La disputa judicial por dos inmuebles ubicados en Costa Cañada, camino a Repatriación, se transformó con el paso de los años en un expediente cargado de cuestionamientos cruzados, acusaciones de irregularidades y una fuerte pelea sobre la verdadera ubicación y titularidad de las propiedades reclamadas. La demandante, Elena Margarita Harbering Martínez, residente en California, Estados Unidos, promovió en 2021 una acción de reivindicación de inmueble, compensación por explotación comercial e indemnización por daños contra la familia Mendieta-Giménez, reclamando además cifras millonarias. Sin embargo, la defensa sostiene que el proceso avanzó durante más de cuatro años con serias dudas sobre la representación legal, la validez de ciertos documentos y la identificación real de las fincas involucradas.
Un poder otorgado en California
El expediente se sostiene sobre un Poder General Jurisdiccional Administrativo otorgado el 30 de enero de 2021 ante el notario estadounidense Chris Salazar, en Fresno, California, posteriormente apostillado bajo la Convención de La Haya.
Construcción dentro del inmueble en disputa en Costa Cañada, objeto del juicio civil iniciado en 2021
La defensa sostiene que desde entonces no existe dentro del expediente ninguna actualización, ratificación ni nueva comparecencia personal de la demandante dentro del país. Los abogados de la familia demandada afirman que el juzgado permitió que el proceso continuara avanzando durante años sin revisar nuevamente la vigencia de la representación invocada.
Otro de los puntos cuestionados gira en torno al propio contenido documental del caso. La defensa sostiene que existen inconsistencias entre planos, dimensiones y ubicación física de las fincas reclamadas. En la contestación de demanda presentada en 2022 incluso se habla expresamente de presuntas “falsedades” en planos georreferenciados y documentos de ubicación incorporados a la causa.
Según los escritos judiciales, mientras algunos documentos históricos mencionan dimensiones y linderos específicos, ciertas pericias posteriores habrían utilizado medidas distintas. La discusión pasa especialmente por determinar si las fincas reclamadas corresponden realmente al lugar actualmente ocupado por la familia demandada.
La pelea por la ubicación real
Uno de los aspectos más delicados del expediente es la discusión sobre la ubicación material de los inmuebles.
La demanda original sostiene que las fincas reclamadas son colindantes y forman parte de un mismo sector en Costa Cañada. Sin embargo, la defensa afirma que entre ambas existirían otras propiedades pertenecientes a terceros y que los inmuebles descriptos dentro de la acción judicial no coincidirían con el terreno efectivamente ocupado por la familia Mendieta-Giménez.
En la contestación presentada ante el juzgado, los demandados sostienen que la acción reivindicatoria sería “improcedente” debido a supuestas inconsistencias entre títulos, planos y ubicación física de las parcelas.
Incluso mencionan que los inmuebles identificados como Finca N° 7819 con Padrón N° 7610 y Finca N° 10127 con Padrón N° 9685 no corresponderían a la ubicación señalada dentro de la demanda original.
La defensa también sostiene que la familia vive en el lugar desde hace aproximadamente 25 años, junto a hijos y nietos, y afirma contar con documentos, pagos de impuestos y títulos vinculados históricamente a otra finca individualizada como Finca N° 7385.
Una demanda que terminó en contrademanda
Con el avance del proceso, el expediente dejó de ser solamente una acción de desalojo o reivindicación de inmueble.
La familia demandada también promovió una reconvención por daños emergentes y daños morales contra Elena Margarita Harbering Martínez, reclamando indemnizaciones económicas por los perjuicios que —según sostienen— les ocasionó el litigio judicial.
En los escritos incorporados al expediente, los abogados hablan de “acusaciones falsas”, afectación emocional, desgaste familiar y perjuicios económicos derivados de los años de proceso judicial.
La reconvención incluso menciona daños psicológicos, afectación reputacional y gastos generados por la necesidad de sostener la defensa judicial durante estos años.
Mientras tanto, el expediente continúa abierto en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral del 3° Turno de Caaguazú, sin resolución definitiva sobre el fondo de la disputa.
La defensa analiza promover nuevos incidentes de nulidad y otras acciones judiciales relacionadas con la personería, la autenticidad documental y la ubicación de las fincas reclamadas.
