o de control.
Y el respaldo previsto no es menor. Itaipú exige un límite máximo de indemnización de US$ 10 millones. Los propios documentos advierten que ese monto puede reducirse con los costos de defensa legal hasta incluso agotarse.
Hasta una decisión firme
La minuta establece que los gastos de defensa serán anticipados mientras dure el procedimiento. Incluso una alegación de dolo, fraude, corrupción, mala fe o enriquecimiento indebido no permite por sí sola que la aseguradora suspenda ese anticipo.
El límite aparece cuando la conducta dolosa queda probada. Los gastos continuarán cubiertos hasta que exista una sentencia firme, resolución administrativa definitiva o decisión equivalente que determine individualmente un acto doloso. En ese caso, la aseguradora podrá recuperar de esa persona los gastos directamente relacionados con la conducta probada.
El contraste es difícil de ignorar. Mientras una persona que no puede pagar un abogado debe recurrir al Ministerio de la Defensa Pública, Itaipú contratará por hasta US$ 500.000 una póliza para respaldar la defensa de su cúpula. Entre sus autoridades hay remuneraciones que superan los G. 100 millones mensuales.
Y la protección no termina necesariamente cuando dejan el cargo. La minuta incluye expresamente a personas que “hayan ejercido” funciones de administración o gestión y a cualquiera que “es, fue o será” miembro del Consejo de Administración o del Directorio Ejecutivo.
Ya pagó defensas
No es una cobertura que exista solo en el papel. Itaipú reconoce que actualmente tiene un seguro D&O y reveló que en 2025 una denuncia presentada ante el Ministerio Público por un proceso de contratación fue comunicada como siniestro. El caso continúa en fase preliminar y la aseguradora realizó un pago parcial de US$ 25.000, equivalente al 50% de su participación. Itaipú aclara que esto no implica reconocimiento de responsabilidad.
También hay antecedentes anteriores. En un proceso penal por calumnia contra un abogado que representaba a Itaipú, la póliza cubrió G. 300,5 millones en gastos de defensa. El proceso terminó por prescripción, con sobreseimiento definitivo.
En otro caso, una demanda laboral por supuesto acoso reclamaba G. 1.420 millones e incluía como codemandados a exdirectores. La demandante posteriormente desistió respecto de ellos, pero el seguro había cubierto US$ 33.000 en gastos de defensa.
Un seguro para la cúpula
La nueva póliza tendrá alcance mundial y alcanzará a actuales, anteriores y futuros integrantes de los principales órganos de conducción de la Margen Derecha, bajo las condiciones establecidas en la póliza. Itaipú pagará hasta US$ 500.000 por contratarla durante dos años y exige un límite máximo de indemnización de US$ 10 millones.
El proceso está actualmente en marcha. El Aditivo 1, emitido el 7 de agosto de 2026, modificó el calendario del llamado NE 0967-26 y fijó para el 24 de agosto de 2026 la recepción de ofertas y el inicio de la subasta electrónica.
El llamado deja una situación difícil de pasar por alto: una autoridad puede estar bajo investigación, imputada o acusada por hechos tan graves como corrupción o fraude y seguir contando con el respaldo económico del seguro para afrontar su defensa. La cobertura recién encuentra su límite frente a una decisión firme que determine un acto doloso.
