El cierre de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción es el eje de la protesta que hoy se desarrolla bajo el lema “por la vida, la tierra y la dignidad”. Para las comunidades, no es un cambio administrativo: es una forma de excluirlas del corazón político y mediático, donde se definen presupuestos y se visibilizan reclamos.
El discurso oficial habla de descentralización, pero los pueblos advierten que la intención es otra: marginalizarlos, alejarlos de los ministerios, del Congreso y de la prensa. Además, la decisión fue adoptada sin consulta previa, violando normas que obligan a escuchar a los pueblos indígenas antes de cualquier medida que los afecte.
Una mesa rota con el gobierno
El intento de diálogo terminó en ruptura. En un encuentro encabezado por el ministro del Interior, Enrique Riera, los líderes indígenas cuestionaron con firmeza la postura oficial y se retiraron de la mesa ante la falta de acuerdo. Para ellos, la clausura del INDI en Asunción es inaceptable porque significa perder el acceso directo a las instituciones del Estado.
Quiénes son y dónde están
En Paraguay viven 140.049 indígenas, organizados en 19 pueblos y cinco familias lingüísticas. Los más numerosos son los Mbya Guaraní (28.278), Ava Guaraní (22.705), Nivaclé (18.280) y Paĩ Tavyterã (15.705). En el otro extremo, los Tomárãho (213), Manjui (431) y Guaná (556) luchan por sobrevivir como pueblos en riesgo de desaparición.
La mayor concentración está en el Chaco, con 43% de la población indígena en Presidente Hayes y Boquerón, mientras que en la región Oriental destacan Canindeyú, Amambay y Caaguazú, con el 30% del total.
Datos que revelan desigualdad
El censo indígena muestra un panorama contundente:
El 88% vive en áreas rurales, muchas veces aisladas.
La escolaridad promedio es de apenas 4,6 años. Hay pueblos como los Guaraní Occidental que llegan a 8 años de estudio, pero otros como los Manjui apenas alcanzan 2.
La mitad se comunica en guaraní y la otra mitad en lenguas indígenas. Varias están en riesgo de desaparecer.
Casi dos tercios de las viviendas son ranchos. Solo una de cada cuatro tiene agua corriente y menos del 10% cuenta con baño moderno.
Y un dato que pasa inadvertido: 292 indígenas están presos en Paraguay, lo que equivale al 1,5% de la población carcelaria total. Una proporción mayor a su peso en la población nacional, que evidencia la falta de garantías judiciales.
Lo que reclaman en la marcha
La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivi) resume sus pedidos en cuatro puntos:
- Reapertura del INDI en Asunción.
- Presupuesto real para compra de tierras, con trámites paralizados por décadas.
- Fin a los desalojos forzosos y la criminalización.
- Mesa de diálogo vinculante, con capacidad de decisión real.
El lema es directo: “Nuestros derechos no se cierran. Nuestra dignidad no se traslada ni se archiva”.
Una marcha bajo vigilancia
La Policía Nacional declaró “alerta de seguridad 100%” desde el 21 de septiembre, en previsión de protestas simultáneas. El operativo refleja que, frente a los reclamos, el gobierno vuelve a priorizar el control policial sobre el diálogo político.
La marcha indígena de hoy no es solo contra el cierre de una oficina. Es la respuesta a un patrón histórico: intentos de invisibilización y exclusión institucional. Con 140 mil personas, 19 pueblos, más de una docena de lenguas y casi 300 indígenas en prisión, la movilización recuerda que la dignidad no se traslada ni se archiva.
