La Gobernación de Paraguarí, administrada por Norma Zárate, maneja este año un presupuesto de G. 133.547.607.137, aunque su Plan Anual de Contrataciones (PAC) prevé únicamente siete procesos licitatorios por G. 3.336.386.500. Mientras las adquisiciones realizadas mediante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deben publicarse a través de llamados abiertos, el presupuesto incorpora numerosas partidas del Grupo 800 – Transferencias, entre ellas aportes a organizaciones sin fines de lucro, un mecanismo mediante el cual esos recursos son ejecutados fuera del procedimiento ordinario de contratación pública.
Solo siete licitaciones
El PAC 2026 contempla únicamente siete llamados: una consultoría para gestión de gobierno, mantenimiento de vehículos y maquinarias, servicios menores para el parque automotor, compra de cubiertas, construcción de cocinas-comedor, adquisición de medicamentos y seguro médico para funcionarios.
En conjunto, esas licitaciones suman G. 3.336.386.500, una cifra reducida frente al presupuesto total que administra la Gobernación.
Las contrataciones realizadas mediante la DNCP se desarrollan a través de llamados abiertos, permitiendo conocer los pliegos, las empresas participantes, las ofertas, las adjudicaciones y los contratos resultantes.
Recursos ejecutados mediante transferencias
Mientras las compras públicas quedan limitadas a esos siete procesos, el presupuesto distribuye recursos mediante el Grupo 800 – Transferencias, utilizado en programas de becas, asistencia social, apoyo a productores, sistemas de agua potable, salud, caminos vecinales, pavimentación, construcción de puentes, espacios públicos, cultura y deportes.
Dentro de ese grupo figuran partidas destinadas a organizaciones sin fines de lucro e instituciones privadas, que ejecutan recursos sin que la Gobernación recurra a procesos de contratación pública abiertos para cada uno de esos programas.
El Programa de Alimentación Escolar (FONAE) merece un análisis separado. Aunque el presupuesto asigna más de G. 93.166 millones, ese monto no figura dentro del PAC 2026 y correspondería al pago de adjudicaciones realizadas en ejercicios anteriores, por lo que fue excluido del presente análisis.
Información que sigue sin conocerse
Con el objetivo de conocer el destino de esos recursos, se presentaron varios pedidos al amparo de la Ley N.º 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública, solicitando la nómina de organizaciones beneficiarias, representantes legales, RUC, convenios, contratos, montos transferidos, criterios de selección, informes de ejecución y rendiciones de cuentas.
También se requirió información sobre las obras ejecutadas mediante este mecanismo y la documentación que respalda las transferencias previstas en el presupuesto.
Además de los pedidos de acceso a la información, este medio se comunicó con la gobernadora Norma Zárate para conocer su versión sobre el mecanismo de ejecución de estos recursos y la identidad de las organizaciones beneficiarias. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Tampoco fueron remitidos los convenios, contratos y demás documentos solicitados, que permitirían identificar quiénes administrarán esos fondos públicos y bajo qué condiciones.
La falta de esa información impide reconstruir el recorrido completo de los recursos que serán ejecutados mediante transferencias y limita el control ciudadano sobre una parte importante del presupuesto departamental.
