Más de cinco gobiernos y casi dos décadas después del acuerdo con PDVSA, Paraguay sigue sin resolver una deuda que hoy ronda los USD 300 millones (≈ Gs. 2,235 billones). El pasivo se originó en el esquema Petrocaribe de 2008 y se consolidó en 2009 con la compra de combustibles financiados. Desde entonces, ningún gobierno asumió el pago: todos optaron por congelar el conflicto, mientras los intereses siguieron corriendo.
El caso llegó a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, donde PDVSA presentó una demanda arbitral en 2016. El tribunal se declaró competente en 2018, pero en marzo de 2019 ordenó la suspensión del proceso tras la disputa por la representación legítima de Venezuela. Desde entonces, el arbitraje está en “stand by” y no hay laudo definitivo.
Paraguay reconoce unos USD 280–300 millones como capital adeudado, pero rechaza los intereses moratorios reclamados por Venezuela. Si prosperan esos reclamos, el total podría superar los USD 500 millones (≈ Gs. 3,725 billones), duplicando prácticamente el capital original.
Petrocaribe: el esquema detrás de la deuda
El programa Petrocaribe fue creado en 2005 por Venezuela para vender petróleo a países del Caribe y Centroamérica en condiciones preferenciales. Los Estados pagaban solo una parte al contado (40–60% de la factura) y el resto quedaba financiado a 15–25 años, con un interés muy bajo (1–2% anual) y 2 años de gracia antes de comenzar a amortizar capital.
En varios países se aceptaba incluso cancelar parte de la deuda con productos o servicios —arroz, medicamentos, azúcar— como forma de pago alternativo. El objetivo era aliviar la presión de la factura petrolera y al mismo tiempo fortalecer la influencia venezolana en la región.
Aunque Paraguay no fue miembro pleno de Petrocaribe, en 2008 firmó un acuerdo bilateral con PDVSA inspirado en ese modelo. Así, Petropar accedió a combustible con tasas blandas (2% anual, 15 años de plazo, 2 de gracia). El beneficio inicial de financiar importaciones se convirtió, con el incumplimiento de pagos, en una deuda que hoy supera los USD 300 millones, con riesgo de alcanzar los USD 500 millones si se computan intereses moratorios.
Riesgos financieros
El arbitraje en París representa el mayor riesgo para Paraguay: si se reanuda y prosperan los reclamos venezolanos, el monto total puede bordear los USD 500 millones, con un costo mínimo de USD 5–6 millones anuales en intereses sobre el capital reconocido. Esto coloca a Paraguay en la categoría de deudor renuente, con impacto negativo en su reputación crediticia internacional.
A nivel interno, Petropar mantiene el pasivo en sus balances, lo que limita su capacidad de inversión y modernización. Más allá de quién gobierne en Caracas, la conclusión es clara: la deuda existe, los intereses se acumulan y el caso permanece abierto.
