El nombre de Víctor Antonio Martínez Sánchez no suele aparecer en los titulares, pero dentro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es sinónimo de poder. Director suplente y coordinador del Gabinete Técnico, Martínez es el funcionario que maneja los pliegos de las licitaciones más grandes: desde el proceso de adjudicación del espectro 5G hasta los contratos del software de gestión K2B. Bajo la administración del presidente Juan Carlos Duarte, su influencia se consolidó como pieza indispensable en un organismo que mueve millones sin pasar por el filtro del Ministerio de Hacienda.
Patrimonio en ascenso e inconsistencias
Las declaraciones juradas de Martínez ante la Contraloría reflejan un crecimiento sostenido de su patrimonio. En 2014 declaró G. 1.913 millones (USD 277.000); en 2024 la cifra trepó a G. 4.527 millones (USD 656.000), un aumento del 136% en una década.
El salto más marcado se dio en los depósitos bancarios y certificados de ahorro, que pasaron de G. 178 millones (USD 26.000) en 2014 a más de G. 2.143 millones (USD 311.000) en 2024, multiplicándose por doce. En paralelo, los intereses cobrados subieron de G. 24 millones (USD 3.500) en 2014 a G. 128 millones (USD 18.500) en 2024.
En todas sus declaraciones aparece un dato constante: cero pasivos. Martínez no declaró deudas ni préstamos en una década, algo inusual en un funcionario de carrera con variaciones patrimoniales de esta magnitud.
La mayor inconsistencia se observa en 2019. En enero declaró G. 3.300 millones (USD 478.000) en inmuebles; en diciembre, apenas G. 700 millones (USD 101.000). Desde entonces solo figura un inmueble con ese valor. No se detallan ventas ni transferencias, lo que deja abierta la pregunta sobre el destino de los bienes que justificaban esos tres mil millones iniciales.
La licitación 5G
En agosto de 2025, CONATEL adjudicó la banda de 3.500 MHz para el 5G, en un concurso que terminó dejando fuera a los grandes operadores Tigo y Personal por requisitos que limitaban proveedores de origen chino. Solo se presentaron Claro y la empresa argentina Nubicom.
El Estado recaudó alrededor de USD 4 millones (G. 27.600 millones), una cifra mínima si se compara con lo conseguido en países vecinos. Martínez defendió la estrategia “no recaudatoria”, señalando que el objetivo era garantizar inversión en infraestructura y evitar un impacto en las tarifas al usuario.
Hoy, Claro ya obtuvo su licencia, mientras que Nubicom sigue bajo revisión porque no acredita los 100.000 clientes que exige el pliego. “Si no cumplen, no se adjudica”, advirtió el propio Martínez.
El software K2B
Otro capítulo de su influencia es el software de gestión K2B, implementado en CONATEL bajo el nombre STAF (Sistema Técnico Administrativo Financiero). El contrato original se firmó en 2018 y desde entonces la institución licita servicios de soporte y mantenimiento.
En paralelo, el mismo software fue adoptado por el Banco Central del Paraguay, en una licitación de G. 28.141 millones (USD 4 millones) que estuvo marcada por impugnaciones, lo que evidencia la magnitud de los contratos que mueve K2B en el Estado paraguayo.
Duarte y las pasantías
La presidencia de Juan Carlos Duarte Duré, dirigente colorado cercano a Santiago Peña, marcó un giro en la política interna de CONATEL. Bajo su gestión, el presupuesto para pasantías universitarias superó los G. 5.200 millones (USD 754.000) en 2025.
El programa, concebido para apoyar a estudiantes, se transformó en un canal de ingreso masivo a la institución. Aunque oficialmente se lo defiende como una política de inclusión, algunos cuestionan que podría estar funcionando como sustituto de concursos permanentes, abriendo la puerta a un eventual uso político del mecanismo.
Con un funcionario que concentra licitaciones clave y un presidente que multiplica el gasto discrecional en pasantías, CONATEL se mantiene como una de las instituciones más influyentes y opacas en el manejo de fondos públicos.
